NECESIDAD DE UN PROYECTO AGLUTINADOR.

Los ciudadanos hacen bien en reclamar comportamientos éticos a los responsables públicos y en censurar la corrupción. Censurar la corrupción desde la reivindicación de la ética, claro, y no desde su instrumentalización oportunista. No es ético el que denuncia simplemente porque no puede participar de los beneficios de una trama, o el que interesadamente calla frente a la corrupción que le favorece. Hay denuncias objetivamente valiosas –como lo son a veces los ajustes de cuentas entre bandas rivales-, pero éticamente vacías, inconsistentes.  La lucha contra la corrupción no puede limitarse a la denuncia contra los corruptos, aunque la sanción sea indispensable, para que la cultura de la impunidad desaparezca. Es necesario algo más, hace falta que se modifiquen las circunstancias que han favorecido la generalización de los abusos. Hace falta una estrategia de prevención y un enorme esfuerzo de educación ética de nuestra sociedad: hay que recuperar la honradez como valor frente a la idea del enriquecimiento como éxito social.

Hay que trabajar en las instituciones, pero tanto o más en la sociedad. Hay que hacer una sociedad que no sea permisiva con la corrupción, sencillamente porque repugne a los valores cultivados por las personas en su vida personal, en su trabajo y en sus relaciones con los otros. La mejor estrategia para regenerar nuestra democracia es la de afirmar los valores cívicos en la convivencia social entre los propios ciudadanos. El respeto y la colaboración, la solidaridad y la confianza en el seno de la sociedad civil han de conformar el clima moral de un país, en el que la corrupción debe representar una anomalía, una excepción reprobable, y no una manifestación más del cinismo social imperante. Una sociedad en la que estén presentes la indiferencia hacia el otro o el desprecio al prójimo, el egoísmo, la envidia y la mentira, o donde las relaciones sociales carezcan de vínculos sólidos de cordialidad y cooperación, es una sociedad que en sí misma contiene el germen de la corrupción, y todas las instituciones públicas y privadas se verán lastradas por la ausencia de valores sólidos en los individuos y en los grupos sociales.

Toda sociedad o colectivo humano están llamados a buscar objetivos comunes que favorezcan el bienestar y el libre desarrollo de cada uno de sus miembros. Pretender únicamente el interés personal es, sin duda alguna, el camino seguro para arruinar el destino común y, con él, el propio de cada cual, pues no es posible salvarse individualmente del naufragio colectivo. Necesitamos darnos objetivos compartidos, tomar decisiones que nos conciernen a todos, en las que deben tomarse en cuenta los intereses y las circunstancias de todos –con vocación global e inclusiva, cuidando de la salud general e individual- y para ello nos hemos dotado –después de innumerables sacrificios a lo largo de la historia- de instituciones públicas y mecanismos de participación y representación política democráticos. 

Ética y democracia son los dos elementos esenciales para resolver no solo la corrupción pública que hoy parece abrumarnos –pero que es necesario objetivar, y analizar en perspectiva-, sino para serenar el debate social y encauzarlo de manera constructiva, positiva, favorable para formular un proyecto de convivencia que aglutine los esfuerzos y las capacidades de todos. Una de las peores realidades que sufrimos es el acelerado empobrecimiento colectivo, el despilfarro de recursos disponibles por falta de impulso, cohesión y compromiso, por la falta de buen gobierno en nuestras instituciones y por exceso de catastrofismo en los análisis de unos y de sectarismo en las decisiones de otros. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, si puede servir de reflejo del momento actual de nuestro país, muestra hoy la descomposición que se deriva de la ausencia de valores y de un proyecto aglutinador capaz de convocar el esfuerzo de todos, resultado inevitable, entre otros factores, de un mal gobierno como el padecido a lo largo de esta legislatura.