El
Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja planteada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en
relación con el desarrollo del proceso selectivo desarrollado por el Gobierno
de Aragón para acceso al Cuerpo Ejecutivo de la Administración,
Escala General Administrativa, Administrativos, al entender que los hechos
señalados se ajustan a lo previsto en la
Ley reguladora del Justicia de Aragón, y ha procedido a
solicitar al Departamento de Hacienda y Administración Pública un informe sobre
la cuestión planteada.
Próximos
a cumplirse los tres años de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de
2010, las pruebas selectivas correspondientes a las 30 plazas de la Escala General
Administrativa (Administrativos) incluidas en ella no han concluido, a pesar de
los plazos marcados en la Ley
de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Además, su segundo ejercicio, el supuesto práctico realizado meses
atrás, no respetó el principio de igualdad exigible en su desarrollo, ya que el
caso planteado por el Tribunal de selección a los candidatos era
sustancialmente coincidente con el planteado y resuelto en fechas previas a la
realización del ejercicio en dos academias o centros de preparación de
opositores.
Como
ya se informó recientemente en este blog, esta Asociación, a petición de un
grupo de afectados por el irregular desarrollo del citado proceso selectivo,
solicitó a la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, como centro directivo responsable del régimen de
selección de personal, que investigase lo sucedido, para poder constatar si el
supuesto planteado rompía la neutralidad de la prueba, al favorecer a un
determinado grupo de opositores, con menoscabo del principio de igualdad, y
determine la posible responsabilidad en la que, por tal hecho, hayan podido
incurrir los miembros del Tribunal, procediendo a la anulación del ejercicio y
a su repetición, en garantía del derecho de acceso a la función pública en
condiciones de igualdad que reconocen las leyes y garantiza la Constitución.
Al
mismo tiempo, la Asociación
formuló un escrito de queja ante el Justicia de Aragón, pidiendo una
investigación sobre el desarrollo de tales pruebas, en cuanto al irregular
desarrollo de sus pruebas –por lo sucedido en el segundo ejercicio del proceso-
y al grave incumplimiento de los plazos legales previstos para el desarrollo del
proceso selectivo en que han incurrido las pruebas de acceso a Administrativos,
autorizadas por la Oferta
de Empleo Público de 2010.
Valoramos
muy positivamente la decisión del Justicia de Aragón de iniciar una investigación
sobre lo sucedido en el proceso selectivo de Administrativos, pues la
deficiente actuación del Tribunal de selección y del Instituto Aragonés de
Administración Pública en este proceso justifica sobradamente la intervención
de dicha Institución de control y de protección de los derechos de los
ciudadanos.
Esta
Asociación tiene como objetivo prioritario la garantía del derecho de acceso de
los ciudadanos a la función pública, y esa garantía pasa tanto por la aprobación
de Ofertas anuales de empleo público, incluyendo la totalidad de las plazas que
exige la Ley –tal
y como ha sido señalado por sentencia del Tribunal Supremo-, como por el desarrollo de
procesos selectivos respetuosos de los principios de mérito, capacidad e
igualdad. Resultaría particularmente grave que el Gobierno de Aragón no sólo no
garantizase la aprobación de Ofertas conforme al ordenamiento jurídico –del cual
forma parte la Constitución
Española-, sino que, además, no fuese tampoco capaz de
celebrar unos procesos selectivos con plena garantía de los derechos de todos
los candidatos.
Por
ello, esta Asociación no pudo inhibirse ante el caso de la oposición de
Administrativos de la Oferta
de Empleo Público de 2010, y creyó oportuno no sólo instar una investigación
por parte de la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, sino también solicitar la supervisión de lo
sucedido por parte del Justicia de Aragón, como institución garante del derecho
a una buena administración.
2 comentarios:
A ver si en el IAAP toman nota.
Muchísimas gracias a Julio Guiral y a Félix Gracia por no mirar hacia otro lado e involucrarse en este tema, más aún después de la desestimación del recurso de alzada por parte del DG de la Función Pública y calidad de los Servicios. Ánimo para seguir desarrollando vuestra importantísima labor en la Asociación.
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