CELEBRACIÓN DE LA IX ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Esta tarde, a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar la IX Asamblea ordinaria de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en la que se analizará la actividad desarrollada en el último año, se aprobará el documento básico de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la próxima legislatura y se renovará parcialmente la Junta Directiva, procediéndose a la elección de los cargos de Presidente y Secretario y de la mitad de los vocales de la Junta.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se constituyó en febrero de 2007 y ha completado ya ocho años de intensa actividad dirigida a la defensa y promoción de los valores y principios de la función pública, especialmente los de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Entre los logros obtenidos deben destacarse las sentencias judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por funcionarios interinos, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La ejecución de dichas sentencias ha implicado la convocatoria de más de tres mil plazas de la Administración autonómica, si bien esta Asociación sigue insistiendo en la obligación de convocar centenares de plazas del Cuerpo de Maestros, omitidas por el Gobierno de Aragón a la hora de aprobar las ofertas complementarias requeridas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Esta Asociación, a lo largo de sus años de actividad, ha reclamado medidas de profesionalización de la función pública aragonesa, corrigiendo todo aquello que menoscaba la actuación objetiva de los servidores públicos, al favorecer e incrementar la discrecionalidad y la arbitrariedad de las decisiones en materia de provisión de puestos de trabajo, como sucede con la amplia utilización de la libre designación o la irregular selección de personal en las empresas públicas autonómicas.

A lo largo de la presente legislatura, nos hemos opuesto frontalmente al modelo de función pública establecido en el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón aprobado por el Gobierno de Aragón y finalmente decaído en su tramitación parlamentaria, por la inminente disolución de las Cortes de Aragón. El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ha demostrado, con dicho Proyecto de Ley, su nula voluntad de profesionalizar la función pública y su clara intención de incrementar el ámbito de discrecionalidad política en el sistema de provisión de puestos, desmintiendo con ello todas sus promesas electorales. Numerosas actuaciones en política de personal, a lo largo de la actual legislatura, avalan esta conclusión.

La Asamblea que se celebra esta tarde no solo hará repaso de todo lo realizado en el último año, sino que, sobre todo, fijará objetivos de acción para los próximos cuatro años, concretando en propuestas de buen gobierno y buena administración el modelo de función pública hacia el que queremos avanzar para que la Administración preste la función constitucional que tiene asignada, sirviendo de manera objetiva los intereses generales de forma eficiente e íntegra, sirviendo de freno a cualquier tentativa de desviación de poder o corrupción que pueda pretenderse en la gestión pública.