El
Justicia de Aragón ha resuelto, a la vista de información aportada por el
Departamento de Hacienda y Administración Pública, archivar la queja formulada
por esta Asociación el pasado mes de mayo de 2014 por la falta de memoria económica
del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, aprobado por el Gobierno de
Aragón el 13 de mayo de 2014, así como por la ausencia del informe preceptivo
del Departamento de Hacienda y Administración Pública exigido por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Dicha
carencia fue destacada en el dictamen del Consejo Consultivo, y con fundamento
en el mismo esta Asociación formuló su escrito de queja, señalando que la
ausencia de una memoria económica que llevase a cabo una adecuada valoración
del coste derivado del modelo retributivo y de carrera establecido en el
Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón constituía un claro incumplimiento
del ordenamiento jurídico, cuya gravedad revestía una particular significación
en un contexto presupuestario como el que atraviesa en la actualidad la Comunidad Autónoma
de Aragón, dado el incumplimiento de los objetivos de déficit marcados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Entendíamos
que un proyecto de ley de función pública que pretendía establecer un nuevo
modelo de carrera administrativa –claramente más costoso que el ahora vigente,
al optarse por un modelo de carrera horizontal universal, que desliga las
retribuciones complementarias de las características de los puestos
desempeñados- y modificar el sistema retributivo de todo el personal de la Administración
pública, creando nuevos componentes retributivos ligados al desarrollo de
carrera o al logro de objetivos, había de contar de manera indispensable con
una memoria económica que estimase la repercusión económica sobre los
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón que se derivaba de tales medidas y las condiciones previstas para su
financiación.
Destacábamos
asimismo la paradoja que suponía el hecho de que el Departamento preocupado por
fiscalizar la viabilidad u oportunidad de aquellos gastos autorizados por los
presupuestos de la Comunidad Autónoma,
a través de la llamada Unidad de Control de la Gestión Pública, se permitiese
a su vez aprobar un proyecto de ley de tanta incidencia económica como el que
representa el señalado de función pública, obviando todas las exigencias de
evaluación económica legalmente establecidas.
Frente
a todo ello, el Departamento de Hacienda y Administración Pública, en el
informe remitido al Justicia de Aragón en relación con la citada queja, señaló
que el Gobierno de Aragón atendió la necesidad de cuantificar el coste de la
implantación de la futura Ley señalado por el Consejo Consultivo e incorporó un
análisis del impacto económico de las medidas que podían ser objeto de
cuantificación, si bien la implantación de la carrera horizontal no se podía valorar con precisión, quedando
pendiente de su diseño definitivo y de las disponibilidades presupuestarias de
los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
El
Justicia de Aragón encuentra razonables las explicaciones dadas por la Administración y,
por ello, no constata irregularidad en el procedimiento aludido que justifique
el desarrollo de su actividad de supervisión, por lo que procede a archivar la
queja. Aceptando por nuestra parte la resolución adoptada, consideramos que tal
decisión difícilmente se hubiera adoptado si se hubiese tenido acceso al
contenido de la memoria económica, manifiestamente deficiente e incompleta y
con errores flagrantes en su redacción, puestos de manifiesto desde esta
Asociación.
En
cualquier caso, y dado que los propios Grupos Parlamentarios parecieron
conformarse con la más que deficiente cuantificación económica elaborada por el
Gobierno, parece evidente que ni Gobierno, ni Cortes de Aragón ni Justicia de
Aragón sienten particular interés por desterrar de la práctica institucional
autonómica modos de técnica legislativa incompatibles con las nociones calidad
democrática y responsabilidad pública. Así nos va.
2 comentarios:
La institución debiera ser algo más exigente.
Los únicos serios han sido los miembros del Consejo Consultivo.
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