Tras
dirigirnos este pasado lunes a los Presidentes del Congreso de los Diputados y
del Senado, al amparo de los artículos 29 y 77 de la Constitución
Española, solicitando que los órganos de gobierno de ambas Cámaras
adopten las medidas necesarias para asegurar que los derechos y prerrogativas
de que gozan los miembros de esa Cámara se utilizan exclusivamente en el
ejercicio de sus funciones parlamentarias, hemos dirigido igual petición al
conjunto de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras.
Las
declaraciones públicas realizadas ayer por el Presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, sobre la improcedencia de tales controles, exigen una
expresa rectificación para no dañar de manera irreparable la imagen del
Parlamento. Los representantes de la
Nación, como cualquier otro ciudadano, están sujetos a la
ley, y el cumplimiento de sus obligaciones legales debe ser objeto de expresa
supervisión. En una democracia ningún poder público pueda quedar exento de
control, ni puede arrogarse la facultad de no rendir cuentas del uso de fondos
públicos. Pretender lo contrario es desconocer la naturaleza propia de un
sistema de gobierno democrático.
Un
poder democrático es un poder controlado, limitado por la ley. La separación de
poderes y la autonomía presupuestaria de que goza el Parlamento,
constitucionalmente reconocida, no incluye ni mucho menos la libertad para
destinar los fondos públicos a fines distintos a los expresamente autorizados.
El
Presidente del Congreso de los Diputados, con sus declaraciones, incurre en un
evidente olvido de sus funciones, entre las que figura asegurar el cumplimiento
del Reglamento de la Cámara. Dicho
Reglamento establece que los derechos económicos de los diputados lo son
exclusivamente para el cumplimiento de su función parlamentaria. No resulta posible, por
lo tanto, percibir indemnización alguna o aplicar gastos de viaje a desplazamientos
que resulten ajenos a la actividad parlamentaria, entre los cuales no han de
figurar solo los de carácter privado, sino también los que se realizan por meras actividades de partido, al margen de toda actividad
parlamentaria.
Errar
es humano, y corregir unas declaraciones desafortunadas e inaceptables como las
realizadas por el presidente del Congreso de los Diputados no solo es oportuno,
sino imprescindible para la salud democrática de nuestro sistema político. No
resulta posible que ninguna autoridad del Estado reclame el derecho a estar exento
de controles o rechace el ejercicio del control que le imponen las normas. El
que rechaza el sometimiento a las normas, con los controles que ello conlleva,
se inhabilita para el ejercicio de responsabilidades institucionales. Los
Grupos Parlamentarios tampoco pueden eludir la obligación que les corresponde
de corregir prácticas incompatibles con un principio tan básico como el de
rendir cuentas ante los ciudadanos que les han concedido su representación y
confianza a través del voto. Deben, por lo tanto, exigir una rectificación al
Presidente del Congreso y, sobre todo, modificar el actual estado de cosas,
impulsando un sistema de justificación y control de gastos que impida la
utilización abusiva de fondos públicos por parte de cualquier parlamentario.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo
Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados:
“Grupo Parlamentario Popular
Congreso de los Diputados
C/
Floridablanca, s/n
28071-MADRID
Zaragoza, 12 de noviembre de 2014.
Estimados
señores:
En
mi condición de Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa, entidad preocupada por la promoción de
medidas de buen gobierno y buena administración y por la defensa de los
principios de legalidad, profesionalidad y ética en el ejercicio de la función
pública, he dirigido a esa Cámara, de conformidad con los artículos 29 y 77 de la Constitución
Española, una petición al objeto de que por parte de sus
órganos de gobierno se adopten las medidas necesarias para asegurar que los
derechos y prerrogativas de que gozan los miembros de esa Cámara se utilizan
exclusivamente en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
Tras
las informaciones que han trascendido en los medios de comunicación sobre
posible utilización para fines privados de los derechos de transporte por parte
de determinados parlamentarios, y la inexistencia de obligación formal de
justificación de los gastos y de controles sobre los mismos, creemos que
resulta indispensable adoptar medidas para que tales abusos, en el caso de
haberse producido, no puedan reiterarse, adoptando para ello medidas de control
adecuadas, de manera que se requiera la justificación de que el desplazamiento
viene motivado por el cumplimiento de la función parlamentaria, sin que ésta
pueda dar cobertura no solo a desplazamientos privados sino tampoco a actos
estrictamente de partido, ajenos a la función parlamentaria.
