Hace
aproximadamente dos meses dirigimos, desde esta Asociación, una petición al
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, para solicitarle
que revisase el uso claramente abusivo de la libre designación en la provisión
de puestos de trabajo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Hasta el
momento, el escrito de petición formulado no ha merecido ni el acuse de recibo
que impone la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Acaso por
desconocimiento de la Ley,
o por desconocimiento del derecho fundamental ejercido.
A
falta de respuesta –más allá de la contestación dada a una pregunta formulada
por el Grupo de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, en la que el Consejero
entendía ajustada a Derecho la situación existente-, el Boletín Oficial de Aragón
nos ha venido a recordar la criticable situación, con nuevas convocatorias de
provisión de puestos mediante el procedimiento de libre designación, incluida
una jefatura de unidad técnica de nivel 25.
La
discrecionalidad de que se ha dotado el Gobierno de Aragón para proveer las
plazas de este organismo público –para entender la situación basta con recordar a sus promotores- es campo
abonado para la arbitrariedad en los nombramientos y ceses, y un claro elemento
de menoscabo de la imparcialidad de quienes desempeñan tales puestos. Hay
funciones que requieren una garantía de inamovilidad que permita una total
inmunidad de los profesionales que las ejercen frente a cualquier tipo de presión
o indicación indebida.
La
defensa de los valores ambientales es, sin duda, una de esas áreas o funciones, a la vista de
los fuertes intereses económicos y políticos que llevan a sacrificarlos ante actuaciones que pueden generar beneficios a corto plazo para sus promotores,
sin importarles las consecuencias futuras para el medio ambiente y para la
población. El ejemplo de la contaminación del lindano en la cuenca del río Gállego
nos debiera hacer reflexionar sobre la trascendencia de esta cuestión.
Reiteramos, por ello,
al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la petición de que se
revise el estado de los puestos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
pues la protección del medio ambiente ha de contar con unas condiciones que
aseguren a los profesionales encargados de la misma la máxima garantía de
profesionalidad y de imparcialidad, pues el interés general se halla
especialmente en juego en esta área de la gestión pública.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Consejero
Modesto Lobón:
“Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Gobierno
de Aragón
Plaza
San Pedro Nolasco, 7
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 19 de noviembre de 2014.
Estimado
señor:
Me
dirijo nuevamente a usted, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa,
entidad comprometida con los valores de la legalidad, la profesionalidad y la
ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, para reiterarle
nuestra especial preocupación por el abuso de la libre designación como forma
de provisión de los puestos de trabajo de perfil técnico del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental (INAGA).
El
Boletín Oficial de Aragón contenía ayer una convocatoria de provisión, por el
procedimiento de libre designación, de un puesto de jefe/a de unidad técnica,
de nivel 25, cuyas funciones vienen descritas del modo siguiente: “Redacción y
elaboración de informes y propuestas de evaluación ambiental de proyectos y
actividades; tramitación, control y seguimiento de expedientes administrativos
de contenido ambiental”. Como ya le indicábamos en un anterior escrito, de
fecha 22 de septiembre de 2014, basta una simple consulta de la relación de
puestos de trabajo de dicha entidad de Derecho público, publicada en el Boletín
Oficial de Aragón núm. 23, de 3 de febrero de 2014, para comprobar que la
totalidad de sus puestos de carácter técnico tienen establecida como forma de
provisión la libre designación, reservándose la forma de concurso
exclusivamente para el personal de apoyo administrativo.
La
libre designación, como forma generalizada de la provisión de puestos técnicos
de dicho Instituto, pone en entredicho no solo los criterios de mérito y
capacidad para su cobertura, al primar la discrecionalidad del órgano
competente para resolver su provisión, sino también la imparcialidad en el
desempeño de las funciones de control que corresponden al personal técnico de
dicha entidad, y que se concretan en tareas de evaluación y control
ambiental. Estas tareas no pueden recaer
sobre un personal que puede ser libremente removido por los responsables
políticos, pues tal situación necesariamente coarta y condiciona su labor de
control.
El
hecho de que una parte importante de dichos puestos técnicos se hallen
ocupados, además, por personal interino, que ni siquiera se beneficia de la
garantía de la inamovilidad propia de los funcionarios de carrera, aún agrava
más la situación, pues debilita en mayor medida el rigor técnico con el que
debe actuar un organismo de las características del INAGA.
