LA LEGALIDAD COMO POSIBILIDAD, NECESIDAD Y OBLIGACIÓN.

Frente al escepticismo generalizado –ese que trata de convencernos de que no hay nada que hacer y que todo esfuerzo para que las leyes se respeten resulta inútil-, hay que concebir la legalidad –su respeto y cumplimiento- no solo como resultado del buen funcionamiento de las instituciones pública sino también como fruto del compromiso de los ciudadanos con el Estado de Derecho. Como una posibilidad realizable, como un deber de ciudadanía que nos incumbe a todos, en distinto grado.  

Ninguno está exento de responsabilidad –grande o pequeña- en la tarea de restablecer el respeto a la ley –de asegurar su cumplimiento- en nuestro país, pero entre los especialmente llamados a contribuir a dicho objetivo se encuentran los servidores públicos, quienes diariamente aseguran la actividad de la Administración y el funcionamiento de los servicios públicos.

Dos actitudes resultan fundamentales para atender dicha tarea: en primer lugar, la capacidad para detectar y evaluar los incumplimientos de la ley –desde una cultura de la legalidad, que obliga a cuestionar y rechazar toda actuación ilegal, que sacrifica el interés general o el derecho de terceros de manera antijurídica-, y, en segundo lugar, la  voluntad de reaccionar frente a las vulneraciones del ordenamiento jurídico, utilizando los mecanismos existentes para reclamar el respeto de las normas. En este punto hay que recordar la ausencia de cauces válidos para que los servidores públicos puedan reaccionar frente a instrucciones recibidas contrarias a la ley. Un verdadero compromiso de la Administración con la legalidad –como el que corresponde a lo previsto en el artículo 103.1 de la Constitución Española- debiera llevar al establecimiento de este tipo de mecanismos, para prevenir y corregir actuaciones ilegales.

El respeto a la legalidad no solo es posible –lo que descalifica a quienes creen que la realidad ha de situarse siempre al margen, por exigencia de la eficacia o de ciertos usos sociales o inercias-, sino que, además, constituye una auténtica prioridad para corregir la grave crisis de credibilidad que afecta hoy a nuestras instituciones públicas y al conjunto de la vida social, donde los abusos y actuaciones ilícitas de todo signo han dañado la confianza en la que se asienta todo sistema democrático.

En una democracia constitucional como la española, la legalidad no solo es una posibilidad –ya que sería absurdo pretender lo imposible- y una necesidad requerida para su buen funcionamiento, sino que es, y es necesario recordarlo de manera reiterada –pues la tendencia a olvidarlo es llamativa-, una obligación, tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos, como expresamente establece el artículo 10.1 de la Constitución Española. ¿Por qué hemos de aceptar, entonces, que los poderes públicos desconozcan y vulneren la legalidad?¿Por qué tantas veces reclamamos el respeto a nuestros derechos y olvidamos, cuando nos interesa, nuestros deberes legales?

La cultura de la legalidad es un elemento indispensable para que instituciones y sociedad fortalezcan diariamente la calidad de la democracia y del Estado de Derecho. La calidad de las normas ha de contribuir también a ello, pero un factor determinante para asegurar la efectividad de las leyes lo constituye una función pública profesional y plenamente comprometida con los derechos de los ciudadanos y la realización del interés general, cuya principal salvaguarda es el principio de legalidad.