Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
9 comentarios:
Buen empeño, pese a las limitaciones. Otros con más hacen menos.
Esto sucedía ayer en las Cortes:
Zaragoza, 03/04/2013.- El consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ha comparecido de hoy en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, a petición del grupo parlamentario de CHA, para informar y dar respuesta detallada a las observaciones y sugerencias del Justicia de Aragón sobre Empleo Público en el área de Administración General, en su Informe especial sobre el estado del empleo público en la Administración autonómica aragonesa. Dicho informe, presentado ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón el 19 de febrero de 2013, recogía tres conclusiones “la necesidad de una Ley de la función pública aragonesa, la necesidad de poner al día la relación de puestos de trabajo o RPT y reducir la provisionalidad”, en las que, según Saz, “ya se está trabajando desde antes de la aparición del informe”.
El consejero, que se ha mostrado de acuerdo con el informe y las soluciones propuestas en su mayor parte, ha explicado que “en abril se pondrá en marcha el procedimiento para la aprobación de la Ley de la función pública aragonesa”, que, además, ya “se ha cumplido aunque es de obligado cumplimiento permanente, la relación de los puestos de trabajo”, y que también “a través de los concursos ya en marcha, y los que se resolverán antes de este año, habremos normalizado en gran parte la situación de la función publica y habremos dado cumplimiento de manera anticipada a las dificultades que se encuentran nuestros empleados públicos”
Respecto a la Ley de la función pública aragonesa, Saz ha declarado que “llevamos ya unos meses trabajando en ella, pero en abril se pondrá en marcha su tramitación y esperamos que esté aprobada este año o al siguiente a más tardar”. El consejero se ha referido después a las RPT, que fueron “lo primero en ponerse en marcha en 2012, y ya se han llevado a cabo todas en varios entes públicos”, sobre las que ha declarado que “se quieren acabar y publicar, así como mantenerlas actualizadas año tras año para que cualquiera pueda saber las características técnicas y económicas”.
Por último, Saz se ha referido a la realización de concursos “para solucionar la temporalidad, los llamados macroconcursos”, sobre los que ha aclarado que se realizarán a lo largo de todo 2013. El consejero ha manifestado que la siguiente actuación será “sacar el resto de plazas que han quedado libres para concurso, de forma que antes de acabar el año saquemos todas las plazas que no están ocupadas por destino definitivo”, aunque ha expresado que esta medida “no es suficiente” y ha declarado su intención de “sacar, cada año, un concurso para todas las plazas que queden libres, permitiendo así que el personal pueda promocionar quedando el tema de la provisionalidad zanjado”.
Respuesta de los Grupos:
En nombre de CHA, que había solicitado la comparecencia del consejero Saz, ha intervenido José Luis Soro, que ha criticado al departamento que “siempre está dando pasos, pero no se ven resultados”. Soro ha declarado que “es muy importante poner en marcha la Ley de la función pública aragonesa, no solo por los derechos laborales de los empleados públicos, sino porque es necesaria para avanzar hacia una administración moderna y eficiente”, y se ha mostrado de acuerdo con “la dura crítica que hizo el Justicia a la privatización de los servicios públicos” declarando que “la flexibilidad de la estructura administrativa evitara la creación de entidades instrumentales para prestar los servicios públicos mediante la privatización”.
Soro se ha referido también a los macroconcursos, de los que ha declarado que “sabemos que son difíciles pero deben ir desarrollándose para solucionar el atasco existente”. A este respecto ha pedido que “se cumpla la ley en cuanto a la temporalidad, ya que hasta ahora no se ha hecho”, y ha criticado que “se ha perdido mucho el tiempo haciendo las cosas mal, lo que supone un aumento de la temporalidad, pero también una degradación de la prestación de servicios”, recordando que el Justicia también mostro su preocupación por “el grado de afectación de las políticas de austeridad en la calidad del empleo público y la calidad de los servicios públicos”.
Para el diputado del PP Jorge Garasa “los problemas de la función pública vienen de años atrás y ahora, con la crisis, es muy difícil ponerle solución”, aunque ha elogiado el “gran esfuerzo realizado en 2012 para publicar de forma actualizada las RPT de los diferentes organismos”. El diputado se ha manifestado a favor de “compatibilizar las medidas de contención del gasto público con una cobertura suficiente de la plantilla necesaria para una adecuada prestación de los servicios públicos, así como de una política de personal que tienda a solucionar el problema de la interinidad”, aunque ha recordado que “el decreto 20/2012 dispone la congelación de ofertas de empleo público y esto complica la toma de medidas para reducir la tasa de temporalidad, causada por políticas de legislaciones anteriores”.
Por parte del PSOE ha intervenido Ana María Fernández, que ha criticado como “en las Cortes se aprobó por unanimidad una iniciativa del PSOE para traer la ley de la función pública antes de seis meses, plazo que termina en abril, por lo que van a incumplir ese acuerdo”. Fernández ha expresado que el Gobierno “tiene un afán privatizador que implica tener cada día menos empleo público por que, según ustedes, la empresa privada gestiona más barato”, y ha declarado que “es algo muy peligroso y pone en riesgo nuestro Estado del Bienestar”.
El representante del PAR, Antonio Ruspira, ha declarado que “el texto transmite la preocupación por la debilidad de los servicios públicos ante las políticas de ajuste del gasto, pero también pide que se haga eficientemente, a un precio asumible y priorizando, que es lo que está haciendo el Gobierno”. A este respecto el diputado ha expresado que “la preocupación por los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales es de todos, incluidos nosotros”, y ha afirmado que “no solo lo público es bueno, hay muchos otros servicios que se pueden externalizar bajo el control de lo público”.
Adolfo Barrena, diputado de IU, ha expresado su queja de que “aún no se ha sustanciado una petición de comparecencia del consejero que IU realizo en octubre”, y ha declarado “sentirse ninguneado”. Barrena ha criticado también al consejero por que “nos ha vuelto a reiterar lo que ya sabíamos cuando conocimos el informe y nos ha vuelto a decir lo que nos ha dicho en otras ocasiones”, y ha expresado que “la Ley de la función pública nunca acaba de llegar”, preguntándose “cuando se vera en la Cámara el proyecto de ley”.
Parece un debate totalmente baldío.
Alguien habló de Oferta de Empleo Público, para corregir la temporalidad?
Y de poner coto a la libre designación?
Y de asegurar la competencia de los Directores Generales?
Entonces?
La consejería de Hacienda pondrá en marcha el plan de inspección de la función pública del 2013 en las próximas semanas. Eso sí, lo hace sin haber presentado los resultados del realizado en el 2012. Faltan todavía informes por redactar, aseguró ayer el titular del departamento, José Luis Saz.
El objetivo del plan es calibrar la calidad de algunos servicios. En el caso del 2013 de los del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y de las oficinas comarcales agrarias (OCAs). Además se pedirán 20 cartas de servicio a diferentes organismos dependientes de la comunidad autónoma. En ellas se deben fijar las prioridades de cada uno, cuyo cumplimiento se evaluará con posterioridad.
Saz anunció además que existe ya un primer borrador de la ley de función pública de Aragón y que este mismo mes de abril podría llegar a las Cortes para su tramitación parlamentaria. No avanzó nada de su contenido, pese a las críticas de la oposición, que le exigió más información y sobre todo que se pacte con los sindicatos de la Administración pública para evitar la confrontación entre las partes.
El Periódico de ARagón.
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