Frente
a quienes consideran que nada es posible hacer para mejorar el estado de la Administración y de
la función pública, tratando así de justificar su propia pasividad, esta
Asociación ha estado siempre convencida de que ningún esfuerzo que se haga para
cambiar el rumbo de las cosas resulta inútil o baldío. La realidad que vivimos
es resultado de un gran número de tensiones, voluntades o procesos, en los que
la intervención de los ciudadanos puede ser más determinante de lo que creemos.
Este convencimiento es, precisamente, el que alienta la actuación de todas las
organizaciones de la sociedad civil. En el campo de los derechos humanos o en
el del medio ambiente, pero también en el campo de la mejora institucional, de
la calidad democrática y de la lucha global contra la corrupción pública y
privada.
Tampoco
creemos, ni mucho menos, en la maldad intrínseca de las instituciones. Por el
contrario, estamos convencidos de que el papel de las instituciones públicas –parlamento,
gobierno y tribunales, y todas las demás de las que se han dotado los sistemas
democráticos- es el de contribuir al bienestar de los ciudadanos y a la
realización de sus derechos. No hay ninguna institución democrática perversa
contra la que haya que luchar. Precisamente, la tensión que la ciudadanía tiene
que alentar dentro del sistema democrático es reclamar a las instituciones el
cumplimiento de sus funciones, sin tolerar desviaciones en sus fines ni
contribuir, por acción u omisión, a su degradación o deslegitimación. La ética
democrática no sólo demanda comportamientos acordes de los titulares de las
instituciones, sino también del conjunto de los ciudadanos. Esa tensión ética y
política entre ciudadanía e instituciones es la mejor garantía de calidad
democrática.
Ahora
bien, tampoco podemos aspirar a que las instituciones suplan el vacío de la
sociedad civil. Los lazos de convivencia y cohesión entre los ciudadanos, los
valores de tolerancia y solidaridad que han de alimentarse en todos los ámbitos
de la sociedad –en las familias, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en
los pueblos y en los barrios de las ciudades, en las asociaciones de todo tipo-
constituyen la principal fortaleza de una sociedad. No es posible desentenderse
de la suerte de los demás ni inhibirse en la búsqueda de soluciones a los
problemas colectivos. Hace falta una dosis de sacrificio personal para hacer
posible estrategias comunes, políticas públicas que busquen el bienestar de
todos y eviten las desigualdades sociales y la exclusión de los sectores más
vulnerables de la sociedad.
Esta
Asociación se considera parte de la sociedad civil, y no solo de la aragonesa,
sino también española y europea, y aspira al diálogo y la colaboración con las
demás organizaciones de la sociedad civil deseosas de avanzar en objetivos de
buen gobierno y de calidad democrática, Por ello, nos sumamos a la Coalición Pro Acceso para
demandar la aprobación en España de una Ley de Transparencia. Pero también esta
Asociación, por sus convicciones democráticas, respeta el papel que corresponde
a las instituciones en la vida pública. Los Parlamentos y los Gobiernos, aunque
puedan defraudarnos, no nos son ajenos. Son nuestros Parlamentos y nuestros Gobiernos,
son nuestros instrumentos de autogobierno democrático. Nos esforzaremos para
que su actividad se ajuste en la mayor medida posible a los mejores estándares
de funcionamiento, respetando la legalidad y actuando conforme a criterios de
ejemplaridad pública, garantizando la vigencia de los principios constitucionales.
Creemos,
en fin, que una sociedad civil activa y cada vez más consciente de los
problemas de funcionamiento de sus instituciones es un poderoso factor de
mejora democrática. Aspiramos a sumar nuestro esfuerzo al de tantas
organizaciones que, a todos los niveles, trabajan por la mejora de nuestra
sociedad democrática, para que sea cada día más sociedad y más democrática. Pero
sin prescindir de nuestras instituciones públicas, cuyo cambio consideramos, no
obstante, imprescindible. Para que cumplan su verdadero papel social.
A ver si es verdad.
ResponderEliminarAl menos se mueve este blog, que no es poco.
ResponderEliminarlunes, 08 de abril de 2013 a las 11:27.- El Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón ha culminado la primera fase de convocatorias cuya finalidad es poner término a la situación de provisionalidad en la que se han venido desempeñando desde hace años los puestos de carácter singularizado (jefaturas o puestos equivalentes) correspondientes a funcionarios de carrera en la Administración de la Comunidad Autónoma
ResponderEliminarEn esta primera fase se han convocado 10 concursos de méritos, con 509 plazas a cubrir, en los grupos A y B. Una vez convocados estos concursos, “la intención es resolverlos rápidamente, en torno al verano, porque en caso contrario se generaría una cierta incertidumbre entre los funcionarios”, indicó el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz.
¿Cuando va a revolver?. Ese verano de qué año será?. La convocatoria de noviembre, que se debía resolver en 3 meses ahí sigue pendiente. ¡Qué mas da! Si resuelven, lo harán cuando le pase por allí
ResponderEliminarCiertamente, los esfuerzos de la Asociación no serán baldíos.
ResponderEliminarHay que seguir remando.