NO HAY DUPLICIDAD: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN.

La permanencia de instituciones autonómicas como el Justicia de Aragón y de órganos de control de rango estatutario como la Cámara de Cuentas de Aragón parecen haberse cuestionado en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al entender que los mismos suponen una duplicidad de los órganos estatales análogos, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Parece razonable reclamar moderación a las Comunidades Autónomas y al resto de las Administraciones Públicas, incluida por descontado la Administración General del Estado, a la hora de crear órganos y estructuras administrativas, para evitar su sobredimensionamiento y, en el caso autonómico, no incurrir en la réplica innecesaria de órganos de carácter estatal.

No parece, sin embargo, que ello pueda alegarse frente a la existencia del Justicia de Aragón y de la Cámara de Cuentas de Aragón, pues tanto uno como otro vienen a cumplir funciones de control consustanciales a la organización del Estado autonómico. Una vez descentralizadas las funciones legislativa y ejecutiva en el conjunto del Estado, dando lugar a la constitución de Asambleas Legislativas y Gobiernos en las distintas Comunidades Autónomas, nada cabe objetar al hecho de que el control específico al ejercicio de tales funciones se lleve igualmente a cabo por órganos propios de la Comunidad Autónoma –con independencia de lo previsto en el artículo 153 de la Constitución Española-, todo ello sin perjuicio de las relaciones de colaboración que correspondan establecer entre dichos órganos con el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, respectivamente.

La protección de los derechos de los ciudadanos, en los diferentes niveles de gobierno establecidos en el Estado autonómico, y el control de la actividad económico-financiera de las Administraciones Territoriales, son cometidos de la máxima importancia para asegurar el buen gobierno y la buena administración, y esta Asociación pudo comprobar la especial sensibilidad del Justicia de Aragón para hacer respetar el ejercicio del derecho de petición cuando desde el Defensor del Pueblo se desatendía, de manera incomprensible, su protección. No hubo duplicidad en ese caso ni en tantos otros en los que ha intervenido el Justicia de Aragón, como al emitir su informe sobre el estado del empleo público de la Administración autonómica o formular propuestas en materia de transparencia y buen gobierno. Lo mismo cabe decir de la Cámara de Cuentas de Aragón, al introducir en la gestión pública autonómica y local una fiscalización ágil y próxima que fortalece y refuerza criterios de buena gestión y de responsabilidad.

La organización de sus instituciones de autogobierno es la primera competencia de toda Comunidad Autónoma y su ejercicio no puede ser cuestionado legítimamente por parte de la citada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), más allá del establecimiento de protocolos de colaboración entre las instituciones estatales y autonómicas para evitar que se dupliquen actuaciones. Es evidente que la realidad de nuestro país –con una crisis institucional extendida por la falta de transparencia en la gestión pública y por los numerosos casos de corrupción, con la correspondiente merma de los derechos de los ciudadanos- aboga no por suprimir, sino justamente por reforzar todos aquellos órganos –tanto estatales como autonómicos- que tienen como misión la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos y el control del gasto público, para velar por su legalidad y eficiencia.

Resulta difícil de comprender que tales circunstancias no sean tomadas en consideración por parte de la citada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que debiera abogar no por la supresión de órganos de control, sino por la optimización de su función para reforzar el correcto funcionamiento institucional.