La
permanencia de instituciones autonómicas como el Justicia de Aragón y de órganos
de control de rango estatutario como la Cámara de Cuentas de Aragón parecen haberse
cuestionado en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA), constituida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, al entender que los mismos suponen una duplicidad de
los órganos estatales análogos, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal
de Cuentas.
Parece
razonable reclamar moderación a las Comunidades Autónomas y al resto de las
Administraciones Públicas, incluida por descontado la Administración
General del Estado, a la hora de crear órganos y estructuras
administrativas, para evitar su sobredimensionamiento y, en el caso autonómico,
no incurrir en la réplica innecesaria de órganos de carácter estatal.
No
parece, sin embargo, que ello pueda alegarse frente a la existencia del
Justicia de Aragón y de la Cámara
de Cuentas de Aragón, pues tanto uno como otro vienen a cumplir funciones de
control consustanciales a la organización del Estado autonómico. Una vez
descentralizadas las funciones legislativa y ejecutiva en el conjunto del
Estado, dando lugar a la constitución de Asambleas Legislativas y Gobiernos en
las distintas Comunidades Autónomas, nada cabe objetar al hecho de que el
control específico al ejercicio de tales funciones se lleve igualmente a cabo
por órganos propios de la Comunidad Autónoma
–con independencia de lo previsto en el artículo 153 de la Constitución
Española-, todo ello sin perjuicio de las relaciones de
colaboración que correspondan establecer entre dichos órganos con el Defensor
del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, respectivamente.
La
protección de los derechos de los ciudadanos, en los diferentes niveles de
gobierno establecidos en el Estado autonómico, y el control de la actividad
económico-financiera de las Administraciones Territoriales, son cometidos de la
máxima importancia para asegurar el buen gobierno y la buena administración, y
esta Asociación pudo comprobar la especial sensibilidad del Justicia de Aragón
para hacer respetar el ejercicio del derecho de petición cuando desde el
Defensor del Pueblo se desatendía, de manera incomprensible, su protección. No
hubo duplicidad en ese caso ni en tantos otros en los que ha intervenido el
Justicia de Aragón, como al emitir su informe sobre el estado del empleo público
de la Administración
autonómica o formular propuestas en materia de transparencia y buen gobierno. Lo
mismo cabe decir de la Cámara
de Cuentas de Aragón, al introducir en la gestión pública autonómica y local una
fiscalización ágil y próxima que fortalece y refuerza criterios de buena gestión
y de responsabilidad.
La
organización de sus instituciones de autogobierno es la primera competencia de
toda Comunidad Autónoma y su ejercicio no puede ser cuestionado legítimamente
por parte de la citada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA),
más allá del establecimiento de protocolos de colaboración entre las
instituciones estatales y autonómicas para evitar que se dupliquen actuaciones.
Es evidente que la realidad de nuestro país –con una crisis institucional
extendida por la falta de transparencia en la gestión pública y por los
numerosos casos de corrupción, con la correspondiente merma de los derechos de
los ciudadanos- aboga no por suprimir, sino justamente por reforzar todos
aquellos órganos –tanto estatales como autonómicos- que tienen como misión la
defensa y protección de los derechos de los ciudadanos y el control del gasto público,
para velar por su legalidad y eficiencia.
Resulta
difícil de comprender que tales circunstancias no sean tomadas en consideración
por parte de la citada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA),
que debiera abogar no por la supresión de órganos de control, sino por la
optimización de su función para reforzar el correcto funcionamiento
institucional.
8 comentarios:
Se decía en el blog de Antonio Arias Rodríguez:
El mes pasado, se hizo público documento de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, ya conocido por sus siglas CORA. De las 218 medidas propuestas, 118 se presentan para evitar duplicidades(7 de carácter horizontal y 111 de carácter sectorial) dirigidas a la consecución del principio «una Administración, una competencia».
El informe intenta reforzar los mecanismos de planificación conjunta o de gestión integrada en aquellos ámbitos en los que, “pese a no detectarse la existencia de duplicidades en sentido estricto, concurren competencias sectoriales y territoriales”. Así, tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica estudia la posibilidad de que “sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad” para lo que plantea que estos asuman las funciones realizadas por los órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia. etc.
La crisis económica obliga a replantear muchas instituciones, hasta ahora incuestionadas. Aunque el primer envite no pasó de ser una mera declaración de intenciones, no tengo ninguna duda de que el CORA resurgirá en el otoño pidiendo a las CCAA que asuman sus contenidos.
Duplicidades o eficiencia del gasto
Los órganos autonómicos de control externo hemos sido señalados con el dedo de la comisión así que, querámoslo o no formamos parte del problema y debemos justificar ante la opinión pública nuestra propia existencia, sin el viejo y fácil subterfugio nacionalista, sino apelando a los datos. Y si hay dispendios deberán sanearse.
