ANTE LAS ELECCIONES SINDICALES DE HOY: RESPETO Y EXIGENCIA A LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Hoy tienen lugar las elecciones sindicales en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y esta Asociación no puede desconocer su celebración en este blog, pues constituyen una importante realidad en la ordenación de la función pública.

Vaya por adelantado nuestro respeto hacia quienes desarrollan honestamente la actividad sindical, para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores, tanto en el sector privado como público, y nuestro reconocimiento a su esfuerzo y entrega, pues el compromiso que ejercen es digno de ser valorado y agradecido.

No podemos, sin embargo, ocultar la casi inexistente relación que esta Asociación ha mantenido y mantiene con los sindicatos de la función pública, acaso por el rechazo de los mismos a la pluralidad –debido a su pretensión de ser los únicos y exclusivos interlocutores de la Administración- como por nuestro rechazo a que la negociación colectiva pueda desconocer –como ha desconocido- las exigencias de la legalidad, llegando a lesionar los derechos de los ciudadanos, como ha venido ocurriendo en materia de acceso a la función pública, en la que los sindicatos han supeditado constantemente el derecho fundamental de acceso que corresponde a todos al derecho legal de promoción de los funcionarios, en un ejercicio de corporativismo y patrimonialización de la función pública que no es posible aceptar ni compartir.

La función pública es una organización que no puede actuar con los principios propios de la empresa privada, lo que vale tanto para quienes la dirigen y gobiernan como para quienes ejercen la función sindical de defensa de los intereses de los empleados públicos. La función pública cuenta con una serie de valores y obligaciones -como es la sujeción a la legalidad y la eficacia en la atención de los intereses generales y los derechos de los ciudadanos- cuyo desconocimiento menoscaba su legitimación social y desvirtúa su propia esencia.

Nos gustaría creer que los sindicatos de la función pública cuentan con un firme compromiso de defensa de la legalidad y de clara condena de la corrupción pública, en todas sus posibles manifestaciones, incluido el régimen de retribuciones de los empleados públicos o los procesos de selección de personal en el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma. Sin ese compromiso, la defensa de los intereses de los trabajadores públicos difícilmente redundará en la defensa de la función pública o de la calidad de los servicios públicos, como a nuestro juicio se evidencia en el  rechazable Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón consensuado entre Administración y sindicatos, que afortunadamente ha decaído en su tramitación parlamentaria.

Confiamos en que los representantes sindicales que resulten de las elecciones de hoy asuman el desempeño de su labor conscientes del enorme trabajo de regeneración que nos incumbe a todos, para que la Administración se ajuste verdaderamente a su misión constitucional, como es el servicio objetivo al interés general, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, algo que no pueden en modo alguno contradecir los resultados de la negociación colectiva.