UNA FUNCIÓN PÚBLICA A MERCED DEL CAPRICHO POLÍTICO.

Nuevos ceses de funcionarios situados en puestos de responsabilidad administrativa, como el anunciado ayer en la dirección del Instituto Aragonés de Estadística, constituyen un ejemplo de la deriva que viene padeciendo la Administración autonómica en el transcurso de la presente legislatura. No solo no hay impulso en muchas áreas de la gestión pública ni se marcan objetivos hacia los que avanzar, sino que en muchos casos ni siquiera existe continuidad posible en la actividad de institutos u órganos administrativos de especial relevancia –citamos el Instituto Aragonés de Estadística, pero cabría referirse igualmente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con su Secretaría General nuevamente vacante, o los relevos en el Servicio de Administración Electrónica o en Servicios y Direcciones Provinciales de distintos Departamentos y Organismos-, resultando imposible consolidar líneas de trabajo y equipos profesionales mínimamente comprometidos con la tarea propia que tienen asignada.

Los ceses que se vienen produciendo en el seno de la Administración autonómica, y que curiosamente en muchos casos recaen sobre funcionarios que han accedido a sus puestos al comienzo de la presente legislatura, afectan fundamentalmente a funcionarios de dilatada y acreditada trayectoria, de manera que su remoción trasciende con mucho la simple medida de provisión de un concreto puesto de trabajo, para simbolizar la vulnerabilidad máxima a que se hayan expuestos todos los funcionarios que acceden a responsabilidades administrativas mediante libre designación. Nunca antes se habían producido los ceses de funcionarios de forma tan poco respetuosa hacia la profesionalidad de los afectados. En algunos casos, con el agravante de señalarse que se busca o prefiere “una opción más técnica”, como si entre los funcionarios hubiera una escala reconocible de “condición técnica”. Esa solución pretendidamente técnica suele luego concretarse en una afinidad política especial con alguno de los partidos de la coalición de gobierno.

La credibilidad de este Gobierno entre los funcionarios se encuentra bajo mínimos. El desencuentro y la distancia entre el nivel político y la estructura profesional no había alcanzado nunca cotas como las actuales. No se ha transmitido –porque no se ha sabido o no se ha querido- confianza en la función pública ni se ha mostrado el menor respeto por el trabajo profesional de personas comprometidas con el servicio público en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y en tantos otros sectores de la actividad pública. La política de nombramientos en muchos puestos de dirección ha sido arbitraria y abiertamente contraria a los principios de mérito y capacidad. El ejemplo de los contratos de alta dirección en centros dependientes del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia es concluyente en tal sentido.

Ante la realidad cada día más desalentadora que se vive en la Administración, no es posible refugiarse en la indiferencia o en la estéril diatriba contra quienes nos dirigen. Es necesario reaccionar y tomar partido por el servicio público, y por la dignidad de la actividad profesional que corresponde ejercer a cada uno en su propio ámbito de trabajo. En el presente de cada día está dibujándose el futuro que nos aguarda y que también nosotros, con nuestra actitud, contribuimos a configurar. Debemos evitar que las cosas lleguen a un punto irreversible, de no retorno. Hay que poner freno a la arbitrariedad de la que viene haciendo gala el actual Gobierno de Aragón en la dirección y gestión de la Administración autonómica. Hay que contraponer a dicha arbitrariedad los valores de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública. Sin esperar a que ello se produzca por un futuro cambio de gobierno, pues la experiencia nos enseña que no basta dicho cambio para modificar el rumbo preocupante que han tomado los servicios públicos y el permanente deterioro que experimenta la función pública encargada de asegurar su buen funcionamiento.

En poco se tendría a sí misma la función pública aragonesa si no es capaz de reaccionar ante esta imparable pendiente de degradación en la que nos hallamos y de la que no quieren darse por enterados los miembros del actual Gobierno de Aragón ni los altos cargos que ejecutan sus caprichos.