LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL SENADO TRASLADA AL TRIBUNAL DE CUENTAS NUESTRA PETICIÓN DE CONTROL SOBRE POSIBLES IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL TRIBUNAL.

El pasado mes de julio de 2014, a la vista de la información publicada en la prensa nacional sobre presuntas irregularidades en la selección del personal del Tribunal de Cuentas, que habrían llevado a que más de un diez por ciento de su plantilla fueran personas ligadas por parentesco o amistad a los cargos directivos o representantes sindicales de la institución, consideramos necesaria una inmediata aclaración e investigación sobre tales hechos, pues el principal órgano de control de la legalidad del gasto público no podía quedar bajo sospecha en una cuestión de tanta relevancia.

La credibilidad de las instituciones públicas constituye, en estos momentos, una prioridad máxima, para recuperar la plena confianza de los ciudadanos en nuestro modelo constitucional. Y esa credibilidad pasa por corregir las irregularidades que se detecten en su funcionamiento y por la correspondiente exigencia de responsabilidades. Si tal credibilidad es exigible a todas las instituciones, aún resulta más necesaria en aquellos órganos, como el Tribunal de Cuentas, llamados a ejercer un control de legalidad sobre el funcionamiento de las administraciones públicas

Los principios constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad son aplicables a dicho órgano fiscalizador, tal y como se desprende de lo señalado tanto por la  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en la que se regula el Estatuto de su personal, como por el propio Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Los órganos de gobierno de las Cortes Generales han de ejercer el oportuno control para que tales principios se respeten por parte del Tribunal de Cuentas, dada la posición que ocupa  éste respecto a las Cortes Generales

Por tal motivo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 77 de la Constitución Española, solicitamos en su día tanto al Congreso de los Diputados como al Senado que por parte de ambas Cámaras se promoviesen las iniciativas institucionales de control sobre las supuestas irregularidades existentes en la selección del personal del Tribunal de Cuentas y, en el caso de que se detectaran vulneraciones en las garantías de los procesos selectivos, se impulsasen las correspondientes acciones de responsabilidad frente a quienes, por acción u omisión, hubieran desvirtuado o burlado el correcto desarrollo de los respectivos procesos selectivos.

Recientemente hemos recibido la respuesta dada por la Comisión de Peticiones del Senado, en la que dicho órgano se limita a comunicarnos que nuestra petición ha sido trasladada al Tribunal de Cuentas, sin mayor especificación. Entendemos que desde el Tribunal se informará sobre su contenido de la petición al Senado, y que dicho informe se nos remitirá para nuestro conocimiento, pero tal posibilidad no se especifica en la decisión adoptada por la Comisión del Senado. Pudiera ser que con dicho traslado concluya todo, sin ninguna acción posterior. En cualquier caso, consideramos importante que las instituciones –y, en particular, quienes dentro de ellas siguen defendiendo a capa y espada los valores de la legalidad y del Estado de Derecho- se vean reforzadas por la exigencia ciudadana de funcionamiento correcto.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de respuesta remitido por la Presidenta de la Comisión de Peticiones del Senado:

“Madrid, a 29 de diciembre de 2014

Estimado amigo/a:

En relación con escrito de petición número 870/000185/0001 enivado por Vd., le comunico que la Comisión de Peticiones del Senado, en su sesión del día 10 de diciembre de 2014, ha acordado su traslado al Tribunal de Cuentas.

Reciba un cordial saludo.

María del Carmen Leyte Coello, Presidenta de la Comisión de Peticiones”.