Esta
Asociación se ha dirigido al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia,
Ricardo Oliván, así como al Consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez
de Castro, y a la propia Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, para expresarles su preocupación por la no elaboración del informe anual
sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma
de Aragón, que corresponde realizar al Consejo Aragonés de Servicios Sociales, órgano
de participación y consulta adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia, y presidido por el titular del mismo, Ricardo Oliván.
Dicho
Consejo, previsto en la Ley
5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, como órgano máximo de
participación y consulta en materia de servicios sociales, tiene como una de
sus funciones de mayor relieve –señalada en el artículo 57.2 de la Ley- la de “elaborar un
informe anual sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma
de Aragón”, no constando a esta Asociación que dichos informes anuales hayan
sido elaborados por el citado órgano. El artículo 2 del
Reglamento del Consejo señala que por parte del Departamento de Sanidad se pondrán a
disposición del Consejo los medios materiales y personales necesarios para el desempeño de
sus funciones.
La
omisión en la elaboración de dicho informe –que contrasta con los elaborados
por el Consejo Escolar de Aragón sobre la situación del sistema educativo en
Aragón- no solo constituye un incumplimiento de un deber legal, que devalúa el
papel que corresponde jugar al citado Consejo dentro del Sistema Público de
Servicios Sociales, sino que impide poner a disposición de instituciones y
ciudadanos una información objetiva y detallada sobre la problemática social en
nuestra Comunidad Autónoma, en un periodo en el que la misma cuenta con la
máxima relevancia. La no elaboración de dicho Informe priva a la sociedad
aragonesa de una valiosa información sobre la evolución de los problemas
sociales y las respuestas dadas a los mismos desde las administraciones que
integran el Sistema Público de Servicios Sociales o desde las entidades del
tercer sector.
No
resulta en modo alguno congruente que, desde el Gobierno de Aragón, se
promuevan normas de calidad de los servicios públicos o criterios de
transparencia e información activa sobre la gestión pública si, al mismo
tiempo, los órganos de la
Administración autonómica, como es el caso del Consejo
Aragonés de Servicios Sociales, no cumplen la misión que tienen legalmente
asignada para asegurar a todos los ciudadanos una información objetiva sobre
las diferentes áreas de la gestión pública. La transparencia predicada debiera
permitir conocer tanto lo que se ha hecho como lo que no se ha hecho, con
incumplimiento de mandatos normativos expresos. Callar los incumplimientos no
es un ejercicio de transparencia, sino de disimulo u ocultación.
Lo
sucedido en esta materia, con la manifiesta y reiterada inactividad por parte
del Consejo Aragonés de Servicios Sociales, a lo largo de toda la legislatura,
debiera corregirse en la nueva legislatura. Debemos igualmente tomar nota del
hecho de que dicho incumplimiento no ha sido denunciado por parte de los Grupos
Parlamentarios de la oposición ni por las entidades sociales –algunas de ellas
presentes en el Consejo-, lo que demuestra la debilidad del control político y
social sobre los incumplimientos del Gobierno de Aragón y la baja
exigencia en el cumplimiento de la legalidad. Un dato que consideramos
altamente preocupante.
5 comentarios:
Este es un tema grave, pero es un incumplimiento más de los muchos en que incurren los responsasbles del Departamento competente y del IASS
El 57% de las familias atendidas por Cáritas tienen menores a su cargo.
epa
Cáritas Diocesana de Zaragoza atendió el año pasado a 6.380 familias (15.978 personas), de las cuales el 57% tenían menores a su cargo. De ellas, una de cada tres (el 33%) acudió por primera vez al organismo a pedir ayuda, mientras que dos de cada tres llevaban ya al menos dos años siendo atendidas.
"La realidad sigue siendo compleja y dura. Parece que las cosas mejoran, pero nosotros no lo notamos porque lo cierto es que no se están cubriendo los servicios básicos y un año más hemos incrementado el número de atenciones", apuntó Javier Sanaú, director de Cáritas Zaragoza durante la presentación de la memoria de actividades del 2014.
Los datos del 2014 se presentaron desglosados en cinco derechos "que se vulneran", según Caritas. Por un lado, en el área de dignidad e integridad se realizaron 6.997 ayudas, de las que ya solo 6.256 se destinaron a alimentación. "En este concepto se han detectado graves carencias para garantizar las necesidades básicas para alimentarse", añadió García.
En vivienda, llegaron a 4.922 personas, especialmente a la hora de acceder a un hogar y cubrir los gastos. En sanidad, un 79% de las atenciones (1.789) han sido para posibilitar el acceso a medicinas y farmacia. En educación, el incremento del coste de materiales así como los problemas para acceder a las becas hizo que Caritas tuviera 985 ayudas en el 2014, de las cuales 452 se refirieron a libros y material curricular para los niños.
¿Cómo es posible que Cáritas presente su informe y la Administración ni siquiera elabore el suyo?
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