En
la tarde del pasado jueves, en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, conforme al
orden del día de la convocatoria realizada y publicada en este blog, conforme a
las criterios de transparencia acordados.
Tras
la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior, celebrada el
22 de enero de 2015, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, informa de la actividad
desarrollada desde la anterior Junta, destacando los diferentes contactos
mantenidos, entre los que cabe destacar los realizados para la posible
participación en una jornada de debate organizada por el PSOE para el día 25 de
febrero en Zaragoza, en torno a propuestas de mejora para la función pública, y
se comenta igualmente la propuesta de acuerdo de colaboración formulada desde la Asociación contra la
corrupción y por la regeneración social (ACCORS), destinada a la cooperación en
la realización de estudios, actos y demás iniciativas dirigidos a prevenir y
combatir la corrupción y promover la transparencia de la gestión pública y
privada y la profesionalización de la función pública y el buen desempeño de
los organismos de control de la actividad pública. Se comentan asimismo las
diferentes respuestas recibidas desde diferentes instituciones, valorando la
insuficiencia de las respuestas dadas en el ejercicio del derecho de petición,
y se informa de la petición de recurso de inconstitucionalidad dirigida a la
institución del Defensor del Pueblo con motivo de las condiciones discriminatorias
establecidas en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado en relación con la recuperación de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 en el conjunto del sector público. En
materia de oferta se comenta la necesidad de instar ante el Tribunal Superior
de Justicia la declaración de incumplimiento de sentencia por parte del
Gobierno de Aragón en relación con las plazas de personal docente incluidas en
la oferta adicional a la complementaria de 2011, al omitirse el conjunto de
plazas del Cuerpo de Maestros que debieron incluirse en la misma. Asimismo, y
en atención a la no aprobación de oferta de empleo para administración general
correspondiente a 2014, se conviene en promover las acciones judiciales por
inactividad de la
Administración, al considerar desatendido el requerimiento
formal realizado al Consejero de Hacienda y Administración Pública. Se da
igualmente un repaso a los diferentes procesos judiciales en marcha, destacándose
la importancia que reviste el proceso de impugnación de la Oferta de la Administración
General del Estado, para el cuestionamiento de las tasas de
reposición contempladas en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Seguidamente
se delibera sobre la necesaria convocatoria de la asamblea anual, en la que se
lleve a cabo la renovación parcial de los miembros de la junta directiva, se
presente el balance de actividad del periodo concluido, y se someta a aprobación
el texto de Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que
quepa formular de cara a la próxima legislatura, tras las elecciones de 24 de
mayo de 2015, con la posibilidad de su revisión y actualización anual, con
motivo de la celebración de la asamblea anual correspondiente. Vista la fecha
de la asamblea del pasado año y valorada la necesidad de contar con un plazo
suficiente para concluir un buen documento de Propuestas se conviene en fijar
la fecha de celebración de la asamblea el día 26 de marzo.
A
continuación se analizan las medidas de oposición a la Ley de integración efectiva
del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, informando el Presidente de que ya
está elaborado y listo para su remisión el escrito de queja al Defensor del
Pueblo para solicitar la interposición de recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley,
alegando las diferentes vulneraciones del ordenamiento constitucional en que
incurre el texto aprobado por las Cortes de Aragón. Similar petición se dirigirá
al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
al entender que la Ley
aprobada vulnera frontalmente la legislación básica estatal de función pública,
por cuyo respeto debe velar el Gobierno central. Se valora igualmente la
oportunidad de considerar los aspectos económicos de la disolución del
Consorcio y de solicitar que la posible asunción de la deuda del mismo por el
Gobierno de Aragón -exonerando de la
misma al resto de entidades del Consorcio- sea objeto de investigación por el
Tribunal de Cuentas o la Cámara
de Cuentas, al considerar que tal asunción de deuda es contraria al interés de la Comunidad Autónoma.
Igualmente, y previos contactos con el Colectivo Salud Cinco Villas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, se valorará la
posible petición de comparecencia ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón,
en la que expresar las razones que nos han llevado a reclamar el control de
constitucionalidad de la norma.
Finalmente,
como último punto del orden del día establecido, se procede a comentar el
estado de elaboración del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena
Administración para la próxima legislatura. Se detectan aquellos apartados del
documento que precisan de una clara revisión, al haber incidido en los mismos
la aprobación de normativa estatal y autonómica a lo largo de la presente
legislatura. Se señalan aspectos que debieran incorporarse al documento de
manera expresa y destacada, como la fijación de criterios de buen gobierno
corporativo en las empresas públicas, evitando la presencia de personal político
en sus consejos de administración. Se propone igualmente que se incorpore, como
primera medida del documento, la necesidad de revisión del Estatuto de Autonomía
de Aragón, toda vez que sus lagunas y deficiencias –y sus evidentes
contradicciones con la Constitución
Española- impiden que cumpla el papel de norma institucional
básica de la Comunidad Autónoma
de forma adecuada. Se conviene igualmente que se dé un especial tratamiento a
los órganos de control, tanto externos como internos, insistiendo en la
necesidad de cualificar y profesionalizar a los integrantes de la Inspección General
de Servicios y de la Intervención General,
cuyos puestos actualmente carecen del perfil exigido para el desempeño de tales
funciones.
No
habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, comprometiéndose
todos los presentes en proseguir el análisis de los contenidos del Documento de
Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración.
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