Esta
Asociación se dirigió el pasado mes de febrero tanto a la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, como a la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para expresarles el rechazo al Decreto 8/2005,
de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba una Oferta
adicional a las Ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011 en los
ámbitos de Administración General y de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
En
ambos escritos, formulados a través de procedimiento administrativo, con
constancia de su presentación en la correspondiente oficina de correos, señalábamos que a nuestro juicio el Decreto 8/2005 incurría no solo en un
incumplimiento material de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, vista la reiterada resistencia a incorporar las correspondientes plazas
del Cuerpo de Maestros, sino también en una evidente contradicción con el
contenido del Decreto-ley 1/2004, de 9 de enero, aprobado por el Gobierno de
Aragón en su día, supuestamente para dar seguridad jurídica al conjunto del
proceso de ejecución de las sentencias y al desarrollo de los procesos
selectivos derivados de las mismas. Los términos de dicho Decreto-ley han
quedado claramente en entredicho por posteriores resoluciones judiciales del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al no dar por válido el número de
plazas determinado en el mismo.
Concluíamos
el escrito dirigido a la
Presidenta del Gobierno de Aragón en los términos siguientes:
“Deseamos señalarle, en todo caso, que esta Asociación estima que el Decreto
8/2015, del Gobierno de Aragón, contraviene abiertamente las resoluciones
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y que por ello, salvo
rectificación oportuna por parte del Ejecutivo autonómico, nos veremos en la
obligación de ejercer las acciones legales disponibles tanto para obtener la
ampliación de la Oferta
complementaria aprobada como para exigir las responsabilidades legales en que
se hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón y otros altos
cargos de la
Administración en el actual proceso de ejecución de
sentencia, al desvirtuarse deliberadamente el alcance del fallo judicial”.
Hemos
señalado en anteriores ocasiones, y debemos reiterarlo ahora, que quien
incumple una sentencia dictada en amparo judicial de un derecho fundamental –como
es el derecho de acceso a la función pública- vuelve a vulnerar el derecho
amparado por la sentencia, y viene además a menoscabar el derecho de tutela
judicial efectiva, incurriendo en el desconocimiento de la obligación
constitucional de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los
Juzgados y Tribunales, señalada en el artículo 118 de la Constitución
Española.
Como
Asociación no podemos aceptar que el Gobierno de Aragón, en un ejercicio de
desobediencia a las resoluciones judiciales y de desprecio al derecho
fundamental de los ciudadanos afectados, vacíe de contenido una sentencia y, en
lugar de restaurar el derecho vulnerado, mantenga y reafirme dicha vulneración,
con evidente burla a todas las reglas del Estado de Derecho.
Por
tal motivo, vamos a formular alegaciones al Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, dentro del plazo concedido por el mismo, para señalar que el Gobierno
de Aragón, con la aprobación del Decreto 8/2005 ha incurrido –y reincidido- en
un deliberado incumplimiento de las resoluciones judiciales del Tribunal,
prolongando con ello la lesión del derecho fundamental de acceso a la función pública
que quiso reparar la sentencia de 10 de febrero de 2012, por la que se anuló la Oferta de Empleo Público. Igualmente
vamos a exigir que se depuren las responsabilidades en que se haya podido
incurrir por el Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración por
su reiterada resistencia a dar el debido cumplimiento a las resoluciones de los
Tribunales.
6 comentarios:
Hay que inhabilitar a los responsables, que se lo han ganado a pulso.
La Audiencia Provincial confirma la sentencia que inhabilita al expresidente de la Diputación ourensana por 104 contrataciones ilegales: «Daba el nombre y el puesto».
«No cabe interponer recurso alguno». Con esa frase, escrita en mayúsculas, termina la sentencia notificada ayer por la Audiencia Provincial, que condena en firme al expresidente de la Diputación ourensana, José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940), a nueve años de inhabilitación. Se confirma así el fallo dictado por un juzgado penal de Ourense, que había considerado al exbarón popular culpable de enchufar en la institución que presidía a 104 personas en el año 2010.
«En ninguna de esas contrataciones se produjo fiscalización previa, real oferta de empleo ni la más mínima selección objetiva; sin acreditación de motivación de la excepcionalidad de acudir (máxime para la cobertura de nada menos que 104 plazas) al procedimiento singular de urgencia», dice la sentencia, que alude a que ese sistema de contratación estaba regulado en la propia ordenanza de personal de la Diputación ourensana. «Su literalidad -concluye la Audiencia Provincial- deja muy poco margen de duda».
Las normativas internas de la institución obligaban a que esas plazas fuesen publicitadas para que cualquier ciudadano pudiese optar a ellas, pero el gobierno presidido por José Luis Baltar no lo hizo. Y ello, pese a que sabía que debía hacerlo, ya que la ordenanza sí había sido aplicada correctamente en otras ocasiones. «La propia declaración en juicio del acusado [...] evidencia la consciente y deliberada omisión de la publicidad exigible en los procesos de contratación enjuiciados», dice la Audiencia Provincial, que hace especial hincapié en que este proceder «provoca comprensible quebranto de los principios de igualdad, mérito y capacidad» en el acceso al empleo público que derivan de la Constitución española.
Hay que insistir en la denuncia del enchufismo de Sodemasa.
Aragón no puede ser tierra de impunidad.
Se pasan los años y la situación sigue igual, creo que funcionaria mejor si se denunciara a las personas y no a las instituciones, en realidad quien comete las infracciones son los que firman. Por ejemplo: Si denuncias al consejero por prevaricación por incumplimiento de las ofertas de empleo, la reacción sería muy distinta
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