Por las razones expuestas, y nuevamente al amparo
del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, le solicito que imparta las instrucciones oportunas
para que por parte de los responsables administrativos del citado Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), en coordinación con la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, se revisen las características de los puestos de
trabajo de dicho Instituto en lo que afecta a su forma de provisión, para
corregir el claro abuso de la utilización de la libre designación en que se
incurre, aplicándose a los mismos similares criterios a los establecidos para
las estructuras departamentales, donde las jefaturas de unidad se proveen
mediante concurso. Con ello no solo cabrá corregir la anómala situación
existente en el INAGA en relación al conjunto de la Administración
autonómica, sino que se reforzará la profesionalidad e imparcialidad en la
actividad de un organismo con relevantes funciones de evaluación y control
ambiental, ámbitos idóneos para que la actividad técnica de los profesionales
de dicho Instituto se vea reforzada por su inamovilidad en el puesto de
trabajo.
Aprovecho
asimismo para recordarle nuestro anterior escrito de petición de 22 de septiembre
de 2014, de similar contenido al presente, toda vez que el mismo no ha recibido
la tramitación prevista por la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, a la que debe
ajustarse ese Departamento.
Agradeciéndole de antemano su atención,
reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
4 comentarios:
a Fiscalía ha abierto una investigación para dirimir posibles responsabilidades penales por la contaminación de las aguas del aragonés río Gállego, que ha dejado sin suministro de agua potable a varios municipios ribereños. Lo primero que tendrá que determinar es el origen de la contaminación, cómo acabaron al río Gállego, desde el pasado verano, altas concentraciones de lindano, un insecticida de alta toxicidad que la empresa Inquinosa (cerrada en 1992) fabricó en Sabiñánigo (Huesca) entre 1974 y 1989.
La fabricación dejó en la zona una tremenda cantidad de residuos tóxicos que han contaminado terrenos y que suponen un foco de alto riesgo para el medio ambiente.
En mayo comenzaron obras de traslado de residuos, adjudicados a una empresa privada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, que dirige Modesto Lobón.
En verano se produjo la contaminación, aunque no fue hasta finales de septiembre cuando el Ejecutivo autónomo lanzó la alerta sanitaria que prohibió consumir agua potable en varias localidades ribereñas, prohibición que llegó a afectar durante días a más de 5.000 personas. De hecho, la situación aún afecta a varias localidades en las que todavía no se ha normalizado el suministro de agua potable.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil formalizó una denuncia por estos hechos, que está siendo tramitada por la Fiscalía desde los juzgados de Jaca (Huesca). La denuncia se formalizó días antes de que el Gobierno aragonés confirmara públicamente que había altas concentraciones de lindano y de que emitiera la alerta sanitaria. El Seprona detectó anomalías, que habían sido denunciadas públicamente por Ecologistas en Acción, entidad que advirtió de que en la extracción y traslado de las tierras tóxicas no se cumplían las normas de seguridad necesarias.
Vecinos y ayuntamientos del Gállego impulsan el movimiento 'Lindano no'
Varios vecinos y ayuntamientos usuarios del río Gállego han impulsado en Biscarrués (Huesca) el movimiento 'Lindano no', que exige unos abastecimientos alternativos para el agua de boca tras la contaminación por este pesticida que han sufrido seis municipios recientemente y un "compromiso firme" y con recursos económicos para la descontaminación de todos los focos y del río "para erradicar el problema antes que llegue a la cadena alimentaria".
ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)
Varios vecinos y ayuntamientos usuarios del río Gállego han impulsado en Biscarrués (Huesca) el movimiento 'Lindano no', que exige unos abastecimientos alternativos para el agua de boca tras la contaminación por este pesticida que han sufrido seis municipios recientemente y un "compromiso firme" y con recursos económicos para la descontaminación de todos los focos y del río "para erradicar el problema antes que llegue a la cadena alimentaria".
Desde este movimiento también quieren lograr "el acceso a una información transparente por parte de las Administraciones, que haremos llegar a toda la población afectada", así como "estudios sobre nuestra salud y restitución territorial por los daños causados por el mayor problema medio ambiental de Europa", ha informado en una nota de prensa.
Este colectivo reúne a afectados por la contaminación por lindano y quiere ser "un movimiento popular que aune a todos los pueblos de la Cuenca del Gállego y de sus usuarios directos, los que bebemos de él, los que vivimos de él, los que trabajamos con él".
Así, se calcula que hay "unas 60.000 personas afectadas o amenazadas" por esta contaminación, desde Sabiñánigo (Huesca), donde está el origen de la contaminación, hasta cerca de la ciudad de Zaragoza, estando perjudicadas actividades como el turismo, la ganadería, la agricultura y la piscicultura.
Desde este movimiento han criticado "la gran falta de información, por no decir ocultismo, de las Administraciones", además de que han explicado que sufren "picos de contaminación" ante los que se han puesto "parches pasajeros" por lo que han reclamado "soluciones definitivas a corto, medio y largo plazo".
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