DEFENSA DEL DEFENSOR: POR UN JUSTICIA DE ARAGÓN CON MÁS FACULTADES DE CONTROL.

Hoy, al conmemorarse el aniversario de la ejecución del Justicia Juan de Lanuza, erigido ya en símbolo del régimen de garantías del que supo dotarse en su momento el Reino de Aragón, es unánime el respaldo a la existencia y continuidad de la institución del Justicia de Aragón, prevista en nuestro Estatuto de Autonomía.

Es cierto que el Justicia de Aragón, en su actual configuración, es una figura bien distinta de su antecedente histórico y guarda mucha similitud con el Defensor del Pueblo, al cual la Constitución Española ha dotado de especiales poderes jurídicos, como son la legitimación para promover recursos de inconstitucionalidad o recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, facultades de las que carece el Justicia de Aragón y que, en cierto modo, reducen su capacidad de acción en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Esa posición equiparable al Defensor del Pueblo, dentro de la ordenación institucional de la Comunidad Autónoma, ha llevado a los miembros de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida en el seno de la Administración General del Estado, a cuestionar su continuidad, incurriendo con ello en una clara intromisión en la capacidad de autoorganización de la Comunidad Autónoma y en el ejercicio de su competencia para la configuración de las instituciones autonómicas.

Si bien es importante preservar las facultades que asisten a la Comunidad Autónoma de Aragón en la configuración de sus instituciones propias, en el caso del Justicia de Aragón ha de ponerse el acento en la actual necesidad de instituciones que, en su calidad de poder público, permitan supervisar las actuaciones de las restantes instituciones y defender el principio de legalidad y los derechos de los ciudadanos frente a arbitrariedades administrativas, abusos o incumplimientos.

Sería altamente preocupante que en las actuales circunstancias, cuando se está produciendo un claro retroceso en la calidad de nuestro Estado social y democrático de Derecho, a causa de la crisis o con excusa de la crisis, y también por la falta de verdaderas convicciones democráticas y de vocación de servicio en muchas de las personas que ejercen responsabilidades públicas -cuya cara más alarmante es el nivel de corrupción pública existente-, los ciudadanos nos viéramos privados de aquellas instituciones que tienen por misión la defensa de nuestros derechos, quedando con ello más indefensos frente a los abusos de los poderes públicos que lamentablemente siguen produciéndose.

Si al Justicia de Aragón, como defensor de los ciudadanos, le toca combatir la arbitrariedad, la ilegalidad, el abuso y la inactividad de una Administración sometida a las leyes, a los ciudadanos nos toca en este momento defender al Defensor, porque no podemos ceder ante quienes pretenden suprimir garantías de nuestra condición de ciudadanos.

Por ello, desde esta Asociación, aprovechando el aniversario que hoy se conmemora, queremos manifestar nuestro completo respaldo a la existencia y continuidad de la institución del Justicia de Aragón, valorando su papel de defensa de los derechos de los ciudadanos, sin perjuicio de insistir en la necesidad de que sus facultades y cometidos deban ser reforzados, para que su función pueda contribuir de manera más decisiva en el logro de objetivos de buen gobierno y buena administración en nuestra Comunidad Autónoma, redundando todo ello en un mayor nivel de respeto de los derechos que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Aragón han atribuido a los ciudadanos.