LA NECESIDAD DE UN FLUJO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS PARA GENERAR UNA NUEVA CULTURA ADMINISTRATIVA.

Esta Asociación, lamentablemente, no ha podido atender como hubiera querido uno de sus objetivos fundacionales, como es la formación de una nueva cultura organizativa en las Administraciones Públicas, que integre, entre otras, la cultura de la legalidad –interiorización de procedimientos y garantías en la toma de decisiones-, la cultura de la eficacia –búsqueda de resultados que ofrezcan soluciones reales a los problemas y permitan alcanzar los objetivos propuestos-, la cultura de la participación y la transparencia –con una gestión abierta a la sociedad y receptiva a sus opiniones, a la que se oferta información completa sobre lo que se hace y cómo se hace-, y la cultura de la evaluación –dirigida a conocer los resultados reales, las posibles desviaciones de los objetivos, la asignación ineficaz de recursos o los efectos indeseados de determinadas acciones o políticas públicas-, y es que, con toda seguridad, tal objetivo excedía nuestras posibilidades.

En vano, intentamos promover, con el patrocinio del Justicia de Aragón, un Aula de Buena Administración, en la que todas estas cuestiones se podrían haber abordado, en colaboración con el Instituto Aragonés de Administración Pública y otros entes u organismos implicados en el progreso y la modernización de la gestión pública, como pudiera ser la Fundación Manuel Giménez Abad.

Ni la Revista Aragonesa de Administración Pública ni otras publicaciones que han surgido amparadas con recursos de la Comunidad Autónoma han prestado la debida atención a las múltiples carencias y asignaturas pendientes de la gestión pública en nuestra Administración, y los cursos de formación o especialización para los funcionarios públicos apenas han puesto énfasis en la potenciación de los conocimientos y técnicas que, en el ámbito de la gestión pública, vienen operando con normalidad en las Administraciones de nuestro entorno. Una vez más constatamos las graves carencias que en materia de formación de los empleados públicos venimos arrastrando, al hallarnos faltos de una verdadera planificación de las necesidades formativas en técnicas y habilidades cada día más imprescindibles para la gestión de recursos públicos.

Esta situación de carencia –que no es posible afrontar con la aprobación de normas que apenas tiene traducción real en el funcionamiento de la organización administrativa- debiera ser una prioridad en la nueva legislatura. No es de recibo el grado de precariedad de nuestra Administración en tareas de diseño y planificación de políticas públicas o en evaluación de sus resultados o en estrategias de calidad de los servicios públicos. Claro que el dato más grave a considerar es el enorme déficit de legalidad que acumula nuestra Administración, al mostrarse incapaz de ajustar su actuación a las normas, como a diario lo acreditan las sugerencias del Justicia de Aragón, las sentencias de los Tribunales o los informes de la Cámara de Cuentas.

La legalidad es elemento prioritario e indispensable para cualquier cultura administrativa. Sin verdadero compromiso con la legalidad, cualquier pretensión de mejora de la gestión pública se halla carente de consistencia. Pero el respeto a la legalidad, sin una cultura de la eficacia, la transparencia y la evaluación, resulta igualmente insuficiente. Por lo tanto, hemos de avanzar en la elaboración de esa cultura administrativa que armonice todos los elementos imprescindibles para una correcta gestión pública, y en esa tarea es indispensable que favorezcamos, mediante publicaciones, debates o seminarios, el flujo de ideas y experiencias necesario para acometer todas las asignaturas pendientes que acumulamos como Administración.