La
publicación ayer de gran parte de las relaciones de puestos de trabajo de los
Departamentos y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma
–práctica que debemos saludar como ejercicio de legalidad y transparencia-
permite constatar con un simple repaso de las mismas el uso y abuso de la libre
designación como forma de provisión, extendido a todos los puestos de jefatura
de servicio y otros muchos puestos cuyo contenido y naturaleza no pueden
justificar dicha fórmula discrecional de cobertura. Particularmente
injustificado es el supuesto de la relación de puestos de trabajo de la Presidencia, donde al
parecer la proximidad al poder político hace que todos los puestos –absolutamente
todos, incluidos jefes de negociado y puestos no singularizados- se configuren
como de libre designación, demostrando que poder político y profesionalidad
resultan difícilmente compatibles.
La
arbitrariedad de la que ha hecho uso este Gobierno en la provisión de puestos
de trabajo –con la rancia fórmula de ocupación de los puestos públicos por “los
nuestros”, en un ejercicio de sectarismo político que nada tiene que ver con
una Administración profesionalizada- y el desdén con que ha tratado a un amplio
grupo de funcionarios por considerarlos poco proclives a las consignas políticas
del nuevo equipo de gobierno, en un claro desconocimiento de lo que es y debe
ser una función pública comprometida con la legalidad, hace de la libre
designación la clave del proceso de desprofesionalización que vivimos en la
actual legislatura. Nada impide prescindir de funcionarios cualificados y
suplirlos por otros inexpertos, cuya docilidad los hace particularmente idóneos
para llevar adelante cualquier instrucción política que se les imparta.
El
uso de la libre designación ha permitido incorporar a la Administración
autonómica funcionarios de otras Administraciones Públicas –como la estatal y
local-, cuando se ha querido, respondiendo en muchos casos a meras presiones
políticas de partido para resolver situaciones personales, instrumentalizando la Administración para
atender intereses privados y políticos, lo que supone una clara desviación de
poder y una muestra más del escaso respeto que merecen los profesionales de la Administración
autonómica a los actuales responsables políticos.
La
libre designación debilita el papel que corresponde ejercer a los funcionarios
públicos en la aplicación de las leyes y en la garantía de la objetividad de la
gestión pública y quebranta de forma evidente el pretendido modelo de mérito y
capacidad que propugnan la
Constitución y las Leyes. En otras Comunidades Autónomas la
utilización abusiva de la libre designación ha merecido severos reproches por
parte de los Tribunales, pero nada de ello ha sido tenido en cuenta por el
Gobierno de Aragón y los responsables de la Función Pública, carentes de la
menor voluntad de poner freno a la arbitrariedad que hoy sufrimos. Los altos
cargos reclutados entre funcionarios han dejado de sentirse profesionales –si alguna
vez lo fueron- para pasar a considerarse una mera pieza al servicio del equipo
de Gobierno, encontrando en la libre designación el medio para colocar al
frente de los puestos de responsabilidad administrativa a aquellas personas que
menos problemas les puedan ocasionar en sus relaciones de sometimiento al poder
político.
Una
función pública instrumental e instrumentalizada, como la que se configura con
la libre designación, es la antítesis de la función pública que necesita
nuestro país para salir de la actual atonía y degradación institucional y
recuperar el impulso ético de los principios y valores constitucionales.
Debemos
comenzar a combatir el actual uso y abuso de la libre designación –la arbitraria
adopción de nombramientos y ceses y la ocupación partidista de los puestos de
la estructura administrativa- como elemento esencial de un programa de
profesionalización del que, lamentablemente, este Gobierno presidido por Luisa
Fernanda Rudi parece carecer.
6 comentarios:
Pues pongámonos a ello sin demora.
Sentencia reciente sobre la libre designación en la Diputación Provincial de Zaragoza:
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1502597
Arbitrariedad y Admon Pca de Aragón son sinónimos. Y la Sra Rudi volverá a pedir mi voto para potenciar estos cortijos. Sra Rudi, no repetiré errores.
Hay que exigir que las vacantes que se vayan produciendo (básicamente por jubilaciones)se saquen inmediatamente a concurso. No puede ser que mucho antes de una jubilación esa plaza ya esté adjudicada, produciendose un corrimiento hacia arriba de adjudicaciones provisionalmente definitivas, cebando así ese clan de amiguetes agradecidos.
Joan Baez es la autora de una de las citas más rotundas sobre la corrupción, que debería grabarse en el frontispicio de los organismos públicas, pero igualmente de las empresas privadas. Es aquella que dice: "Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella". No es la estrofa de una canción, sino una frase sin banda sonora. No corresponde a sus mítines contra la guerra de Vietnam, sino a sus campañas por los derechos humanos.
Te da lo mismo que esté un partido político como otro. Todos iguales. Cambian los Directores Gerentes, pero los usos siguen siendo los mismo. Concretamente en una Entidad de Derecho Público, no paro de ver como amortizan plazas de funcionarios y las pasan a personal propio de la Entidad. El objetivo sin duda es colocar a personal a dedo, consecuentemente personal agradecido y manso. Un placer ser Director de un monton de trabajadores, NO FUNCIONARIOS, agradecidos.
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