EL JUSTICIA DE ARAGÓN INVESTIGARÁ LAS OPOSICIONES DE ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja planteada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en relación con el desarrollo del proceso selectivo desarrollado por el Gobierno de Aragón para acceso al Cuerpo Ejecutivo de la Administración, Escala General Administrativa, Administrativos, al entender que los hechos señalados se ajustan a lo previsto en la Ley reguladora del Justicia de Aragón, y ha procedido a solicitar al Departamento de Hacienda y Administración Pública un informe sobre la cuestión planteada.

Próximos a cumplirse los tres años de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2010, las pruebas selectivas correspondientes a las 30 plazas de la Escala General Administrativa (Administrativos) incluidas en ella no han concluido, a pesar de los plazos marcados en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, su segundo ejercicio, el supuesto práctico realizado meses atrás, no respetó el principio de igualdad exigible en su desarrollo, ya que el caso planteado por el Tribunal de selección a los candidatos era sustancialmente coincidente con el planteado y resuelto en fechas previas a la realización del ejercicio en dos academias o centros de preparación de opositores.

Como ya se informó recientemente en este blog, esta Asociación, a petición de un grupo de afectados por el irregular desarrollo del citado proceso selectivo, solicitó a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, como centro directivo responsable del régimen de selección de personal, que investigase lo sucedido, para poder constatar si el supuesto planteado rompía la neutralidad de la prueba, al favorecer a un determinado grupo de opositores, con menoscabo del principio de igualdad, y determine la posible responsabilidad en la que, por tal hecho, hayan podido incurrir los miembros del Tribunal, procediendo a la anulación del ejercicio y a su repetición, en garantía del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad que reconocen las leyes y garantiza la Constitución.

Al mismo tiempo, la Asociación formuló un escrito de queja ante el Justicia de Aragón, pidiendo una investigación sobre el desarrollo de tales pruebas, en cuanto al irregular desarrollo de sus pruebas –por lo sucedido en el segundo ejercicio del proceso- y al grave incumplimiento de los plazos legales previstos para el desarrollo del proceso selectivo en que han incurrido las pruebas de acceso a Administrativos, autorizadas por la Oferta de Empleo Público de 2010.

Valoramos muy positivamente la decisión del Justicia de Aragón de iniciar una investigación sobre lo sucedido en el proceso selectivo de Administrativos, pues la deficiente actuación del Tribunal de selección y del Instituto Aragonés de Administración Pública en este proceso justifica sobradamente la intervención de dicha Institución de control y de protección de los derechos de los ciudadanos.

Esta Asociación tiene como objetivo prioritario la garantía del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, y esa garantía pasa tanto por la aprobación de Ofertas anuales de empleo público, incluyendo la totalidad de las plazas que exige la Ley –tal y como ha sido señalado por sentencia del Tribunal Supremo-, como por el desarrollo de procesos selectivos respetuosos de los principios de mérito, capacidad e igualdad. Resultaría particularmente grave que el Gobierno de Aragón no sólo no garantizase la aprobación de Ofertas conforme al ordenamiento jurídico –del cual forma parte la Constitución Española-, sino que, además, no fuese tampoco capaz de celebrar unos procesos selectivos con plena garantía de los derechos de todos los candidatos.

Por ello, esta Asociación no pudo inhibirse ante el caso de la oposición de Administrativos de la Oferta de Empleo Público de 2010, y creyó oportuno no sólo instar una investigación por parte de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, sino también solicitar la supervisión de lo sucedido por parte del Justicia de Aragón, como institución garante del derecho a una buena administración.