jueves, 12 de febrero de 2015

LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL.



Entre las instituciones públicas y los ciudadanos particulares cabe articular un espacio de organización cívica, constituido por el conjunto de asociaciones y entidades que agrupan a  a un creciente número de particulares para intervenir en el debate público, no con el afán de acceder al poder político, sino con la única pretensión de someterlo a control social y ciudadano, reclamando una clara rendición de cuentas, tanto de las decisiones adoptadas como de los resultados obtenidos.

El acierto de una decisión no lleva implícita necesariamente su correcta ejecución. Decisiones y gestión o ejecución de las mismas son dos ámbitos bien diferenciados de control, con un evidente protagonismo de la administración pública en la ejecución de las políticas públicas aprobadas.

Bien está el control parlamentario y el control jurisdiccional, sin los cuales no podríamos hablar propiamente de un Estado democrático y de un Estado de Derecho, y hemos de reclamar su correcto funcionamiento, pero el papel activo y crítico de la ciudadanía organizada –articulando la sociedad civil- es esencial para la fortaleza de todo sistema político y para su salud democrática.

Los ciudadanos no pueden desentenderse de la defensa de la libertad y del interés público, pues toda democracia reclama un adecuado equilibrio entre la confianza y el control –es decir, la desconfianza-, para evitar que los responsables políticos que han recibido la confianza de los ciudadanos olviden su pleno sometimiento a las normas y su necesidad de responder ante el conjunto de los ciudadanos de todas sus decisiones públicas, en un ejercicio de transparencia y de responsabilidad. Solo esta forma de actuar puede reforzar la confianza inicialmente otorgada.

Estamos todavía muy lejos de alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición de cuentas en nuestras instituciones públicas, aunque indudablemente algo se empieza a hacer, dada la magnitud de la crisis institucional que padecemos, pero el factor decisivo para avanzar en la buena dirección es, sin duda, la organización de la sociedad civil para demandar medidas de buen gobierno y ejercer un control sobre los responsables institucionales y la gestión pública, para desincentivar con ello comportamientos contrarios al interés general y detectar incumplimientos o deficiencias que los controles institucionales no han acertado a corregir.

Esta Asociación es consciente de la necesidad de articular sus esfuerzos con otras organizaciones de ámbito autonómico o estatal, para alcanzar una mayor efectividad en la promoción y defensa de los principios de buen gobierno y buena administración. Sin una sociedad civil organizada y exigente, no es imaginable ninguna regeneración democrática real y efectiva. La sociedad civil ha de asumir también su responsabilidad para hallar soluciones a la crisis actual.

Por ello, en los últimos años nos hemos incorporado a la Coalición Pro Acceso, para demandar la aprobación de la Ley de Transparencia Pública y controlar su desarrollo y aplicación, y también a Acción Cívica contra la Corrupción, como plataforma cívica para combatir la corrupción pública ante los Tribunales mediante el ejercicio de la acción penal, y en breve plazo nos articularemos también con la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS), para sumar nuestro trabajo en la prevención y lucha contra la corrupción pública y privada, que actúan como verdaderos vasos comunicantes y dañan gravemente la vida política y económica española.

No es momento para el desánimo ni el desentendimiento ni tampoco para cuestionar las virtudes del sistema democrático –preferible a cualquier otra alternativa que pueda barajarse-, sino justamente para todo lo contrario, para el compromiso activo con los intereses generales y con los valores y principios de nuestro ordenamiento constitucional, para que instituciones y sociedad se ajusten en su funcionamiento a los objetivos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo que nos hemos marcado como programa común de convivencia, al que esta Asociación ha expresado en todo momento -antes y ahora- su completa adhesión.

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