EL VALOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Celebramos el magnífico artículo de opinión publicado hoy en el diario “El País” por Carles Casajuana, con el título “Corrupción y función pública”, conceptos ambos sobre los que esta Asociación ha tratado de reclamar la atención pública durante más de seis años de actividad. Es de agradecer una exposición tan directa, tan clara y tan lúcida sobre el valioso papel que corresponde a la función pública en el aseguramiento del interés general y en la prevención de la corrupción. El alcance que ha cobrado la corrupción pública en nuestro país sería imposible sin el deterioro experimentado por la función pública. Hora era de que ambos fenómenos se vinculasen.

Una función pública profesionalizada y bien ordenada –en lo relativo a selección, clasificación y provisión de puestos, así como al régimen retributivo e incompatibilidades- es una garantía imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y para el sometimiento de los poderes públicos -en particular, el poder ejecutivo- al principio de legalidad.

Cuando el régimen de selección no funciona o se degrada de forma deliberada –como ocurre en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la carencia de ofertas de empleo público o con el indebido desplazamiento del personal funcionario por parte de empresas públicas-, reduciendo a simple retórica el principio de inamovilidad de los funcionarios públicos, o cuando la provisión de puestos se hace depender más del favor personal o la afinidad política que del mérito objetivo y de la carrera profesional de los funcionarios públicos, la debilidad de la Administración la hace vulnerable al abuso de poder y a la corrupción.

Un funcionario ha de saber y poder decir no a una orden política ilegal o irracional. Los intereses generales no pueden estar a merced de decisiones arbitrarias o de fines manifiestamente ilícitos. Los funcionarios están protegidos por su estatuto jurídico para poder evitar cualquier quiebra a la legalidad que pueda causar daño indebido al interés general o a los derechos de los ciudadanos. Es cierto que la ética personal de cada servidor público no viene determinada por su seguridad laboral, pero el ordenamiento jurídico y el régimen de función pública han de crear los mecanismos para que cumplir con su deber por parte de un agente público, sean cuales sean las circunstancias del caso, no constituya un acto de heroicidad ni de autoinmolación laboral.

Por supuesto, nada de lo que se expone en el estupendo artículo al que nos referimos se dijo en la comparecencia de esta semana del Consejero de Hacienda y Administración Pública ante las Cortes de Aragón. El grado de fortaleza de la función pública aragonesa frente a la corrupción, con los niveles de temporalidad y provisionalidad existentes, según lo acreditado por el informe del Justicia de Aragón, es bajo, preocupantemente bajo, y ello hace presumir que el nivel de corrupción que se da en nuestra Comunidad puede ser alto, aunque no ocupe de momento las páginas de la prensa aragonesa. La lentitud del caso de La Muela o la falta de actuación ante las irregularidades del Presidente de ASAEL son clarísimos ejemplos de dos cosas: de la falta de voluntad política para combatir la corrupción pública y de la debilidad de la función pública aragonesa para evitarla. ¿Existe alguna propuesta del Gobierno de Aragón para corregir alguna de estas carencias o le basta con negar el problema?