LA ARBITRARIEDAD DEGRADA A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El factor que determina la legitimación social de la función pública y, por extensión, de las Administraciones Públicas es, por encima de cualquier otro criterio, el grado de respeto a la legalidad en el ejercicio de sus funciones. La razón de ser de la función pública y de la propia Administración es la aplicación de las leyes, contribuyendo con ello al ejercicio de la función ejecutiva que corresponde al Gobierno o Ejecutivo.

No cabe otra forma de proceder en un Estado de Derecho, y por ello los principios de legalidad o de seguridad jurídica no sólo son una exigencia para todos los poderes públicos sino también un resultado necesario de su correcta actuación. No es posible alegar, como hacen algunos responsables públicos, que estamos en un Estado de Derecho por el hecho de que sus decisiones arbitrarias pueden ser revisadas por los Tribunales. El Estado de Derecho no implica solo la tutela judicial de los derechos sino también el sometimiento al ordenamiento jurídico de todas las decisiones administrativas.

Si ello ha de ser así en las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, no lo ha de ser menos en las relaciones de servicio entre cada Administración y sus empleados públicos. La Administración ha de interiorizar las exigencias de legalidad en el trato dispensado a todos sus empleados públicos, pues una organización difícilmente puede hacer de la legalidad un valor propio presente en todas sus actuaciones si no determina también todas las decisiones que afectan a la política de recursos humanos.

De ahí la especial gravedad que revisten todas aquellas decisiones que, en materia de personal, se alejan del principio de legalidad para entrar en el campo de la arbitrariedad y del desprecio a los derechos y garantías jurídicas que corresponden a cada uno de los servidores públicos, y que, al margen del daño concreto que puedan causar a las personas afectadas, lanzan al conjunto de los servidores públicos un mensaje contradictorio con el necesario respeto de la legalidad.

La ley no puede ser suplantada por la voluntad o el capricho de ningún responsable público, pues el Estado de Derecho precisamente implica la sujeción de todos a las normas, sin que por lo tanto nadie pueda verse sometido a la voluntad personal de otro, pues cuando se aplican las normas no actúa la voluntad personal de quien la aplica sino la voluntad general que dio contenido a la norma. El respeto a las normas genera un clima de civilidad, respeto y seguridad, mientras que la arbitrariedad en que con frecuencia se incurre por quienes ejercen responsabilidades públicas destruye todos esos valores y degrada la convivencia y la dignidad de todos, pues no solo perjudica a quienes la sufren, sino también a todos los que la observan y consienten, admitiendo con ello el menoscabo de su condición.

Desde esta Asociación observamos con particular preocupación todas aquellas actuaciones que, en materia de política de personal, contravienen las exigencias de legalidad y constituyen simple expresión de la arbitraria voluntad de quienes toman decisiones que afectan a derechos de terceros. Procesos selectivos, nombramientos, ceses, concursos de méritos, comisiones, adscripciones y un largo etcétera de medidas de personal pueden contribuir a fortalecer el sentido de legalidad de la función pública y de todos sus miembros o a desmentir los valores supuestamente proclamados, generando con ello desmoralización, escepticismo y comportamientos cínicos que no hacen sino agravar la espiral de degradación que genera la arbitrariedad.