El
artículo 8 del actual Reglamento del Congreso de los Diputados, entre los
derechos de los diputados, recoge el “derecho a las ayudas, franquicias e
indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su
función”, sin que dicho derecho, como resulta fácil deducir, pueda dar
cobertura a gastos de índole privada o de carácter estrictamente partidario.
Los
códigos de conducta y de buen gobierno que han de inspirar el comportamiento de
todos los responsables públicos obligan a trazar una línea divisoria clara
entre el ámbito de la función pública o institucional y la vida personal o
privada de los mismos, de manera que los fondos públicos previstos para cubrir
el desempeño de las funciones públicas no puedan ser indebidamente aplicados al
pago de actividades privadas o ajenas a la función pública para la que está
autorizado su uso.
No
es admisible en el funcionamiento regular de una institución que administra
fondos públicos la falta de existencia de justificación y de controles del
correcto uso de tales fondos, como parece evidenciarse de la información
publicada en prensa, por lo que creemos indispensable que por los órganos de
gobierno de esa Cámara se adopten las medidas oportunas para corregir tal
situación. Las actuales circunstancias de crisis institucional exigen señales
inequívocas de transparencia e integridad por parte de todos los responsables
públicos, y a ello ha de contribuir el régimen de control solicitado.
Por
todo ello, solicitamos de ese Grupo un expreso respaldo a la petición formulada
por esta Asociación, realizada de conformidad con lo establecido en los
artículos 29 y 77 de la Constitución
Española, para que los órganos de gobierno del Congreso de
los Diputados adopten las medidas precisas para que los gastos de transporte y
demás indemnizaciones de que gozan los miembros de esa Cámara por razones de su función queden sujetos a un régimen
adecuado de justificación y control que impida su aplicación a actividades
privadas o ajenas a la función parlamentaria, reflejando asimismo en el propio
reglamento de la Cámara
el régimen de fiscalización al que han de quedar sometidos sus actos de
contenido económico.
Agradeciendo
de antemano su atención, reciban un cordial y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
16 comentarios:
Los funcionarios de AGE recuperarán en la nómina de enero el 25% de la extra de 2012
EFE 12/11/2014
Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) recuperarán en la nómina de enero de 2015 el 25 % de la paga extra que fue suspendida en diciembre de 2012, según ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Durante su intervención en el pleno del Congreso donde se debaten las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, Montoro ha dicho que la recuperación de la "cuarta parte de la paga extra que se aplazó en 2012 ha sido posible porque la recuperación económica ha mejorado.
"La capacidad del presupuesto para 2015 así lo permite", ha dicho el ministro, tras recordar que también la tasa de reposición ha aumentado hasta una media del 50 % en los servicios fundamentales de la función pública para el próximo año.
"La tasa de reposición es mucho más amplia en 2015", ha afirmado, al tiempo que ha valorado los esfuerzos que han hecho los funcionarios en estos años de crisis económica y que han llevado a aumentar la productividad del sector público y a reducir sus tasas de absentismo laboral.
Sobre el absentismo laboral de los funcionarios ha dicho que se encuentra en niveles muy parecidos a los del sector privado.
"Reitero el agradecimiento del Gobierno a los funcionarios por su dedicación en estos años en los que han visto incrementar sus horas de trabajo, al tiempo que veían como sus sueldos y plantillas se veían contenidos".
No obstante, Montoro ha insistido en que el gasto en la función pública seguirá reduciéndose.
El PP rectifica sobre los viajes, pero los grupos lo ven insuficiente.
el pais
La presión de todos los demás grupos ha hecho que el PP empiece a rectificar en su oposición radical a controlar los viajes de los diputados y senadores. Sin embargo, el resto de partidos ven todavía insuficiente la propuesta de los populares y, además, temen que el control se difumine en una reforma del reglamento que no termina de llegar.
