¿PARA CUÁNDO UNA INTERVENCIÓN GENERAL PROFESIONALIZADA?

El miércoles de esta semana se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto del Gobierno de Aragón por el que se nombraba, mediante el procedimiento de libre designación, al Interventor Delegado Territorial en Teruel, máximo responsable de la Intervención General en dicha provincia, recayendo el nombramiento en un funcionario perteneciente a la Escala Facultativa Superior, Clase de especialidad Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Al margen de las condiciones personales del candidato, que en modo alguno cuestionamos en esta nota, el hecho pone en evidencia la carencia de profesionalización de un relevante órgano de control interno de la gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma como es la Intervención General. Es evidente que una Administración no selecciona a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para destinarlo al control de la gestión económico-financiera de la Administración, sino para el desempeño de responsabilidades propias de su titulación.

Pero la situación que evidencia el nombramiento, como es la ausencia de un Cuerpo especializado de Interventores de la Administración de la Comunidad Autónoma, que realice con la máxima profesionalidad la labor de control interno de la ejecución presupuestaria, no es nueva. Debemos insistir en el hecho de que la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma preveía la existencia de una Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros, desde la aprobación del Texto Refundido de 1991. ¿Qué ha sucedido para que, pasados más de veinte años, no se haya convocado ni una sola prueba para seleccionar a los funcionarios especializados que puedan nutrir dicha Clase de especialidad y realizar las tareas de fiscalización que tiene atribuidas la Intervención General?

No es posible que la Comunidad Autónoma de Aragón sea una excepción en el conjunto de las Administraciones Públicas, al carecer de personal especializado para realizar las tareas de fiscalización del gasto público. No basta contar con una Intervención General, si las funciones de ésta no se encomienda a profesionales especializados, seleccionados para tal función. ¿Por qué existen Letrados en la Dirección General de Servicios Jurídicos y no hay Interventores en la Intervención General? No hay razón alguna que justifique la actual situación, y la realidad de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma probablemente sería otra muy distinta si se contase con personal especializado en un área tan decisiva como es la Intervención General.

Sin embargo, este Gobierno no ha tenido el menor interés en resolver la situación existente e incluso la ha agravado, menoscabando la funcionalidad de la Intervención General, mediante la creación de un atípico y disfuncional órgano como la Unidad de Control de la Gestión Pública, regulado por Decreto 77/2014, de 13 de mayo,  de perfil claramente político, al que correspondía “informar, con carácter previo, las propuestas de gasto público formuladas por los Departamentos, Organismos Públicos y empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón”. No vamos a insistir en la absoluta ilegalidad de tal Unidad, al desapoderar a los Consejeros de sus atribuciones legales en materia de gasto público, entrando en frontal contradicción con la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

La Intervención General se ve lastrada por dos circunstancias de enorme gravedad, como son la carencia de profesionales propios de una Escala o Clase de especialidad de Interventores –seleccionados específicamente para la realización de dicha tarea- y la provisión de todos los puestos de Interventor mediante el procedimiento de libre designación, posibilitando la máxima discrecionalidad del Gobierno en la cobertura de dichas plazas, así como en la remoción de los titulares de los puestos que puedan resultar incómodos. Todo ello da perfecta idea de las carencias que arrastra nuestra Administración, y lo peor es que su superación no figura en los programas de actuación de ninguno de los Gobiernos que han dirigido la Administración autonómica desde 1991. No nos sorprendamos luego de los resultados de tanta desidia.