Desde al aparición del informe hemos escuchado muchas voces defender la necesidad de “más control”. Sin ir más lejos, en un reciente artículo de El Mundo lo dicen sin tapujos (El ‘perpetuum mobile’ de la Administración) los catedráticos de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes y Francisco Sosa Wagner:
Los órganos de control como los tribunales de cuentas, consejos consultivos y defensores del pueblo están en la picota por el coste que su creación y su funcionamiento han supuesto ya que han multiplicado cargos de confianza y personal no seleccionado por procedimientos de competencia pública y se han instalado con frecuencia en sedes dispendiosas (…) En cuanto a los tribunales de cuentas, sorprende que cuando es indispensable reforzar la fiscalización de los fondos públicos, se defienda su supresión. Hay que decirlo claro: los tribunales autonómicos de cuentas, allí donde existen, no suponen duplicidad alguna con el de idéntico nombre del Estado pues sus atribuciones se encaminan a la fiscalización de la Administración autonómica y de las entidades locales. Pretender que se creen secciones nuevas en el Tribunal de Cuentas de Madrid es un simple cambio de escenario que carece de la hermosura de los teatrales. No se olvide que este Tribunal de Cuentas soporta ya un ingente volumen de trabajo y que, por ejemplo, este año 2013 está aprobando informes de fiscalización de los ejercicios 2008 y 2009.
Pero de todas las voces que se han alzado en la defensa, destaco al presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya (CCJCC), Daniel Faura, que ha calificado de “inaceptable” la propuesta de supresión de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, en el marco del XXIII Foro del Auditor que tuvo lugar la primera semana de julio con la presencia de 700 profesionales de toda España. En su opinión, la próxima Ley de Transparencia “puede servir de muy poco si se eliminan los instrumentos de control como la Sindicatura de Cuentas”, aunque sí que se ha mostrado partidario de una reforma urgente de los organismos fiscalizadores, para que ganen eficiencia, eficacia en su gestión y en las actuaciones profesionales y la oportunidad de sus informes.
Los auditores catalanes ponen el dedo en la llaga. Quizás algunas instituciones de control tienen un nivel de gasto que no se corresponde con la actual precariedad de los presupuestos públicos ni la economía de guerra en que se ha sumido a gran parte de la ciudadanía, parada, desahuciada o en estado de pobreza. Eso es otra cosa y debe reconducirse como ha dicho los presidente de la Comunidad Valenciana o de Castilla y León, si bien esa sangría económica propiciará la fuga de los mejores funcionarios.
El Gobierno calcula que si las comunidades autónomas acceden a suprimir sus Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas autonómicos se podría ahorrar en tres años casi 230 millones. Además, plantea la eliminación de los centros de estudios de opinión autonómicos, las agencias de protección de datos y las agencias de meteorología, con las que se ahorraría en tres ejercicios alrededor de 39 millones de euros.
Así se recoge en el informe detallado elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que ha publicado este martes el Ministerio de Hacienda y que incluye las 120 medidas de la subcomisión de duplicidades administrativas.
Este documento de más de 700 páginas, que ha recogido Europa Press, ya ha sido remitido a las comunidades autónomas, que son las que deben decidir si están dispuestas a aplicar en sus respectivos territorios estas propuestas para evitar duplicidades entre la Administración General del Estado y las autonomías.
En concreto, en el caso del Defensor del Pueblo hay un total de 11 comunidades con esta figura: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. En ellas la denominación no siempre es Defensor del Pueblo, sino que a veces es Ararteko, Sindic de Greures, Procurador, Valedor do Pobo o Diputado del común.
El Gobierno realiza una estimación aproximada del ahorro global en tres años si se suprimen, que cifra en 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1 millones). A su entender, esta medida permitiría optimizar los recursos, ya que, según subraya, el coste medio de tramitar una queja en los defensores autonómicos es de 78 euros frente a los 19 euros a nivel estatal.
Europa Press
Asimismo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destaca el bajo rendimiento de los recursos destinados a los Ombudsman autonómicos, ya que 346 personas tramitan 38.407 quejas mientras que en el estatal 165 tramitan 33.849 quejas.
En el caso de los Tribunales de Cuentas, el Gobierno recuerda que 13 comunidades cuentan con esta institución fiscalizadora en su territorio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia).
Si las comunidades autónomas decidieran eliminar estos órganos de control externo autonómico (OCEX), en tres años se podría ahorrar 136,7 millones, según los cálculos del Ejecutivo.