Tras rechazar la víspera el control de los viajes a través del presidente del Congreso, Jesús Posada, y del portavoz del PP, Alfonso Alonso, este último contactó con portavoces de los grupos para buscar alguna fórmula de control. La propuesta sobre la que trabaja también el diputado del PP José Antonio Bermúdez consiste en obligar a los diputados a especificar si los viajes que hacen son por su condición de políticos o no, sin más justificación.
el pais
Sin embargo, para otros grupos ese paso es insuficiente. Por ejemplo, el socialista Antonio Hernando insistió, durante la conversación, en su propuesta: que se obligue a justificar todos los viajes que no sean a la circunscripción del diputado y, si no se hace en 15 días, se descuente el importe de la asignación del parlamentario. Tampoco acepta el PSOE que esas limitaciones y la transparencia se pongan en marcha solo a partir de la próxima legislatura.
El grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se sumó a la presión y los diputados José Luis Centella y Joan Coscubiela plantearon a Posada que la institución publique en su web los viajes que realiza cada uno de los diputados, incluyendo su coste, y que lo haga como mínimo cada tres meses.
Posada es más partidario de que el control lo ejerzan los grupos parlamentarios y quiere evitar que sea la Cámara la que lo haga. Sin embargo, los portavoces pretenden que sea el Congreso y que el compromiso no se diluya en la intención de hacerlo en una reforma del reglamento que se eterniza en una ponencia y nunca termina de llegar. Los grupos creen que bastaría un acuerdo de la Mesa de la Cámara.
el pais
Está claro que la mayoría de los representantes públicos se revuelven como gato panza arriba en cuanto les nombran control de algún tipo. Llevan muchos años acostumbrados a no rendir cuentas a nadie y a que sus correligionarios de partido se tapen unos a otros. Por no hablar de lo que ya tienen legalmente, esas dietas y sobresueldos vergonzosos (empezando por el presidente de gobierno, que además de pagarle la Moncloa le pagamos 1.800 euritos al mes por residencia en Madrid, además de su sueldo), esas jubilaciones especiales que nadie tiene (excepto los jefes de la banca, claro, que por cierto también la estamos pagando nosotros) Una vergüenza.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado este miércoles que los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) cobrarán en la próxima nómina de enero la cuarta parte de la paga extra de Navidad que fue "desplazada" en 2012.
Los empleados públicos recibirán un pago en metálico correspondiente a los 44 días devengados entre el 1 de junio hasta el 14 de julio, cuando se aprobó el decreto de suspensión de la paga de Navidad. Precisamente algunos tribunales ya habían dictado sentencias que obligaban a varias administraciones a restituir estos 44 días porque consideran que los funcionarios ya habían generado ese derecho salarial cuando se les suprimió la extra. Incluso el Supremo había expresado sus dudas sobre la supresión de la paga extra de 2012. Por las dudas sobre su legalidad y porque el Ejecutivo quiere lanzar un guiño a los funcionarios antes de las elecciones del próximo año, los presupuestos recogerán esta devolución en metálico que apenas le costará 230 millones de euros.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para el debate del dictamen del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, en el que ha dicho que el Gobierno hará esta primera devolución después de que "ha comprobado que las condiciones económicas han mejorado y que la situación de las cuentas públicas lo permite".
Con todo, Montoro ha indicado que de acuerdo con los Presupuestos para el próximo año "el gasto de la función pública se seguirá reduciendo" a pesar de este desembolso en favor de los funcionarios. En este sentido, ha señalado que, gracias a la política de austeridad impulsada por el Gobierno desde finales de 2011 y al aumento de la productividad en el sector público, su volumen ha vuelto a niveles de hace 10 años y se ha logrado reducir el absentismo en la Administración hasta equipararlo al del sector privado.
el pais
La Xunta devolverá a sus empleados 200 euros en la nómina de enero.
la voz de galicia
A rebufo del anuncio realizado ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha avanzado hoy que los casi 95.000 empleados de la Administración autonómica y de las tres universidades de la comunidad recibirán junto con la nómina de enero un promedio de 200 euros por cabeza. Se trata del 12,5 por ciento de la extra de la Navidad del 2012, que fue suspendida. En el 2016, en fecha todavía por determinar, los beneficiarios de la medida obtendrán otro tanto.
