REGENERACIÓN: HAY QUE DISTINGUIR PROBLEMAS Y DIFERENCIAR MEDIDAS.

Cuando todo parece caber bajo la rúbrica de la “regeneración”, creemos que se impone precisamente todo lo contrario, pues no puede formularse un catálogo de propuestas sin señalar el objetivo que se persigue con ellas, y el efecto que tal medida produce en el conjunto del actual diseño institucional. Reducir el número de diputados de un Parlamento poco tiene que ver con el buen gobierno institucional, y acaso más con el recorte del gasto público, pero también afecta negativamente al pluralismo político o altera la representación territorial equilibrada. No es posible aprovechar la reclamada regeneración para presentar como regeneradoras medidas claramente oportunistas que nada tienen que ver con lo que demanda la sociedad.

Hay realidades distintas, pero forman parte de un sistema de gobierno global, por lo que todas ellas se hallan finalmente interrelacionadas. Los partidos políticos requieren un tratamiento, el régimen electoral otro, el funcionamiento institucional otro y la corrupción, es decir, su prevención y sanción otro. Poco tiene que ver, por ejemplo, revisar la circunscripción electoral con la corrupción.

Poco o nada se dice en las propuestas de regeneración que se vienen formulando sobre la crisis de legalidad de nuestro sistema administrativo, o sobre el proceso de desprofesionalización vivido en nuestra función pública. Más determinante sería acometer estas carencias que limitar mandatos de los titulares de las instituciones. Frente a la limitación temporal de los mandatos, resulta más decisiva para la calidad democrática la limitación material que impone el respeto a la legalidad, reforzando todos los mecanismos de control que impiden a los responsables políticos ignorar los principios y derechos que vienen a reconocer y proteger las normas legales.

El problema del buen gobierno es inseparable del problema de la buena administración, pero parece que no existe verdadera voluntad de fortalecer la profesionalidad e imparcialidad de la Administración para garantizar el principio de legalidad en la aplicación de las normas y asegurar la satisfacción del interés general frente a intereses privados o de partido que, con frecuencia, tuercen la recta aplicación de las normas.

Es imposible conceder credibilidad a propuestas de regeneración institucional a quienes, al mismo tiempo, promueven un Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón como el que se tramita actualmente en las Cortes de Aragón. O no aprueban como exige la Ley una Oferta de Empleo Público anual, con inclusión de las plazas ocupadas por funcionarios interinos. O no respetan los plazos del Estatuto de Autonomía al aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos. O no respetan la legalidad presupuestaria al acordar el cierre del ejercicio presupuestario. 

Quien no se siente vinculado por la Ley en el ejercicio de sus responsabilidades públicas difícilmente puede formular propuestas creíbles en materia de buen gobierno, sobre todo si se olvida que es imposible establecer un buen gobierno sin dotarse a la vez de una buena administración.