GENERALIZAR LA LEGALIDAD O EL INCUMPLIMIENTO: ¿CABE CONSIDERAR TAL OPCIÓN?

El proceso de ejecución de las sentencias en materia de oferta de empleo público ha generado un extraño debate en el ámbito docente, sobre la inoportunidad de realizar procesos selectivos en Aragón durante 2014 si no se realizan procesos similares en otras Comunidades Autónomas, pues ello actuaría, según algunos de los afectados, como “efecto llamada” a posibles candidatos de otras Comunidades Autónomas, elevando el nivel de exigencia de los procesos selectivos y, consecuentemente, perjudicando las expectativas de los candidatos aragoneses.

Es triste contemplar la pobreza del debate planteado. Este da idea no solo del grado de incumplimiento de la legalidad al que han llegado los responsables de función pública de las diferentes Administraciones Públicas –donde se permiten celebrar o no procesos selectivos al margen de lo que marcan las leyes-, sino del conformismo y de la falta de coherencia de buena parte de los sindicatos de la función pública docente, incapaces, al parecer, de reclamar procesos selectivos en todas las Comunidades Autónomas, dando con ello cumplimiento a lo previsto en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en las leyes de función pública de las distintas Comunidades Autónomas.

Pese a nuestra actual campaña contra las tasas de reposición de efectivos en la función pública, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 (LPGE) admite la aprobación de oferta de empleo público en el ámbito de la Administración educativa para cubrir el 10% de las bajas producidas en el ejercicio anterior. Esta circunstancia, por lo tanto, debiera obligar a todas las Comunidades Autónomas a aprobar Oferta de Empleo Público para el ámbito de educación, para la selección de personal docente no universitario, como mínimo en el porcentaje señalado por la LPGE. Otras cosa es que desde esta Asociación entendamos que las tasas de reposición no pueden jugar como límite para la obligada convocatoria de todas las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público y señaló el Tribunal Supremo en la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón.

Las plazas de personal docente a convocar en el presente ejercicio debieran ser no solo las correspondientes a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011 -obligando a aprobar una Oferta complementaria con las plazas indebidamente omitidas, cuya cuantificación se ha efectuado por el Decreto-ley 1/2014 aprobado por el Gobierno de Aragón el pasado mes de enero-, sino que debiera incluir las propias de la Oferta de Empleo Público de 2014, acumulando ambas ofertas en procesos selectivos conjuntos. Estamos convencidos, sin embargo, de que el Gobierno de Aragón incumplirá la obligación de aprobar Oferta de Empleo Público para 2014, con el pretexto de las Ofertas complementarias de 2007 y 2011, para cuya ejecución se ha otorgado un plazo de tres años.

Frente a las reticencias que generan para sindicatos y algunos interinos las posibles convocatorias a realizar para personal docente en nuestra Comunidad Autónoma, creyendo que la igualdad debe asegurarse mediante la negación del derecho para todos en lugar de a través de la exigencia del respeto a la ley por todos los responsables públicos, esta Asociación va a dirigirse a los responsables políticos del Departamento de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, para exigir el respeto a la legalidad en materia de acceso a la función pública y reclamar la aprobación de Oferta de Empleo Público para 2014 –en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014-, a modo de “llamada” general a la legalidad, como reivindicación del respeto necesario al ejercicio del derecho de acceso a la función pública docente conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Por lo tanto, Oferta Pública de Empleo en Aragón y en el resto de España, de manera que las sentencias que han condenado al Gobierno de Aragón sirvan de recordatorio a todas las Comunidades Autónomas de su obligación de garantizar el derecho de acceso a la función pública, tanto docente como no docente. Con esta iniciativa esta Asociación no se contenta con que se cumplan las sentencias por el Gobierno de Aragón, tratando de extender las consecuencias que han de derivarse de ellas al resto de las Comunidades Autónomas, comenzando a reclamar su aplicación en la ámbito de la función pública docente. Ha de generalizarse el respeto a la legalidad y no el incumplimiento de la Ley  y de los fallos judiciales, como parecen reclamar algunos.