RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012: CAMBIOS NECESARIOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA RESPETAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

No resulta admisible el tratamiento que da el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, en su disposición adicional décima, a la recuperación de la paga extraordinaria de 2012 por el personal del sector público. Lo que se suprimió con carácter básico, en el conjunto de las Administraciones, ha de reponerse con carácter básico, en iguales condiciones para todo el personal del sector público, sin establecer un régimen diferenciado entre el sector público estatal y las restantes Administraciones, y, por supuesto, sin condicionar el abono de la parte de la paga extraordinaria que se repone (equivalente a los 44 días devengados en el segundo semestre de 2012), al cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria por parte de las distintas Administraciones.

El régimen de abono previsto en la disposición adicional décima del Proyecto de Ley de Presupuestos creemos que contraviene el régimen básico retributivo de los empleados públicos, al fijar condiciones diferentes para la percepción de retribuciones básicas por el personal del sector público. De acuerdo con el artículo 22.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, “las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias”. Dichas retribuciones son iguales en todas las Administraciones Públicas y su cuantía viene fijada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Quebrar la igualdad retributiva en dicho ámbito supone una vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el principio de igualdad ante la Ley.

No cabe admitir que el abono parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, con el que parece buscarse una solución extraprocesal ante las numerosas sentencias de los Tribunales que han condenando a las distintas Administraciones a abonar la parte de paga extraordinaria devengada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, agrave la situación existente de desigualdad de trato en lugar de ofrecer una solución efectiva para todo el sector público, que permita restaurar, al menos, el respeto al principio de irretroactividad de normas desfavorables, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución.

El elemental respeto al principio de irretroactividad de las normas desfavorables, así como la garantía del principio de igualdad entre todo el personal del sector público en la percepción de las retribuciones básicas, que se deriva del modelo retributivo fijado en el Estatuto Básico del Empleado Público, obligaba al Gobierno al aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos y obliga ahora a las Cortes Generales a establecer un régimen de recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que garantice iguales condiciones de percepción para todos los empleados públicos a los que sigue sin abonarse la parte de la paga suprimida que ya se había devengado.

Mantener los actuales términos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, sin adecuar a los principios constitucionales la actual redacción de su disposición adicional décima, vendría a introducir una injustificada quiebra en la regulación básica de la función pública, directamente imputable a los órganos que tienen la responsabilidad expresa de asegurar la integridad de la legislación básica estatal. La quiebra del Estado de Derecho y del ordenamiento constitucional no solo es un riesgo derivado de los desafíos soberanistas, sino que también contribuyen a ello medidas legislativas que olvidan principios esenciales de nuestra norma constitucional y rompen, con ello, la unidad de la regulación básica del empleo público, generando injustas discriminaciones y debilitando la autoridad de las instituciones estatales.

Por todo ello, esta Asociación va a considerar dirigirse al Gobierno responsable del Proyecto de Ley de Presupuestos, a los Grupos Parlamentarios del Senado –una vez concluida la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley- y al Defensor del Pueblo, para reclamar una modificación de la disposición adicional décima del Proyecto, con el fin de asegurar que las condiciones de recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 sean conformes a la Constitución Española y congruentes con el modelo retributivo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.