Hoy
martes 9 de abril, a partir de las siete de la tarde, se reunirá la Junta Directiva de la Asociación para valorar
la situación resultante de la
Asamblea ordinaria del pasado 19 de marzo, cuando debido a la
decisión del Presidente saliente, Julio Guiral, de no presentarse a la reelección,
la Asociación
quedó sin Presidente, obligando a la convocatoria de una Asamblea
extraordinaria, cuya fecha habrá de fijarse por parte de la Junta Directiva que se celebre
hoy.
Siendo
importante la designación del cargo de Presidente de la Asociación, y sin
renunciar a que Julio Guiral pueda reconsiderar su decisión y opte a seguir al
frente de esta organización, garantizando la debida coherencia con todo el
largo camino recorrido hasta ahora, la principal tarea que le corresponde
afrontar a nuestra Asociación a lo largo de este mes es la de establecer una
estrategia clara de actuación, marcando objetivos a corto y medio plazo, priorizando
aquellas cuestiones que el momento actual hace más necesarias.
Hemos
de seleccionar esas prioridades y esos objetivos en el amplio documento de
propuestas que se elaboró al comienzo de la presente legislatura, y que las
circunstancias posteriores nos han impedido impulsar con la determinación
precisa. En las circunstancias actuales de nuestra sociedad y de nuestras
instituciones –también de la función pública-, cuando todo parece estar en
peligro y en entredicho –donde ni siquiera la Monarquía se halla fuera
del debate público-, reafirmarnos en nuestros principios y en nuestro
compromiso y mantenernos activos en la defensa de los valores constitucionales
y del papel que corresponde a la función pública dentro del Estado social y
democrático de Derecho, parece más necesario que nunca.
Hemos
de tratar de buscar alianzas, con los órganos e instituciones encargados de la
defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos –como son el
Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón o el Ministerio Fiscal- y procurar
también actuar conjuntamente con otras organizaciones sociales del ámbito de la
función pública –de otras Comunidades Autónomas, de la Administración
Local, de la Administración
General del Estado y, si fuera posible, de otros Estados de la Unión Europea, como Grecia,
Italia, Francia o Portugal, y de la función pública de las propias instituciones
de la Unión Europea-,
para contrastar y enriquecer nuestros planteamientos, para abordar iniciativas
de amplio alcance, como requiere el momento actual.
La
situación interna de la
Asociación, las incógnitas existentes sobre su futuro o su
continuidad, la desorientación vivida en este pasado año -en que los ajustes
del gasto público han golpeado de manera continua a los empleados públicos y a
los principales ámbitos del Estado del bienestar-, nos reclaman una reflexión en profundidad
sobre el papel que queremos jugar en los próximos años, sobre los objetivos a
alcanzar y sobre la estrategia a seguir, y la reunión de hoy de la Junta Directiva ha de saber
enmarcar dicha tarea a desarrollar en la próxima Asamblea Extraordinaria.
3 comentarios:
Julio, tienes que seguir. En esta Admon, en esta función pública de chiste necesitamos gente como tú, gente que luche por la defensa de la legalidad, contra la arbitrariedad, el nepotismo, el clientelismo y el sectarismo. Hay que recuperar una función pùblica independiente y sujeta solo al principio de legalidad.
Hace un año, un 12 % de los españoles ponían la corrupción entre sus principales preocupaciones. Hoy lo hacen un 44,5 %, que la consideran el mayor problema de España, tras el desempleo. Los políticos ven en la corrupción de sus oponentes una vía para atacarlos. De la de sus correligionarios se ocupan solo para disculparla o minimizarla. A la vista de cómo se lo están tomando los españoles, mejor harían en combatirla.
Leído en una página de funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona:
Altres associacions de l’Estat també treballen per a la defensa d’una funció pública professional.
La sentència de la sala del contenciós- administrativa del Tribunal Suprem del 29 d’octubre de 2010, anul·la l’Oferta Pública d’Ocupació de la Comunitat Autònoma d’Aragó per a l’any 2007, al·legant que “no s’ajusta a Dret” l’omissió en la mateixa de les places cobertes per funcionaris interins, i per tant l’Oferta d’aquell any vulnera l’accés a la funció pública. Amb aquesta sentència es dóna la raó a l’Associació per a la Defensa de la Funció Pública d’Aragó (Apudepa), que havia impugnat una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó.
En els fonaments de dret, s’estableix que l’Oferta Pública d’Ocupació del 2007 vulnera l’article 23.2 de la Constitució Espanyola, i també es cita l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que reconeix que “les places vacants desenvolupades per funcionaris interins hauran d’incloure’s en l’oferta pública corresponent a l’exercici en que es produeixi el seu nomenament i, si no fos possible, en la següent, a excepció que es decideixi la seva amortització”. La sentència estableix que l’Administració no pot al·legar motius econòmics i d’autoorganització, doncs les places estan pressupostades i ocupades per funcionaris interins.
L’Associació per a la defensa de la Funció Pública Aragonesa (Apudepa) ha formulat, davant el Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, recurs contenciós administratiu, en via especial de protecció dels drets fonamentals contra el Decret 83/2011, de 5 d’abril, del Govern d’Aragó, pel qual s’aprova l’Oferta Pública per l’any 2011.
El recurs es fonamenta en la no inclusió del nombre de places que imposen tant l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei d’Ordenació de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma d’Aragó, com son les places vacants ocupades per interins. El Govern d’Aragó sembla que no s’hagi donat compte de la sentència del Tribunal Suprem que anul·lava l’Oferta Pública de l’any 2007 pel mateix motiu, doncs no ha procedit a l’execució d’aquesta sentència ni ha corregit els criteris d’actuació invalidats per la mateixa.
La finalitat d’Apudepa interposant un nou recurs es reclamar el respecte a la legalitat, en defensa del dret d’accés a la funció pública sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
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