En comparecencia de prensa tras la reunión semanal de su Gabinete, el jefe del Ejecutivo ha despejado las dudas sobre el calendario de abono a los funcionarios de una cuarta parte de aquella paga incautada. A diferencia de lo acordado por el Gobierno central para los profesionales del Estado, los ayuntamientos y las diputaciones (45.000 en Galicia), el retorno del dinero en este caso no se hará en una transferencia única, sino en dos y en sendos ejercicios fiscales. «Nós temos previsto facela [primeira] en xaneiro, [...] imos ver se tecnicamente somos capaces», ha explicado el dirigente popular.
la voz de galicia
La devolución del 25% de la extra a los funcionarios tiene truco
Según explican a El Confidencial Digital dirigentes de uno de los principales sindicatos de funcionarios, el dinero que va a devolver el ministerio de Hacienda en los primeros meses del año nuevo pertenece a los 44 días de esa paga extra a la que tenían “derecho de cobro” los funcionarios, al haberse aplicado la supresión el 14 de julio.
Tal y como se adelantó en este diario hace un año, la ley que eliminaba la paga entró en vigor 44 días después de que se hubiera generado esa retribución a los funcionarios: “a partir del 1 de junio se empieza a acumular dinero para la extra de Navidad”. Por ese motivo, los empleados públicos de toda España llenaron los juzgados de recursos contra la decisión de Hacienda.
Ahora, con las primeros procesos ganados por los funcionarios, “el ministerio sabía que vendría una oleada de sentencias a las que tenían que hacer frente”. Por ese motivo, Hacienda ha decidido devolver ese 25 por ciento “anticipándose a los acontecimientos”.
No lo recibirán todos los funcionarios
Además, explican las fuentes consultadas, la devolución de esa parte de la paga extra solo beneficiará, en un principio, a los funcionarios de la Administración General del Estado: “Así lo pone en el proyecto de Presupuestos”. Los empleados de las administraciones autonómicas, por tanto, “dependerán del Gobierno local de turno”.
En ese sentido, desde Hacienda reconocen que ni la Comunidad Valenciana, ni Cataluña, tienen intención, a día de hoy, de devolver ese 25 por ciento de la paga extra de Navidad eliminada por el Gobierno central en 2012.
Esa postura de los ejecutivos autonómicos afectará a grandes sectores de la función pública, como los profesores, sanitarios, policías locales... “Es una medida más electoral que práctica, ya que muchos se quedarán sin ese dinero”.
No obstante, apuntan las fuentes consultadas, la media del dinero que recibirá cada funcionario es de 250 euros, por lo que el gasto del ministerio “no es tan elevado”.
Dice Montoro que la paga extra se abonará porque la situación económica ha mejorado. A mi me gustaría que en las empresa privada se abonara el salario de los trabajadores si la situación económica de la empresa va bien, en otro caso deberían trabajar sin cobrar que es lo que hace Montoro con la función pública.
En cualquier caso dentro de poco nos manifestaremos en las urnas.
Salud.
El Congreso publicará cada tres meses un informe sobre los viajes de los diputados.
la voz de galicia
Efe
Madrid 18 de noviembre de 2014
El Congreso de los Diputados publicará cada tres meses en su web un informe global sobre los viajes de los diputados que paga la Cámara, ya sea a su lugar de residencia, a actos políticos de partido, o en delegaciones oficiales, sin perjuicio de que cada grupo pueda ampliar después esa información. Ésta la novedad fundamental del principio de acuerdo alcanzado por los principales grupos parlamentarios para establecer un sistema de control de los viajes de los diputados, después de la polémica abierta por los desplazamientos a Canarias del presidente extremeño, José Antonio Monago, durante su etapa como senador.