Entre las "ineficiencias" para poner en marcha esta medida destaca el "bajo rendimiento" de los recursos destinados a estos tribunales, la "desigualdad" entre comunidades al no contar todas con ellos y la "heterogeneidad en las estructuras, composición, funciones y resultados" de los diferentes OCEX.
LEÓN, 21 (EUROPA PRESS)
El Procurador del Común de Castilla y León (Defensor del Pueblo), Javier Amoedo, ha expresado este viernes su respeto hacia la recomendación del Gobierno de suprimir los Defensores del Pueblo, que en Castilla y León es la Institución del Procurador del Común, como medida de ahorro, aunque ha insistido en que estas entidades son necesarias y no suponen una duplicidad de funciones.
Al mismo tiempo que ha manifestado su respeto hacia la propuesta del Ejecutivo central, Amoedo ha precisado que será la Junta de Castilla y León la que tenga en su momento que tomar una decisión al respecto.
En este contexto, ha explicado que la eliminación del Procurador del Común de Castilla y León supondría una disminución de la defensa de los ciudadanos y ha hecho referencia a la cercanía que tiene esta Institución con la sociedad.
En cuanto al ahorro de gastos, Amoedo ha recordado que el Procurador del Común de Castilla y León cuenta con un presupuesto para el presente ejercicio de 2,1 millones de euros, un 38 por ciento menos que el pasado año.
Además, ha destacado que a pesar de este descenso de presupuesto, la Institución ha registrado un incremento de quejas, que han pasado de 2.400 en 2011 a 4.264 en 2012, casi el doble y en lo que va de año ya se han contabilizado 2.000 reclamaciones.
Javier Amoedo se ha pronunciado de este modo en León, con motivo de su presencia en el acto de inauguración oficial de la nueva sede de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Castilla y León (Aspaym).
Comentario:
Eso, y ya puestos a eliminar duplicidades, quitamos las consejerías y dejamos a los ministerios a su libre albedrío. Así, lo siguiente es quitar a los gobiernos autonómicos (pues ya no tendrían que gobernar) y el gobierno tomaría el control absoluto del país. . . ¿absoluto? ¿a que me suena eso? Ah! Si, a DICTADURA.
julia ruiz | Valencia El Ministerio de Hacienda hizo público ayer un informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en el que entre otras medidas se sugiere a las comunidades autónomas la eliminación de los organismos de fiscalización de las cuentas y los defensores del pueblo autonómicos. El Gobierno ha llegado a la conclusión de que eliminar estos órganos permitiría ahorrar casi 230 millones en tres años.
El estudio del departamento que dirige Cristobal Montoro cita los casos de las Sindicaturas de Comptes y la de Greuges, si bien no precisa su coste concreto. El informe se ha remitido ya al Consell y se tratará de llegar a un acuerdo si bien, en principio, la decisión estará en manos de las comunidades autónomas. El debate sobre la reducción o eliminación de órganos consultivos no es nuevo. De hecho, hace meses que el ministerio de Hacienda puso en ellos el foco en su batalla contra la duplicidad entre la Administración del Estado y las autonomías. Ahora bien el informe divulgado ayer aumenta la presión sobre el Gobierno autonómico ya que intenta demostrar la rentabilidad de suprimir estos organismos.
En su día el presidente Fabra recogió el guante lanzado por Madrid y promovió varias reformas legislativas para reducir los órganos estatutarios. Finalmente dejó fuera las sindicaturas citadas ahora por el Gobierno. Las Corts debaten en la actualidad varios proyectos para adelgazar los órganos consultivos, en concreto, el Consell Jurídic Consultiu, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura y el CES. Las iniciativas, con todo, carecen del respaldo de la oposición cuyos votos son necesarios para el tijeretazo.
Fabra ha manifestado en varias ocasiones que no está en su hoja de ruta acabar con los órganos de control. Ahora bien, en el contexto actual de recortes y con el aliento de Madrid respirando en el cogote del Ejecutivo, ninguna hipótesis es descartable. La decisión de Fabra de cerrar RTVV ha evidenciado que pocas cosas son en estos momentos intocables en la Generalitat cuando de recortar se trata.
No sé de qué os extrañáis. Los que sobran no van a decir que lo hacen, por más que lo hagan.
Y no nos pongamos estupendos, por favor, no seamos más pueblerinos que los nacionalistas, que el Justicia es una chorrada lo saben hasta los niños de teta, mu nuestra y mu majica pero una inutilidad. Como las jotas. Quien quiera jotas que se las pague, basta de "cultura" subvencionada, y el que quiera figuritas decorativas como el Justicia que suelte la tela y se lo lleve a su casa y le deje su boina, que vale ya de gastar el dinero a lo bobo.
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