Rebasado
ya en más de un mes el plazo en el que el Gobierno de Aragón debiera haber
remitido a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
seguimos ignorando la posible fecha de aprobación del Proyecto de Ley y, sobre
todo, sin conocer, de boca de algún miembro del Gobierno, las razones que
puedan explicar –que no justificar, pues el incumplimiento de las normas no
puede admitirse en un Estado de Derecho- la demora acumulada, con manifiesta y
reiterada vulneración del plazo establecido por el Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Es
triste constatar, para la calidad de nuestra democracia y el respeto de la
legalidad, la distancia creciente entre lo que dicen las normas y lo que hacen
los Gobiernos, y triste soportar el daño que tales prácticas ocasionan a la
credibilidad de nuestras instituciones y a la fortaleza del Estado de Derecho. El
gobierno de las normas queda, así, desplazado una y otra vez por la voluntad
arbitraria de los gobernantes, demostrando éstos su incapacidad para dar
cumplimiento a las leyes, lo que debiera inhabilitarles para el ejercicio del
poder en una democracia. Un poder ejecutivo incapaz de ejecutar las leyes, y de
ajustar su acción a la ley, queda abiertamente desvirtuado.
Así,
nos encontramos con un Gobierno que, en el mes de noviembre, no ha sido capaz
de aprobar el proyecto de ley de presupuestos del ejercicio próximo –incumpliendo
con ello el Estatuto de Autonomía de Aragón-, pero que ha procedido a un cierre
anticipado del ejercicio en curso, mediante Orden de 6 de octubre de 2014, del
Departamento de Hacienda y Administración Pública, en unos términos que, a
nuestro juicio, contravienen los principios básicos de la legalidad
presupuestaria.
Todo
ello nos lleva a preguntarnos si los Presupuestos que anualmente aprueban las
Cortes de Aragón cumplen su verdadero papel de decidir el destino del gasto público,
y si el Gobierno de Aragón, al confeccionar el Proyecto de Ley, realmente
ejerce una labor de asignación rigurosa de los recursos disponibles para
atender los fines y obligaciones de las distintas políticas públicas.
Creemos
que la técnica presupuestaria, en la actualidad, muestra gravísimas carencias
de calidad en todas sus fases: en la confección de las cuentas por parte del
Gobierno de Aragón –con una ausencia de análisis básicos sobre costes y
necesidades-, en su debate y aprobación por parte de las Cortes de Aragón –con
una insuficiencia manifiesta de tiempo y de información-, en su posterior
ejecución por parte de los distintos Departamentos de la Administración
autonómica –con una abusiva utilización de las modificaciones presupuestarias y
una deficiente gestión y fiscalización económico-financiera- y en su control
externo final, por la dificultad de hallar la correspondencia entre lo aprobado
y lo realmente gastado y de poner al alcance del Parlamento y de los ciudadanos
información clara y accesible sobre la legalidad, eficacia y eficiencia del
gasto.
Los
abusos y la mala gestión –fenómenos ambos que conviven en la ejecución
presupuestaria de las Administraciones Públicas- se ven propiciados en gran
medida por la cada vez más deficiente técnica presupuestaria aplicada en el
sector público, de la que tenemos claro ejemplo en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Cuando el Presidente de la
Cámara de Cuentas reclama más medios para ejercer su labor de
control, olvidando que el control de calidad ha de asegurarse en origen, revisando
los procesos deficientes, creemos que desvía la atención del problema real. Hay
que corregir en profundidad las distintas fases del ciclo presupuestario. Sin
una buena presupuestación –de la que hoy carecemos clamorosamente- y una mejora
de la ejecución y del control interno, el control externo posterior reservado
a la Cámara de
Cuentas constituye una tarea ímproba y estéril.
4 comentarios:
Una enmienda conjunta del PP y el PAR al proyecto de Ley de la Función Pública que remitió el Gobierno tras celebrar el consenso alcanzado con los sindicatos está a punto de romper el acuerdo alcanzado. Se trata de la enmienda 87, en la que se pretende congelar la entrada en vigor de un artículo que acababa con la consolidación de un derecho retributivo que alcanzaban los funcionarios de libre designación al aumentar su categoría profesional. Esto sucedía a aquellos funcionarios que eran nombrados políticamente para ejercer labores técnicas en determinadas jefaturas.
Esta enmienda plantea ahora la posibilidad de que los aproximadamente 150 puestos de libre designación que, en un hipotético cambio de Gobierno estaban abocados a volver al complemento del último puesto obtenido por concurso, mantengan ahora la categoría máxima alcanzada tras su nombramiento a dedo. Esta situación ha generado malestar en la mayoría del funcionariado por considerarlo un agravio dentro de la administración pública, y más en pleno debate de la transparencia.
