RESPUESTA DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA AL ESCRITO SOBRE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS CONSEJERÍAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Tras las informaciones recibidas sobre la destrucción de documentación que se venía realizando en diferentes Consejerías del Gobierno de Aragón, ante el inminente cambio de Gobierno derivado de los resultados electorales del pasado mes de mayo, desde esta Asociación nos dirigimos a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, a la Consejera de Educación, Dolores Serrat, y al resto de los miembros del Gobierno de Aragón, expresándoles nuestra alarma ante tales informaciones, y procedíamos a señalarles que tales actuaciones vulnerarían la normativa de patrimonio cultural y de función pública, en las que se establece el deber de conservación de toda la documentación oficial o administrativa de los entes públicos, y podrían asimismo ser constitutivas de un delito contra la Administración Pública, como infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Igualmente nos hemos dirigido al Justicia de Aragón, solicitando su intervención inmediata para constatar los hechos señalados y requerir el estricto cumplimiento de la normativa, dando traslado en su caso de los hechos al Ministerio Fiscal, si entendiese que pudieran revestir relevancia penal.

Finalmente, se ha dirigido escrito a todos los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos, reclamando su intervención para asegurar el cumplimiento de las normas, y se ha formulado denuncia ante la Inspección General de Servicios, para que proceda a la investigación de los hechos y a la adopción de las medidas disciplinarias que resulten precisas a la vista de los resultados de la investigación realizada.

A los señalados escritos, por el momento se ha dado respuesta desde el correo electrónico del Consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, mediante una nota, sin firma ni autoría expresa, en la que se rechazan los hechos señalados, si bien en su párrafo final se reconoce destrucción documental, motivada por la limpieza de los despachos que han de ocupar los nuevos titulares del Gobierno y su personal de confianza, pero se afirma que tal destrucción (la ha habido, por lo tanto) no ha afectado a expedientes oficiales sino a documentación manejada en el trabajo diario, sin ningún tipo de valor oficial o patrimonial.

Desconocemos, pues nada se dice sobre ello, si se han respetado los criterios –si es que existen en relación a la documentación propia manejada o generada por Consejeros y órganos de apoyo- por parte de la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos, y si ha sido consultada y oída la Comisión Asesora de Archivos, para determinar cuál pueda ser la documentación administrativa sin valor oficial o patrimonial que cabe destruir sin medida de garantía alguna. Todo parece indicar, por el contrario, que las Consejerías –como entorno administrativo de los Consejeros- han carecido hasta la fecha del debido control en cuanto a la documentación oficial generada, y que ello ha posibilitado prácticas irregulares y contrarias al deber de conservación y custodia de los documentos.

Esperamos, no obstante, que tanto el Justicia de Aragón como la Inspección General de Servicios, en el ejercicio de sus respectivas funciones de control, constaten de manera efectiva si, como se señala en el correo remitido, no se ha destruido documentación oficial, o si ésta ha sido, precisamente, el objeto principal de la labor de limpieza realizada, para dejar los despachos no solo limpios, sino también carentes de parte de la información necesaria para el adecuado ejercicio de las responsabilidades públicas por parte de los nuevos miembros del Gobierno de Aragón.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del correo de respuesta:

Mensaje original----

De: 

consejeropresidencia.j@aragon.es

Fecha: 

22/06/2015 14:17

Para: 

com>

Asunto: Re: escrito de queja

Buenos días,

le adjuntamos la respuesta 

a su queja.

Gracias por su atención

TEXTO ADJUNTO:

“A la atención de Julio Giral (sic) Pelegrín, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

En relación a su escrito del 20 de junio, le indico que:

-Si esta Asociación tiene pruebas de que se está produciendo esta destrucción que las aporte, que cite los Departamentos y los Organismos donde tiene constancia de que se haya producido. No se pueden lanzar acusaciones de estas características sin ningún fundamento.

-Este Gobierno ha tenido un escrupuloso cuidado en el cumplimiento de la Legalidad, y así lo va  a tener hasta el final de su mandato. En cumplimiento de esta Legalidad, la documentación oficial y expedientes son custodiados por los correspondientes órganos gestores de la Administración autonómica.

-Toda la documentación oficial se halla custodiada por los empleados públicos, y toda ella se pondrá a disposición de los siguientes responsables políticos.

-No se puede confundir la orden impartida para que los despachos queden limpios y prestos para la utilización se las personas que se incorporen al nuevo Gobierno, con la destrucción de documentos oficiales. La destrucción que se pueda haber producido tiene que ver con esta orden y, en su caso, no ha afectado a expedientes oficiales, sino a documentación manejada en el trabajo diario, sin ningún tipo de valor oficial o patrimonial”.