Según han informado fuentes parlamentarias, el principio de acuerdo, que será ratificado hoy en una Mesa extraordinaria del Congreso tras oír a la Junta de Portavoces, distingue tres tipos de viajes que pueden realizar los diputados. Por un lado están los desplazamientos a la circunscripción o al lugar de residencia, que deberán ser comunicados por el diputado al Gobierno Interior de la Cámara. En el caso de los viajes políticos de partido, el diputado deberá informar a su grupo parlamentario que, en el plazo máximo de quince días, deberá dar su aval a ese desplazamiento o, de lo contrario, deberá ser reembolsado por el parlamentario. Los viajes en delegaciones oficiales del Congreso, ya sea a destinos nacionales o internacionales, seguirán siendo autorizados por la Cámara como hasta ahora.
Florencio de Marcos Madruga. Es posible que a ustedes, como a mí hasta ayer mismo, este nombre no les diga nada. Y, sin embargo, don Florencio es hoy para mí un héroe nacional al que debería erigírsele un monumento, aunque solo sea por demostrarnos que existe todavía un gramo de decencia en este país y que no todos los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han perdido definitivamente la cabeza. ¿Y qué es lo que ha hecho don Florencio de Marcos Madruga, magistrado juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid, para recibir semejantes honores? Pues algo tan sencillo como poner negro sobre blanco lo que todo español decente pensó cuando vio a un sonriente Jaume Matas, condenado por un delito de tráfico de influencias y con 20 causas pendientes, saliendo feliz y contento de la cárcel, con su librito en la mano y todo, solo dos meses y medio después de ingresar en una prisión en la que solo pisó el módulo de enfermería y en la que su única actividad fue jugar al frontenis. «¡Qué escándalo!», pensaría cualquiera. Pero no el Gobierno, que concedió al expresidente de Baleares el tercer grado penitenciario en contra del criterio de los técnicos de la cárcel de Segovia en la que cumplía condena, por decir algo.
Sostiene don Florencio de Marcos Madruga, sin embargo, que otorgar el régimen de semilibertad a Matas «no tiene sentido», dado que el fin de la pena es la «reeducación del interno». Y que ese fin, obviamente, no se ha conseguido, ya que «no hay prueba alguna de la existencia del arrepentimiento, asunción del hecho, conciencia del daño causado y del descrédito causado a la Institución Pública». Para comprobarlo, añado yo, no hay más que ver la prepotencia con la que Matas dejaba atrás el talego, con sus manos en los bolsillos y la chaqueta colgada del brazo. Que solo le faltaba ya silbar. Asegura el juez que conceder el tercer grado a Matas es susceptible de proyectar sobre la comunidad una sensación de «cierta impunidad». Y tanto. Pero don Florencio, y ahí está su mérito, no se limita a revocar el tercer grado, sino que le endilga al Gobierno una soberana lección moral al afirmar en su auto que dejar libre a Matas «puede generar una ruptura en la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, en la validez del propio Estado de Derecho consagrado en el artículo primero de nuestra Carta Magna». Y remata brillantemente: «En una época de crisis económica, a la cual no es ajena una subyacente crisis de los principios y valores esenciales de la convivencia y solidaridad (véanse los escándalos económicos tanto en España como fuera de ella), las normas de protección de la sociedad no pueden verse arrastradas por tal corriente». Bravo. Ganas me dan de viajar a Valladolid a abrazar a don Florencio de Marcos Madruga por darme una oportunidad de creer que este país tiene todavía remedio. Pero, cuando compruebo que Matas no volverá a prisión porque ha recurrido el auto, mi entusiasmo decae.
gonzalo bareño
En corto Se conoce como adanismo el deseo (y la creencia de ser posible) de iniciar todo de nuevo, borrando de un plumazo la historia anterior de la realidad en que uno vive. En política, el adanista aspira a construir el sistema desde cero, anulando el que hay e inventando sobre la marcha uno nuevo. No hay que confundir al adanista con el revolucionario, pues éste, aunque aspira a cambiar de forma radical el estado de cosas, tiene un modelo final (por ejemplo, la sociedad sin clases) y al menos bien teorizado el proceso para llegar a él. En el adanismo, en cambio, en lugar de teoría revolucionaria hay una mezcla de ingenuidad, voluntarismo y arrogancia. De la Transición nació un régimen que hoy está en profunda crisis, pero que ha dado a España el más largo periodo de estabilidad, desarrollo y progreso social de su historia contemporánea. Su secreto es que en la Transición no hubo adanismo.
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