Esto ha propiciado además el malestar de los sindicatos, que dan por roto el consenso que alcanzaron con el Ejecutivo autonómico para sacar adelante esta ley. Francisco José González, secretario general de la sección sindical de CCOO en la DGA, aseguró ayer que "deben plantearse la retirada de la enmienda o damos por rota la buena voluntad para sacar adelante los cinco decretos que deben redactarse para el desarrollo de la ley".
González indicó que se produce una "auténtica discriminación" y un fenómeno "perverso" al proteger "puestos nombrados políticamente y consolidar sus niveles cuando lo justo sería que volvieran al nivel anterior que tenían antes de su nombramiento". A juicio de CCOO, el mantenimiento de estos complementos, que afecta a unos 150 funcionarios con salarios superiores a 50.000 euros al ser de las categorías más altas quiebra la transperencia. Solo 70 de ellos son jefes de servicio, en algunos casos incluso con licenciaturas ajenas a los puestos que desempeñan.
"Nos aseguraron que los grupos que apoyan al Gobierno no presentarían enmiendas de calado político a un proyecto de ley que corregía los desórdenes de la función pública y la hacía más transparente, pero al final no ha sido así. Los puestos de libre designación, que eran la palanca política que al final controlaba la administración, seguirán manteniendo unos complementos obtenidos políticamente, cuando con esta ley se acababa con ello", señaló González, quien lamentó que la mayor parte de los funcionarios no puedan ascender más allá del nivel 26 y estos funcionarios de libre designación sí tengan la oportunidad de seguir aumentando hasta el máximo nivel, el 30.
epa
Podemos, el partido liderado por Pablo Iglesias, ha difundido este miércoles un vídeo titulado 'Caerán todos' con el que pretende denunciar que la "corrupción es una pandemia que ha carcomido" la democracia española y que se ha convertido en "una forma de gobierno". En el mismo lanza un aviso: "Van a caer todos".
"La foto de la corrupción es la metáfora de un régimen político en descomposición. Ya no se trata de una u otra rama, es el árbol entero el que está podrido", asegura la voz del propio Pablo Iglesias en el vídeo, en el que recogen algunos de los casos de corrupción que afectan a los principales partidos e instituciones del Estado.
El vídeo comienza con el caso Bárcenas y la publicación de los papeles del ex tesorero del PP en los que se recogen sus anotaciones sobre supuestos pagos en B a los dirigentes del partido, y continúa con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de Andalucía, recordando la noticia sobre la petición de la juez Mercedes Alaya de imputar a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
A continuación, Podemos recuerda el caso más reciente de las tarjetas B que usaban los directivos de Caja Madrid; el caso Nóos, en el que están imputados la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin; y la reciente imputación del ex secretario general del PP Ángel Acebes en el caso Bárcenas, momento en el que Podemos aprovecha para hacer un repaso de los miembros del último Gobierno de José María Aznar que han sido imputados en un caso de corrupción.
Antes de finalizar con la operación Púnica y la detención del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, Podemos recoge en su vídeo un fragmento de la comparecencia del ex presidente catalán Jordi Pujol en el Parlament a finales de septiembre, del que toman su advertencia del "van a caer todos" para dar título al vídeo.
"Van a caer todos y será responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política. Si vas tocando la rama de un árbol, al final acaba cayendo todo el árbol. Caerán todos", aseguró entonces el ex presidente. "No se ponga nervioso señor Pujol, quédese tranquilo, que como usted van a caer todos", le responde Pablo Iglesias en el vídeo, que concluye con una foto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Podemos ha lanzado este vídeo el mismo día en que la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) les ha situado como tercera fuerza política en estimación de voto, por detrás del PP y el PSOE, y como la primera opción en intención directa de voto, resultados que, no obstante, ellos toman "con cautela".
el mundo
El extremismo creado por la ira puede resumirse con un ¡Que se joda el Capitán que yo no como rancho!. Muchos queremos que caigan todos, pero en los extremos y el odio no están las soluciones y el crecimiento. ¡Valores, ciudadanos, tenemos que creer en valores y vivirlos!
Todo esto está muy bien, pero yo me pregunto ¿pretende Podemos llegar a gobernar España y hacerlo bien o solo enchironar a los corruptos y acabar con el resto de partidos tradicionales? Es que de lo primero apenas les he escuchado alguna propuesta seria a tener en cuenta.
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