UNA ADMINISTRACIÓN EN RUINA ECONÓMICA Y TÉCNICA QUE RECLAMA UNA REFORMA RADICAL DE SUS PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO.

Son innumerables los signos que revelan el estado caótico al que se ha visto reducida la Administración en estos últimos cuatro años, cuya estructura interna ha sufrido quiebras que va a ser muy costoso reparar. Un análisis de una pequeña muestra de procedimientos de elaboración normativa –en los que no se ha logrado la aprobación final pese a disponer de cuatro años para ello- bastaría para poner de manifiesto las cotas de inoperancia e incompetencia alcanzadas en numerosos ámbitos de la Administración, incluidos los de máxima responsabilidad dentro de cada Departamento. Han decaído proyectos legales y reglamentarios con la misma normalidad con la que se suceden las estaciones a lo largo del año, es decir, como si fuese un fenómeno natural y no la evidencia de un fracaso de gestión política y técnica.

Al margen de la grave situación de insuficiencia económica –con una acumulación de compromisos contraídos y no satisfechos que hipotecará gravemente la gestión del nuevo equipo de gobierno-, también sufrimos una gravísima quiebra técnica, que afecta a la esencia de la función pública, como es su capacidad de funcionamiento eficaz y profesional, el compromiso para alcanzar objetivos, la calidad del trabajo, la conciencia de servicio público, la colaboración y el espíritu de equipo,  y la cultura de legalidad, de resultados y de rendición de cuentas.

Son muchos los elementos dañados dentro de la organización administrativa para ignorarlos y sería poco realista confiar en que las cosas puedan funcionar sin una necesaria puesta a punto en los órganos clave de la organización, es decir, sin una decidida atención a las graves carencias organizativas provocadas por una gestión irresponsable.

Cuando tanto se habla de la regeneración democrática –creyendo que la misma solo afecta al nivel de dirección política de las instituciones públicas-, debemos insistir desde este blog en la ineludible regeneración administrativa, que afronte el acusado deterioro interno que han sufrido las estructuras y los profesionales de la Administración Pública, a los que es necesario devolver el respeto debido, pero también exigir la actitud y el compromiso que les corresponde asumir en el buen funcionamiento de los servicios públicos y en el aseguramiento de la legalidad.

De poco servirá que el cambio de responsables institucionales, tras la formación del nuevo Gobierno, se concrete en nuevos nombres y nuevas caras –o acaso no tan nuevas- si se mantienen las viejas prácticas de desprecio por la organización administrativa, la indiferencia hacia la cada día más debilitada cultura administrativa dominante, y no se apuesta de manera radical por la profesionalización de los servidores públicos, por su plena implicación en los resultados de los programas de gestión y por la implantación de modelos de dirección y gestión integradores, participativos y de alto compromiso ético.