CORREGIR LAS TASAS DE INTERINIDAD COMO OBJETIVO IMPRESCINDIBLE.

La institución del Justicia de Aragón hizo público, en diciembre de 2012, un detallado estudio titulado “El empleo público en la Administración autonómica aragonesa”, cuya primera conclusión, como carencia detectada, se refería a las tasas de interinidad existentes en la Administración autonómica, en los términos siguientes: “En primer lugar, y tal y como se ha ido detallando, se constata un elevado nivel de temporalidad (por número de interinos y personal laboral contratado con carácter temporal) entre el personal de la Administración autonómica: 22% en el ámbito sectorial de la Administración general, 13% en Justicia, 23% en Sanidad, y 27% en Educación (durante el curso 2011/2012)”.

Dicho documento, además de registrar las carencias detectadas en el modelo de función pública de la Administración autonómica aragonesa, incorporaba una serie de propuestas con medidas a adoptar, entre las cuales se incluía la correspondiente a asegurar el derecho de acceso a la función pública, del siguiente modo: “Por último, y en cuanto al elevado nivel de temporalidad en la Administración autonómica, tal y como se ha señalado las medidas a adoptar se ven condicionadas por la “congelación” de las ofertas de empleo público acordada por el Estado. En cualquier caso, es fundamental compatibilizar las posibles medidas de contención del gasto público que sea necesario acometer con una cobertura suficiente de la plantilla necesaria para una adecuada prestación de los servicios públicos, y con una política de personal que tienda a solucionar la problemática que se deriva de la tasa de interinidad. Ello a través del desarrollo de los procesos de selección que garanticen el derecho al acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este sentido, consideramos necesario manifestar nuestra preocupación por el grado en que la situación económica puede afectar a la prestación de los servicios públicos, particularmente sanidad y educación. Por ello, instamos a la Administración a que adopte todas las medidas a su alcance para garantizar la máxima eficiencia de dichos servicios a un coste asumible, priorizando lo necesario y lo urgente”.

Unas tasas de interinidad que alcanzan a una cuarta parte de la plantilla de una Administración, de acuerdo con los datos del Justicia de Aragón, con una distribución desigual en los diferentes ámbitos o unidades, constituyen un problema de primera magnitud en la ordenación de una organización en la que, como ocurre con la Administración Pública, el régimen estatutario aplicable a su personal requiere la fijeza de dicho personal y el acceso en condiciones de igualdad, conforme a criterios de mérito y capacidad.

Las tasas de interinidad no son solo una anomalía en el funcionamiento de la Administración, al debilitar la profesionalidad y el compromiso con la legalidad e imparcialidad que se requiere del servidor público, cuya expresa garantía está en el derecho a la inamovilidad, sino que, sobre todo, son la evidencia clara del incumplimiento por parte de los Gobiernos del régimen de selección del personal público, a través del cual se concreta el ejercicio de un derecho constitucional reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Ello reviste, por lo tanto un doble motivo de preocupación: no es aceptable, en un Estado de Derecho, que los Gobiernos ignoren los derechos fundamentales de los ciudadanos –ninguno de ellos, pues no hay jerarquía posible entre los derechos fundamentales, de modo que todos vinculan de igual manera a los poderes públicos-; y, segundo, no es posible que la Administración vea mermada su capacidad de asegurar el cumplimiento de la ley y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, evitando abusos, discriminaciones y arbitrariedades. Puede ser que ninguna Administración esté en condiciones de asegurar una gestión plenamente ajustada a la legalidad, pero mucho menos lo estará aquella que cuente con un importante número de empleados públicos en condiciones de precariedad laboral, dejando con ello de actuar como eficaz mecanismo de prevención del abuso y de la corrupción, del uso indebido de las potestades y de los recursos públicos.

Contener el gasto público es un objetivo común, para adecuarlo a los recursos disponibles y no lastrar la recuperación económica del país. Pero ello no puede ser excusa ni coartada para suspender el derecho fundamental  de acceso a la función pública de los ciudadanos, constitucionalmente reconocido y constitucionalmente garantizado. Es lógico que cuando no se respeta un derecho, se exija su garantía, como ha venido haciendo esta Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y ante el Tribunal Supremo, y como pretende hacerlo al cuestionar ante el Tribunal Constitucional la legitimidad de las tasas de reposición de efectivos como límite a la oferta de empleo público de las diferentes Administraciones Públicas.

La responsabilidad de los Gobiernos debiera hacer innecesario el recurso a los Tribunales para garantizar el respeto de un derecho fundamental. Los Gobiernos han de empezar a ser conscientes de que no se puede actuar sin tener en cuenta el debido respeto a los derechos de los ciudadanos, en toda su amplia formulación, desde el artículo 14 al 29 de la Constitución Española. Entre ellos, figura el de acceso a la función pública, y por ello hay que reclamar de los Gobiernos medidas efectivas para reducir la interinidad, en un plazo breve, a las tasas que puedan resultar admisibles, para atender necesidades que no son permanentes o estructurales de la Administración. Si dicho Plan no se confecciona, y se sigue ignorando el deber de respetar el derecho, no quedará otra opción que reclamar su protección judicial y reclamar la sanción oportuna a quienes han vulnerado el derecho de los ciudadanos.