EL MENOSPRECIO DE LA LEGALIDAD: PARADOJAS DEL MAL GOBERNANTE.

Algo tan básico, como es el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y el principio de legalidad garantizado por la Constitución, sigue siendo, lamentablemente, una asignatura pendiente para el Gobierno de Aragón. Lo es en el ámbito de la función pública, pero lo es también en otras muchas áreas de la gestión pública, pues es difícil acantonar la ilegalidad en una sola parcela una vez que se asume con normalidad por los responsables políticos.

El que no vaya a existir Oferta de Empleo Público para 2013, cuando las leyes –tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón- obligan a su aprobación anual, y cuando constituye una condición necesaria para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española, es un claro menosprecio de la legalidad por parte del Consejero de Hacienda y Administración Pública, en primer término, pero también por el conjunto del Gobierno de Aragón, como órgano responsable de la aprobación de la Oferta de Empleo Público.

La vulneración de la ley y la lesión del derecho fundamental de los ciudadanos en que incurren –conciente y deliberadamente- se ve agravada tras haberse conocido el Informe sobre el empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, elaborado por el Justicia de Aragón, y en el que se destacaban las altas tasas de interinidad existentes en los diferentes sectores de la Administración autonómica como resultado de los incumplimientos por parte del Gobierno de Aragón del régimen de selección de personal al servicio de la Administración Pública. Mayor agravante supone todavía el que esta falta de aprobación se produzca tras las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, declarando que la no inclusión en Oferta de las vacantes ocupadas por funcionarios interinos constituía una vulneración del derecho fundamental. Ningún miembro del Gobierno de Aragón, por lo tanto, puede alegar ignorancia sobre las circunstancias en que se produce la no aprobación de Oferta de Empleo Público, tanto en 2013 como en 2012. 

Si alguien creyó que la función pública iba a recibir mejor trato con el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, se equivocó, y probablemente esta Asociación fue la primera en equivocarse. Ahora no querríamos ser los últimos en rectificar nuestro error y sí los primeros en volver a reivindicar el respeto al derecho de acceso a la función pública. Por ello, de forma inminente solicitaremos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución judicial de las sentencias firmes que anularon las Ofertas de 2007 y 2011, al obligar a la Administración a ofertar a los ciudadanos la totalidad de las plazas que se excluyeron ilegalmente de dichas Ofertas, lesionando con ello el derecho fundamental. Al margen de ello, nos dirigiremos nuevamente al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo para solicitar su intervención respecto a la falta de aprobación de Ofertas en los años 2012 y 2013, en una nueva y cualificada vulneración del derecho, demostrando con ello la contumacia de los poderes públicos en el incumplimiento de la ley.

Resulta paradójico, y da la justa medida del nivel de degradación intelectual y moral al que se ha llegado por algunos responsables políticos en nuestro país, que se airee una nueva Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón como solución a la situación actual, cuyo rasgo principal es el incumplimiento de la ley.

Sólo el mal gobernante puede ser capaz de enfrentarse a una situación de constante vulneración de las normas anunciando nuevas normas, con el fin de distraer a los ciudadanos con su presentación y debate e intentar distraer su atención de la persistente inaplicación de la ley. Lógicamente, la nueva ley también será inaplicada, pues no por cambiar de ley se cambia de condición. Quien no es capaz de respetar las leyes, no respeta las actuales ni las futuras. Simplemente las ignora, pero no tiene escrúpulo alguno en invocar la futura ley para tratar de eludir su mala gestión.

Cuando un Gobierno da con la fórmula de apelar a nuevas leyes para tapar la inaplicación de las vigentes, no ha de extrañar que semejante recurso –contrario a la propia esencia del Estado de Derecho- se utilice para asuntos de tanto calado social y político como el Ingreso Aragonés de Inserción o las prestaciones de atención a la dependencia. No parece posible que ningún ciudadano con voluntad de seguir siéndolo, es decir, que aspire a continuar viviendo bajo el Estado social y democrático de Derecho que proclama nuestra Constitución, pueda aceptar que la solución a la falta de reconocimiento del Ingreso Aragonés de Inserción a las personas que cumplen los requisitos para percibirlo sea la aprobación de una nueva Ley que venga a endurecer las condiciones de acceso a dicho prestación social. Inadmisible. ¿Por qué no elevamos también las exigencias para acceder a altos cargos, de manera que éstos puedan estar desempeñados por quienes, en atención a su preparación y sensibilidad social, lo merezcan más? ¿Cuánta picaresca tenemos en la actividad política, ocupada hoy por tantas personas que no cumplen los requisitos para su digno desempeño?