La
Constitución Española de 1978 cumple mañana 35 años. Es un motivo de
celebración para todos los ciudadanos de un país que ha sabido dejar atrás una
historia de enfrentamientos y exclusiones, para construir un proyecto
integrador de libertad y convivencia. La Constitución
Española vino a afirmar y garantizar los derechos
fundamentales y, con ello, el respeto a la dignidad humana de las personas como
misión fundamental de los poderes públicos, y quiso también reconocer y
asegurar el pluralismo territorial, con el establecimiento del derecho a la
autonomía de nacionalidades y regiones.
La
vida democrática española, a lo largo de estos treinta y cinco años, ha
permitido llevar a cabo trascendentales transformaciones y avances en nuestro
país, que ha pasado a ser un elemento indiscutido de la Unión Europea y del escenario
internacional, como promotor de la paz y de la solidaridad entre los pueblos
del mundo.
Estos
años no han estado exentos de dificultades y de tensiones –como el terrorismo
que ha tratado de desafiar, en vano, al Estado de Derecho y que solo ha sido
capaz de sembrar muerte y dolor injustificados-, pero la fuerza de los valores
y principios democráticos y la voluntad colectiva de los ciudadanos han servido
para hacerles frente y superarlos, y hoy contamos con un Estado social y
democrático de Derecho reconocible y un Estado autonómico plenamente
consolidado.
La
Constitución
Española
es una norma que ordena la vida pública y un programa de acción que marca
reglas y objetivos al conjunto de la sociedad, y sus contenidos siguen siendo
hoy la mejor propuesta posible para afirmar la libertad y la convivencia de
todos los españoles. Pero una Constitución, para no perder el vigor requerido,
precisa del constante respaldo de los ciudadanos y de los diferentes poderes
públicos, sin que ello impida promover las reformas que puedan entenderse
necesarias, desde el más amplio consenso político y social.
Como
ciudadanos y servidores públicos, reivindicamos el valor de la vigente
Constitución, cuya virtualidad sigue siendo determinante para establecer los
valores y los fines de nuestra sociedad y de nuestras instituciones públicas:
la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político siguen siendo
objetivos valiosos e imprescindibles, en los que aún debemos seguir avanzando.
La fortaleza de nuestra Constitución, sin embargo, requiere que la sociedad y
las instituciones corrijan aquellos comportamientos que socavan sus valores y
degradan la vida democrática, como sucede con el fenómeno de la corrupción o
con la insolidaridad social o territorial. Para hacer frente a los graves
problemas actuales de nuestro país, con su profunda crisis económica y
política, no hay mejor instrumento que nuestra norma constitucional, extrayendo
de ella los elementos de cohesión y consenso necesarios.
Desde
la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, creada en 2007, hemos tratado de reclamar de las instituciones
públicas de la Comunidad Autónoma
y del Estado, a lo largo de todos estos años, el respeto a derechos
fundamentales como el derecho de acceso a la función pública o el derecho de
petición, obteniendo el respaldo del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional frente a actuaciones arbitrarias del Gobierno de Aragón y de las
Cortes de Aragón. Hemos reclamado un compromiso firme e inequívoco contra la
corrupción pública, tanto política como administrativa, y un respeto a las
reglas de lealtad institucional que configuran nuestro modelo de Estado
autonómico, denunciando aquellas decisiones retributivas del Gobierno de Aragón
que vulneraban lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Aspiramos
a que la Administración
Pública cumpla el papel que la Constitución le
encomienda en la garantía del interés general, en la eficaz prestación de los
servicios públicos y en el aseguramiento de las leyes.
Celebramos
nuestra Constitución en su aniversario, pero reclamamos su respeto y
denunciamos y combatimos sus incumplimientos por parte de los poderes públicos,
cuando tenemos conocimiento, a lo largo de todo el año, pues tolerar
vulneraciones de
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