Esta
Asociación, lamentablemente, no ha podido atender como hubiera querido uno de
sus objetivos fundacionales, como es la formación de una nueva cultura
organizativa en las Administraciones Públicas, que integre, entre otras, la
cultura de la legalidad –interiorización de procedimientos y garantías en la
toma de decisiones-, la cultura de la eficacia –búsqueda de resultados que
ofrezcan soluciones reales a los problemas y permitan alcanzar los objetivos
propuestos-, la cultura de la participación y la transparencia –con una gestión
abierta a la sociedad y receptiva a sus opiniones, a la que se oferta información
completa sobre lo que se hace y cómo se hace-, y la cultura de la evaluación –dirigida
a conocer los resultados reales, las posibles desviaciones de los objetivos, la
asignación ineficaz de recursos o los efectos indeseados de determinadas
acciones o políticas públicas-, y es que, con toda seguridad, tal objetivo
excedía nuestras posibilidades.
En
vano, intentamos promover, con el patrocinio del Justicia de Aragón, un Aula de
Buena Administración, en la que todas estas cuestiones se podrían haber
abordado, en colaboración con el Instituto Aragonés de Administración Pública y
otros entes u organismos implicados en el progreso y la modernización de la
gestión pública, como pudiera ser la Fundación Manuel
Giménez Abad.
Ni
la Revista Aragonesa
de Administración Pública ni otras publicaciones que han surgido amparadas con
recursos de la Comunidad Autónoma
han prestado la debida atención a las múltiples carencias y asignaturas
pendientes de la gestión pública en nuestra Administración, y los cursos de
formación o especialización para los funcionarios públicos apenas han puesto énfasis
en la potenciación de los conocimientos y técnicas que, en el ámbito de la
gestión pública, vienen operando con normalidad en las Administraciones de
nuestro entorno. Una vez más constatamos las graves carencias que en materia de
formación de los empleados públicos venimos arrastrando, al hallarnos faltos de
una verdadera planificación de las necesidades formativas en técnicas y
habilidades cada día más imprescindibles para la gestión de recursos públicos.
Esta
situación de carencia –que no es posible afrontar con la aprobación de normas
que apenas tiene traducción real en el funcionamiento de la organización
administrativa- debiera ser una prioridad en la nueva legislatura. No es de
recibo el grado de precariedad de nuestra Administración en tareas de diseño y
planificación de políticas públicas o en evaluación de sus resultados o en
estrategias de calidad de los servicios públicos. Claro que el dato más grave a
considerar es el enorme déficit de legalidad que acumula nuestra Administración,
al mostrarse incapaz de ajustar su actuación a las normas, como a diario lo
acreditan las sugerencias del Justicia de Aragón, las sentencias de los
Tribunales o los informes de la
Cámara de Cuentas.
La
legalidad es elemento prioritario e indispensable para cualquier cultura
administrativa. Sin verdadero compromiso con la legalidad, cualquier pretensión
de mejora de la gestión pública se halla carente de consistencia. Pero el
respeto a la legalidad, sin una cultura de la eficacia, la transparencia y la
evaluación, resulta igualmente insuficiente. Por lo tanto, hemos de avanzar en
la elaboración de esa cultura administrativa que armonice todos los elementos
imprescindibles para una correcta gestión pública, y en esa tarea es
indispensable que favorezcamos, mediante publicaciones, debates o seminarios,
el flujo de ideas y experiencias necesario para acometer todas las asignaturas
pendientes que acumulamos como Administración.
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