La falta de aprobación de oferta de
empleo público correspondiente a 2014 dio lugar, en un primer momento, a la
formulación de una queja de esta Asociación ante el Justicia de Aragón por
vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública por parte
del Gobierno de Aragón. Ello dio lugar a la tramitación de un procedimiento de
queja, que sorprendentemente fue archivado por dicha institución ante la
información facilitada por la
Administración sobre la prevista aprobación de
sendos decretos de oferta para el personal docente no universitario y de
sanidad.
Es posible que el papel de mediación
entre ciudadanos y poderes públicos pudiera concluir, en ciertos casos, con un compromiso de la Administración como el comunicado al Justicia de Aragón, pero la defensa de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, dada su indisponibilidad por parte de los poderes públicos, no
admite cumplimientos parciales o incompletos, como el indicado en la respuesta de la Administración, ni permite acuerdos a la baja como
durante años han venido estableciendo en las mesas de negociación administración
y sindicatos.
Esta Asociación tiene perfectamente
asumido el hecho de que el único control efectivo de los derechos fundamentales
son los Tribunales de Justicia, y ni siquiera en dicho ámbito hay garantía
suficiente de que prosperen las tesis más garantistas del derecho, que
conllevaría la anulación de las tasas de reposición de efectivos establecidas
en las Leyes de Presupuestos, con clara vulneración de la regulación
establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Por ello, hemos tenido que acudir, una
vez más, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para reclamar el
amparo judicial frente a la inactividad normativa en que incurre el Gobierno de
Aragón al no aprobar oferta de empleo en el ámbito de administración general
para 2014, decisión que comunicamos en su momento a la Presidenta del Gobierno
de Aragón y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, y que teníamos
pendientes de comunicar al Justicia de Aragón, que de manera precipitada
archivó nuestra queja por falta de oferta, admitiendo con ello la posibilidad
de que se aprobase una oferta selectiva, exclusivamente en determinados
sectores de la administración, privando del ejercicio de dicho derecho a
quienes quisieran ejercerlo en el ámbito de administración general.
No podemos compartir la decisión
adoptada por el Justicia de Aragón en este punto ni los criterios del Gobierno de Aragón a la hora de aprobar la oferta de 2014, y por ello acudimos al
Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente a la inacción del Gobierno, pues
en este caso hemos de convenir que la vulneración del derecho ocurre por omisión,
al no aprobarse la oferta que exige el Estatuto Básico del Empleado Público,
y con ello impedir el desarrollo de los procesos selectivos necesarios para
cubrir, al menos, las vacantes ocupadas por funcionarios interinos.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro del escrito dirigido al Justicia de Aragón:
“Excmo.
Sr. Justicia de Aragón
C/ Don Juan de
Aragón, 7
50071-ZARAGOZA
Zaragoza,
27 de marzo de 2015.
Estimado señor:
En
mi condición de Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa, deseo informarle del recurso contencioso-administrativo
promovido por nuestra Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón frente a la inactividad del Gobierno de Aragón, por no aprobar el
Decreto correspondiente a la
Oferta de empleo público para 2014 en el ámbito de la
administración general de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Tal
aprobación fue expresamente requerida al Consejero de Hacienda y Administración
Pública, Javier Campoy, mediante escrito de 8 de noviembre de 2014, sin que el
mismo haya obtenido respuesta alguna.
Pese
al citado requerimiento, y una vez concluido el ejercicio 2014, cabe constatar
que el Gobierno de Aragón no ha aprobado oferta de empleo correspondiente al
ámbito de administración general, ya que, en lugar de aprobar una oferta única
de empleo para 2014, se optó por aprobar ofertas sectoriales independientes
para personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud, a través de los Decretos 217/2014 y 218/2014, ambos de 16 de
diciembre. No parece de recibo que un derecho fundamental de los ciudadanos se
garantice en ciertos ámbitos de la Administración y se imposibilite en otros,
incurriendo con ello en desigualdad arbitraria o discriminación como viene a
hacerse con las ofertas aprobadas
Con
la inactividad normativa señalada, el Gobierno de Aragón reincide en el
incumplimiento del deber legal de aprobación de oferta anual de empleo público
–como ya ocurrió en 2012 y 2013- y se evidencia la resistencia reiterada a
asegurar la realización de un derecho fundamental de los ciudadanos –vinculante
para todos los poderes públicos- y una clara voluntad de inaplicación del
régimen de selección de personal que se establece tanto en el Estatuto Básico
del Empleado Público como en la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
No
aprobar las disposiciones que exigen las Leyes, cuando las mismas resultan
necesarias para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, es un claro
supuesto de vulneración del ordenamiento jurídico, y por ello esta Asociación
ha reaccionado frente a tal incumplimiento, promoviendo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón el correspondiente recurso judicial, utilizando
el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al afectar
el citado incumplimiento de manera directa al ejercicio del derecho fundamental
de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el
artículo 23.2 de la Constitución
Española.
Creemos
oportuno poner en su conocimiento el hecho de que esta Asociación se ha visto
finalmente obligada a promover una acción judicial en defensa del derecho
fundamental de acceso a la función pública por la falta de aprobación de oferta
en el ámbito de administración general, toda vez que, en su día, dirigimos
escrito de queja a esa institución por la falta de aprobación de oferta de
empleo público, dando lugar a la tramitación del expediente DI-1346/2014-4, comunicándonos el
archivo de la queja con fecha 7 de enero de 2015, a la vista de la
intención declarada por la
Administración de aprobar sendos decretos de oferta en los
ámbitos de personal docente no universitario y de sanidad, pese a que en ningún
momento se justificase la razón de no aprobar oferta correspondiente al ámbito
de administración general.
Agradeciéndole
de antemano su atención, reciba nuestro más respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
1 comentario:
No basta con una defensa a medias, pues el derecho al final se acaba vulnerando, aunque pueda serlo en menor medida.
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