ESCRITO A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR LA FALTA DE ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

La semana pasada desde esta Asociación nos dirigimos tanto a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, como a los Consejeros de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, para expresar nuestra protesta por el incumplimiento de la obligación legal sobre elaboración de un informe anual sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma, tal y como señala la Ley de Servicios Sociales de Aragón al enunciar las funciones atribuidas al Consejo Aragonés de Servicios Sociales, en cuanto órgano de participación y consulta cualificado en el área de servicios sociales.

No es el único incumplimiento en el que incurre este Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, pero es un supuesto cualificado de inactividad, ya que supone no poner a disposición de la sociedad aragonesa una información básica para conocer la evolución de la problemática social y los recursos destinados por el Gobierno de Aragón y las demás Administraciones Públicas para su atención.

La Administración ha de comenzar a aproximarse a la realidad social de manera objetiva, constatando la realidad de los fenómenos, y ha de rendir cuentas ante los ciudadanos de su acción pública en relación con cada uno de los fenómenos frente a los que se requiere la intervención administrativa, en particular cuando el fin perseguido es garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas. En este contexto, la absoluta pasividad mostrada por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para asegurar que el Consejo Aragonés de Servicios Sociales confeccione anualmente el citado informe, resulta totalmente censurable, como censurable resultaría el que las diferentes organizaciones sociales presentes en dicho órgano de participación no hubieran reclamado su elaboración y debate en el seno del Consejo.

Tal valoración creemos oportuna hacerla llegar, pese a haber concluido ya la legislatura, a quienes han ejercido las principales responsabilidades de gobierno, pues el balance de un gobierno no puede ni debe estar exento de las críticas por sus incumplimientos de la legalidad, como el que hemos señalado. Se trata de una mala práctica –la de hacer caso omiso a las obligaciones fijadas por las leyes-, impropia de una Administración Pública que, como la nuestra, proclama de manera reiterada entre sus principios de actuación el de legalidad. Un Estado de Derecho se caracteriza por el respeto a las normas legales, cuyas exigencias no debieran tomarse a la ligera como ha venido haciendo de forma reiterada este Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi, en tantos temas.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Pº de María Agustín, 36

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 4 de junio de 2015.

Estimada señora:

Deseamos expresarle nuestra preocupación por el incumplimiento de funciones en el que viene incurriendo el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, cuya presidencia corresponde al titular del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, entre cuyas funciones como presidente figura la de velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo y por la adecuación de su actuación a lo previsto en la normativa que le resulte de aplicación, según dispone el artículo 6 del Reglamento de dicho Consejo, aprobado por Decreto 190/2010, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón.

Dicho Consejo, previsto en la Ley 5/2009, de 30 de junio,  como órgano máximo de participación y consulta en materia de servicios sociales, tiene como una de sus funciones de mayor relieve la de “elaborar un informe anual sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón”, no constando a esta Asociación que dichos informes anuales hayan sido elaborados por el citado órgano. El artículo 2 del Reglamento del Consejo señala que por parte del Departamento competente en materia de servicios sociales –es decir, el actual Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia- se pondrán a disposición del Consejo los medios materiales y personales necesarios para el desempeño de sus funciones. Desconocemos qué medios han podido adscribirse a tal fin o si la carencia de los mismos ha podido ser el motivo del incumplimiento señalado.

En todo caso, la omisión en la elaboración de dichos informes –que contrasta con los elaborados por el Consejo Escolar de Aragón sobre la situación del sistema educativo en Aragón- no solo constituye un incumplimiento de un deber legal, que devalúa el papel que corresponde jugar al citado Consejo dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, sino que impide poner a disposición de instituciones y ciudadanos una información objetiva y detallada sobre la problemática social en nuestra Comunidad Autónoma, en un periodo en el que la misma tiene la máxima relevancia, debido a la grave crisis económica sufrida por nuestro país. La no elaboración de dicho Informe priva a la sociedad aragonesa de una valiosa información sobre la evolución de los problemas sociales y las respuestas dadas a los mismos desde las administraciones que integran el Sistema Público de Servicios Sociales o desde las entidades del tercer sector.

No resulta en modo alguno congruente que, desde el Gobierno de Aragón, se promuevan normas de calidad de los servicios públicos o criterios de transparencia e información activa sobre la gestión pública si, al mismo tiempo, los órganos de la Administración autonómica, como es el caso del Consejo Aragonés de Servicios Sociales, adscrito a ese Departamento, no cumplen la misión que tienen legalmente asignada para asegurar a todos los ciudadanos una información objetiva sobre la situación de las diferentes áreas de la acción pública. La transparencia debería permitir conocer tanto lo que se ha hecho como lo que no se ha hecho, incurriendo con ello en incumplimiento de mandatos normativos expresos.

En suma, deseamos expresarle nuestra protesta por el hecho de que el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia no haya asegurado, como máximo responsable del Consejo Aragonés de Servicios Sociales, el correcto cumplimiento de sus funciones, y especialmente su deber de elaborar un informe anual sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo interés para el conjunto de los ciudadanos resulta evidente en las actuales circunstancias.

Agradeciéndole la atención prestada a este escrito, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”