NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ALERTAS ÉTICAS.

Una funcionaria del Gobierno balear, que declaró como testigo ante la policía hace tres años en una de las investigaciones sobre corrupción producidas en la etapa de gobierno de Jaume Matas, ha sido degradada profesionalmente, declarando ante la Fiscalía Anticorrupción que dicho cambio de puesto lo considera una represalia, de acuerdo con la información publicada ayer por el diario “El País”. ¿Es, verdaderamente, una represalia diferida? ¿Quién debe probarlo? ¿Interesa desincentivar la reacción de los funcionarios frente a la corrupción pública?

La empleada comentó, en su día, a su superior —el consejero Juan José Cardona— sus dudas sobre el funcionamiento del Consorcio de Desarrollo Económico, donde se activó la supuesta trama para desviar hasta 8,2 millones de euros. La asociación ilícita, para el fiscal, estaba encabezada por el consejero Cardona, el director general Kurt Viaene y la gerente del organismo, Antonia Ordinas. El exconsejero, a quien la empleada alertó sobre los aparentes excesos, le dijo que no se preocupara.

Esta breve noticia, que puede pasar inadvertida a la mayor parte de los lectores, pone de manifiesto una de las carencias más significativas de los mecanismos españoles para la prevención y protección de la corrupción pública, como es la posibilidad de los funcionarios de poner en conocimiento de órganos especializados, a través de procedimientos seguros y fiables, sospechas sobre casos de corrupción que puedan conocer en el desempeño de su puesto de trabajo, contando a partir de dicha comunicación con un sistema de garantías que evite represalias futuras en su carrera profesional. Es lo que se conoce, en los países anglosajones, como whistleblowing (tocar el silbato), algo que podríamos traducir como sistema de alertas éticas.

De conformidad con lo previsto por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, los Estados han de promover mecanismos de alerta ética que permitan a los funcionarios canalizar denuncias sobre casos de corrupción que puedan detectar en su entorno. Según el artículo 8.4 de la Convención: “Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones”

Es llamativo que pese al enorme número de artículos y propuestas que se han formulado en todo tipo de medios, a la hora de debatir cómo combatir la corrupción, nadie haya aludido a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ni, por supuesto, al sistema del whistleblowing, por el que se hace de los funcionarios públicos agentes activos en la prevención y lucha contra la corrupción, evitando así que muchos abusos se consumen o que la mayoría de los fraudes puedan quedar ocultos o prescritos por el paso del tiempo. Creemos que el fortalecimiento efectivo del Estado de Derecho y la piedra de toque real para que las fuerzas políticas dejen patente su voluntad de erradicar la corrupción pasa por establecer un sistema de alertas éticas en las Administraciones Públicas.

El pasado mes de febrero esta Asociación se dirigió, solicitando el impulso de dichas medidas, a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, en ejercicio del derecho fundamental de petición, lo que obliga a las autoridades públicas a dar una respuesta motivada.  Hasta la fecha, sin embargo, no se ha obtenido respuesta ni siquiera acuse de recibo de las peticiones, lo que en modo alguno hará desistir a esta Asociación de su demanda.