SIN NOTICIAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

A mediados del mes de febrero, esta Asociación dirigió escritos de petición, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, tanto a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, para solicitar que por parte del Gobierno de España se impulse, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, un programa de medidas eficaces para prevenir y combatir la corrupción pública y privada existente en nuestro país y, en particular, se diseñe un sistema a través del cual los servidores públicos de las diferentes Administraciones e instituciones puedan canalizar denuncias frente a cualquier acto o supuesto de corrupción que pudieran detectar o conocer en el ejercicio de sus funciones.

A juicio de esta Asociación, las instituciones han de dar plena garantía a los ciudadanos de su firme compromiso contra la corrupción y para ello convertir al conjunto de los servidores públicos en agentes vigilantes de la legalidad y de la ética pública a la que debe someterse la actividad de las instituciones y el comportamiento de todos los responsables y agentes públicos.

Esta Asociación, hasta la fecha, no ha recibido acuse de recibo de las citadas peticiones por parte de ninguno de los citados responsables institucionales, lo que supone un incumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición: “La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad.”

Dado que las instituciones disponen de un plazo de cuarenta y cinco días para pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la petición formulada, transcurrido el cual, sin declararse dicha inadmisibilidad, las peticiones han de entenderse admitidas, procediendo la respuesta motivada a la misma, esta Asociación va a dirigirse nuevamente a la Vicepresidenta del Gobierno de la Nación para recordarle la petición formulada y la obligación de darle la tramitación prevista en la Ley Orgánica 4/2001, lo que incluye su obligada respuesta., en los términos previstos en su artículo 11: “Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.”

Esperamos no solo que la contestación se produzca en el plazo legalmente previsto –tres meses desde la fecha de presentación de la petición-, sino en los términos que la Ley dispone: “La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación” (Artículo 11.3).

La campaña de esta Asociación ante las instituciones españolas y europeas por el desarrollo de las medidas previstas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 no ha hecho más que empezar. Estos escritos son un mero anticipo del futuro despliegue de iniciativas, de manera que tanto las instituciones españolas como las europeas habrán de explicar claramente a los ciudadanos su nivel de compromiso en la aplicación de las medidas contenidas en la citada Convención de Naciones Unidas. Estamos convencidos de que, en esta materia, el mejor aliado que han de buscar los ciudadanos es la sociedad internacional, dado el carácter global que muestra el fenómeno de la corrupción, aunque debamos dar pasos concretos a nivel nacional, autonómico y local, debiendo dirigir nuestra presión hacia las autoridades de dichos niveles de gobierno.