EL JUSTICIA DE ARAGÓN ARCHIVA LA QUEJA POR LA FALTA DE MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN.

El Justicia de Aragón ha resuelto, a la vista de información aportada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, archivar la queja formulada por esta Asociación el pasado mes de mayo de 2014 por la falta de memoria económica del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, aprobado por el Gobierno de Aragón el 13 de mayo de 2014, así como por la ausencia del informe preceptivo del Departamento de Hacienda y Administración Pública exigido por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Dicha carencia fue destacada en el dictamen del Consejo Consultivo, y con fundamento en el mismo esta Asociación formuló su escrito de queja, señalando que la ausencia de una memoria económica que llevase a cabo una adecuada valoración del coste derivado del modelo retributivo y de carrera establecido en el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón constituía un claro incumplimiento del ordenamiento jurídico, cuya gravedad revestía una particular significación en un contexto presupuestario como el que atraviesa en la actualidad la Comunidad Autónoma de Aragón, dado el incumplimiento de los objetivos de déficit marcados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Entendíamos que un proyecto de ley de función pública que pretendía establecer un nuevo modelo de carrera administrativa –claramente más costoso que el ahora vigente, al optarse por un modelo de carrera horizontal universal, que desliga las retribuciones complementarias de las características de los puestos desempeñados- y modificar el sistema retributivo de todo el personal de la Administración pública, creando nuevos componentes retributivos ligados al desarrollo de carrera o al logro de objetivos, había de contar de manera indispensable con una memoria económica que estimase la repercusión económica sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón que se derivaba de tales medidas y las condiciones previstas para su financiación.

Destacábamos asimismo la paradoja que suponía el hecho de que el Departamento preocupado por fiscalizar la viabilidad u oportunidad de aquellos gastos autorizados por los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a través de la llamada Unidad de Control de la Gestión Pública, se permitiese a su vez aprobar un proyecto de ley de tanta incidencia económica como el que representa el señalado de función pública, obviando todas las exigencias de evaluación económica legalmente establecidas.

Frente a todo ello, el Departamento de Hacienda y Administración Pública, en el informe remitido al Justicia de Aragón en relación con la citada queja, señaló que el Gobierno de Aragón atendió la necesidad de cuantificar el coste de la implantación de la futura Ley señalado por el Consejo Consultivo e incorporó un análisis del impacto económico de las medidas que podían ser objeto de cuantificación, si bien la implantación de la carrera horizontal  no se podía valorar con precisión, quedando pendiente de su diseño definitivo y de las disponibilidades presupuestarias de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

El Justicia de Aragón encuentra razonables las explicaciones dadas por la Administración y, por ello, no constata irregularidad en el procedimiento aludido que justifique el desarrollo de su actividad de supervisión, por lo que procede a archivar la queja. Aceptando por nuestra parte la resolución adoptada, consideramos que tal decisión difícilmente se hubiera adoptado si se hubiese tenido acceso al contenido de la memoria económica, manifiestamente deficiente e incompleta y con errores flagrantes en su redacción, puestos de manifiesto desde esta Asociación.

En cualquier caso, y dado que los propios Grupos Parlamentarios parecieron conformarse con la más que deficiente cuantificación económica elaborada por el Gobierno, parece evidente que ni Gobierno, ni Cortes de Aragón ni Justicia de Aragón sienten particular interés por desterrar de la práctica institucional autonómica modos de técnica legislativa incompatibles con las nociones calidad democrática y responsabilidad pública. Así nos va.