Esta
tarde, a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar la
IX Asamblea ordinaria de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en
la que se analizará la actividad desarrollada en el último año, se aprobará el
documento básico de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la
próxima legislatura y se renovará parcialmente la Junta Directiva, procediéndose
a la elección de los cargos de Presidente y Secretario y de la mitad de los
vocales de la Junta.
La
Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa se constituyó en febrero de 2007 y ha completado ya ocho años de
intensa actividad dirigida a la defensa y promoción de los valores y principios
de la función pública, especialmente los de legalidad, profesionalidad y ética
pública.
Entre
los logros obtenidos deben destacarse las sentencias judiciales del Tribunal
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas
de Empleo Público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón, por vulnerar el
derecho fundamental de acceso a la función pública, al no incluir la totalidad
de las plazas ocupadas por funcionarios interinos, como exigen tanto el
Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón. La ejecución de dichas sentencias ha implicado la convocatoria de más
de tres mil plazas de la
Administración autonómica, si bien esta Asociación sigue
insistiendo en la obligación de convocar centenares de plazas del Cuerpo de
Maestros, omitidas por el Gobierno de Aragón a la hora de aprobar las ofertas complementarias
requeridas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Esta
Asociación, a lo largo de sus años de actividad, ha reclamado medidas de
profesionalización de la función pública aragonesa, corrigiendo todo aquello
que menoscaba la actuación objetiva de los servidores públicos, al favorecer e
incrementar la discrecionalidad y la arbitrariedad de las decisiones en materia
de provisión de puestos de trabajo, como sucede con la amplia utilización de la
libre designación o la irregular selección de personal en las empresas públicas
autonómicas.
A
lo largo de la presente legislatura, nos hemos opuesto frontalmente al modelo
de función pública establecido en el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón
aprobado por el Gobierno de Aragón y finalmente decaído en su tramitación
parlamentaria, por la inminente disolución de las Cortes de Aragón. El Gobierno
de Luisa Fernanda Rudi ha demostrado, con dicho Proyecto de Ley, su nula
voluntad de profesionalizar la función pública y su clara intención de
incrementar el ámbito de discrecionalidad política en el sistema de provisión
de puestos, desmintiendo con ello todas sus promesas electorales. Numerosas actuaciones
en política de personal, a lo largo de la actual legislatura, avalan esta
conclusión.
La
Asamblea
que se celebra esta tarde no solo hará repaso de todo lo realizado en el último
año, sino que, sobre todo, fijará objetivos de acción para los próximos cuatro
años, concretando en propuestas de buen gobierno y buena administración el
modelo de función pública hacia el que queremos avanzar para que la Administración
preste la función constitucional que tiene asignada, sirviendo de manera
objetiva los intereses generales de forma eficiente e íntegra, sirviendo de
freno a cualquier tentativa de desviación de poder o corrupción que pueda
pretenderse en la gestión pública.
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