UNA ASAMBLEA DECISIVA.

Mañana por la tarde se desarrollará la VII Asamblea General de la Asociación, destinada a establecer las acciones prioritarias a desarrollar durante los próximos doce meses –el periodo comprendido entre la celebración de dos asambleas anuales de la asociación, que tienen lugar en el primer trimestre de cada año- y a resolver la situación de vacante del puesto de Presidente –además de otros puestos de la Junta Directiva-, resultante de la asamblea ordinaria celebrada el pasado 19 de marzo.

A lo largo de estos días, la mayor parte de los miembros de la Junta Directiva han ido seleccionando aquellas medidas que, a su juicio, debe acometer de manera preferente la Asociación en el ámbito de la función pública, pero también en el de la ordenación de la Administración Pública y, en sentido más amplio, en el conjunto de las instituciones públicas. Las respectivas propuestas serán objeto de debate en la reunión de mañana para seleccionar, de mutuo acuerdo, aquellas en las que haya amplia coincidencia.

No es posible hoy buscar una solución a los problemas de la función pública sin abordar el marco general de las instituciones públicas. Buen gobierno y buena administración son ámbitos claramente comunicados, que se condicionan mutuamente, y dichos ámbitos son los que se combinan en el conjunto de medidas que se propone impulsar esta Asociación.

Creemos que durante estas últimas semanas, en el seno de la Asociación, se ha producido un proceso de reflexión que era completamente necesario para encarar la actual etapa de actividad, pues debíamos hacer un balance de los signos que la presente legislatura ha dado en posibles líneas de avance en la imprescindible reordenación de nuestra función pública y redefinir nuestras acciones y métodos de actuación a la vista de los mismos. Esos signos son claramente insuficientes y contradictorios, se hallan carentes de una visión global y también están faltos de la ineludible implicación o participación de los propios afectados, pues nunca la función pública ha estado más distante de los funcionarios públicos, nunca el horizonte ha resultado más imprevisible, más incierto, más preocupante y más desmotivador.

La coyuntura actual –marcada por la crisis y la desorientación- obliga sin embargo a incrementar el esfuerzo de análisis y de coherencia, el nivel de compromiso y de identificación con la función que a cada cual le corresponde jugar en la búsqueda de soluciones y es evidente que el papel de los servidores públicos ha de ser central en devolver confianza y credibilidad a las instituciones, pero ello requiere que, previamente, recuperemos esa confianza en nosotros mismos y en el valor del trabajo riguroso y bien hecho, en la importancia de asegurar el principio de legalidad y la garantía de los derechos de los ciudadanos, y de reaccionar activamente contra la amenaza siempre latente de la arbitrariedad y de la corrupción, con independencia de su origen.

La Asamblea de mañana ha de ser la oportunidad de redefinir el camino a seguir y de retomar, con toda la energía posible, la defensa de los principios y de los valores de la función pública, convencidos de su decisiva función en la superación de la crisis política, social y económica que sufre nuestro país, al igual que otros países de Europa que nos resultan tan cercanos como Grecia, Portugal o Italia.