OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: LO MUCHO OBTENIDO Y LO MUCHO QUE QUEDA POR HACER.

Esta Asociación es muy posible que se entere por el Boletín Oficial de Aragón, como cualquier otro ciudadano, de la aprobación de la Oferta de Empleo Público complementaria a las correspondientes a 2007 y 2011 que ha de acordar el Gobierno de Aragón a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para dar así cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de 2007 y 2011 por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, según exigían tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, vulnerando con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Desconocemos la fecha, los términos y el modo en que el Gobierno de Aragón vaya a dar cumplimiento a las dos sentencias obtenidas por esta Asociación, fruto del esfuerzo realizado para restaurar en el seno de las Administraciones Públicas el respeto al derecho de acceso a la función pública, pero tal decisión es inminente.

En la larga batalla jurídica sostenida para hacer posible que se repusiera a muchos ciudadanos el pleno ejercicio de su derecho de acceso a la función pública –derecho que muchos de nosotros ejercimos en su día y que deseamos que otros sigan ejerciendo en el futuro- hemos tenido que hacer frente a incomprensibles posicionamientos de los sindicatos de la función pública en nuestra Administración –en particular, UGT y CCOO, que no podrán celebrar el resultado de este proceso sino como la desautorización de una de sus más penosas actuaciones-, y a la cerrazón del Gobierno de Aragón, en años en que su opción preferencial era el sector público empresarial en detrimento de la función pública, con los resultados que ahora todos podemos apreciar en forma de abusos, desmanes y corrupción.

El resultado obtenido, sin duda parcial y no plenamente satisfactorio, responde al compromiso de esta Asociación con el Estado de Derecho y a la plena confianza en sus mecanismos, como son los Tribunales y el Ministerio Fiscal. 

La reivindicación de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española, sistemáticamente vulnerados por el Gobierno de Aragón en esta materia, en esta y en anteriores legislaturas, es esencial para devolver a la función pública su dignidad y restablecer sus señas de identidad, superando la “caricatura” de función pública que ahora tenemos, donde la arbitrariedad del poder político ha desplazado indebidamente el principio de legalidad y ha menospreciado el valor de la profesionalidad de quienes sirven en tal condición a las Administraciones Públicas.

Aunque celebremos el hecho de haber logrado reparar la vulneración de las leyes – pese a que el daño a muchas personas a las que se negó ilegal e injustamente el ejercicio de su derecho no será nunca resarcido-, la reivindicación de una Administración Pública comprometida e identificada con el Estado de Derecho no acaba aquí, pues el acceso a la función pública no es sino el modo de selección de los servidores públicos, cuya actividad y estatuto jurídico ha de preservarse a lo largo de toda su vida administrativa, para que cumplan adecuadamente las funciones que tienen atribuidas.

La defensa “abstracta” de la legalidad, con la que se trató de ridiculizar, desde muchos ámbitos, el empeño de esta Asociación dará paso, ahora, a la convocatoria “real” de cientos de plazas -casi tres mil- que indebidamente se habían negado a los ciudadanos en las ofertas de empleo público y en los procesos selectivos que correspondía aprobar y realizar por parte del Gobierno de Aragón y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En estos momentos en que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado pretenden suspender de forma inconstitucional el derecho de acceso reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, la ejecución de las sentencias a la que va a proceder el Gobierno de Aragón, de manera forzosa que no voluntaria, es solo el ejemplo de lo que se puede obtener con la defensa de la legalidad, sin contentarse con los sucedáneos irreconocibles de función pública que se nos pretenden imponer. Queda mucho por hacer, pues, tras la ejecución de las sentencias, es previsible que el Gobierno de Aragón vuelva al incumplimiento del derecho fundamental, amparado en la inconstitucional previsión de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Queda, así, por delante otra nueva batalla para que el Tribunal Constitucional declare la improcedencia de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado puedan suspender año tras año el ejercicio del derecho de acceso a la función pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, sustituyendo paulatinamente funcionarios públicos inamovibles por personal interino sin garantía alguna frente a la arbitrariedad del poder político.

No estamos luchando solo por el derecho al trabajo en la función pública –que corresponde a aquellos ciudadanos que demuestren mayor mérito y capacidad en procesos selectivos públicos-, sino sobre todo por la fortaleza profesional y ética de la función pública como elemento central de nuestro modelo de Estado social y democrático de Derecho, al ser aquella organización que ha de asegurar con objetividad el interés general y hacer realidad la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.