LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN NO PUEDE ALEGAR IGNORANCIA SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DE SU GOBIERNO.

Esta Asociación, en la recta final de la anterior legislatura, tuvo una reunión de trabajo con la entonces Presidenta del Partido Popular, Luisa Fernanda Rudi, a petición suya, dado el interés mostrado por conocer nuestras opiniones sobre la situación en que se hallaba la función pública aragonesa. En aquella reunión le expresamos, entre otras muchas cuestiones, nuestra preocupación por los incumplimientos en materia de oferta de empleo público, y le informamos de los recursos judiciales promovidos para exigir la convocatoria de todas las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como exige el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La máxima responsable del Partido Popular en Aragón y candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, flanqueada por Rosa Plantagenet y Modesto Lobón, escuchó con atención todas las posiciones de la Asociación y tomó abundantes notas de lo que se dijo en la reunión mantenida.

No obstante, y ahora que se aproxima ya el final de la actual legislatura, durante la cual Luisa Fernanda Rudi ha ocupado la Presidencia del Gobierno de Aragón, el balance de la gestión en materia de función pública resulta manifiestamente decepcionante. No solo por la falta de objetivos serios en cuanto a su profesionalización, sino sobre todo por el olvido reiterado de la legalidad. Quienes se nos presentaron como pretendidos restauradores de la legalidad, se han revelado como gestores carentes de respeto a las normas, y así ha quedado claramente de manifiesto en materia de oferta de empleo público.

A lo largo de esta legislatura, el Gobierno de Aragón no ha aprobado oferta de empleo público para administración general ni en 2012 ni en 2013 ni en 2014. El incumplimiento en la materia ha sido absoluto, sin que pueda justificarse tal situación por las previsiones de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, pues las mismas no han impedido que cada año se aprobase la correspondiente Oferta de Empleo Público en la Administración General del Estado. Tampoco pueden computarse como ofertas aprobadas en estos años la ejecución forzosa –pues el Gobierno se resistió a su cumplimiento- de las sentencias judiciales que anularon las ofertas de 2007 y 2011, cuya ejecución ha obligado a la realización de procesos selectivos que, de otra manera, no se hubieran producido.

Cumplir forzosamente sentencias judiciales no es respetar las leyes, sino justamente lo contrario: las sentencias son una sanción por el incumplimiento. Debe además aclararse que ni siquiera las decisiones del Gobierno de Aragón han sido respetuosas con los términos de las sentencias –y así lo declaró el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al obligar a aprobar nuevas ofertas complementarias, por estimar insuficientes las acordadas por el Gobierno de Aragón, tras tratar de ampararse indebidamente en un Decreto-ley que denunciamos como radicalmente inconstitucional-, y está todavía pendiente de valorar el fraude cometido por el Gobierno en relación con el personal docente no universitario, al omitir en el proceso de ejecución los centenares de plazas del Cuerpo de Maestros ocupadas por interinos que debieron haber sido incluidas en la oferta anulada de 2011.

De todo ello, a lo largo de la legislatura, hemos ido informando directamente a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y por las respuestas recibidas podemos deducir que la Presidenta se ha limitado a dar traslado de nuestros escritos a los Departamentos correspondientes, sin adoptar decisión alguna, sin efectuar indicación alguna sobre el necesario respeto de las normas, sin asumir la responsabilidad que le corresponde en la dirección y coordinación del propio Gobierno. Los incumplimientos del Gobierno, en este caso, son una responsabilidad directa de su Presidenta, ya que ha estado puntualmente informada de la situación, sin tomar medida alguna que asegurase tanto el cumplimiento de las leyes como la correcta ejecución de las sentencias.

También, en relación con la necesaria aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2014, nos dirigimos a la Presidenta del Gobierno de Aragón para reclamarle el cumplimiento de la legalidad y asegurar su aprobación, aunque fuera dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuya técnica de tasas de reposición de efectivos tenemos impugnada actualmente ante el Tribunal Supremo. Toda la respuesta recibida a dicha petición fue que se había dado traslado al Departamento de Hacienda y Administración Pública, por ser el competente en materia de función pública. El traslado de un escrito no conlleva ni puede conllevar el traslado de la responsabilidad de la acción del gobierno, y la aprobación de las disposiciones que competen al Gobierno son una expresa responsabilidad de su Presidente, como se indica en la vigente Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

El incumplimiento de las responsabilidades legales atribuidas y la inhibición en su ejercicio no es un comportamiento que pueda aceptarse en ningún responsable político, especialmente si ello conlleva una directa lesión en los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el presente caso.

Por ello,  esta Asociación ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia  de Aragón la inactividad normativa en la que ha incurrido el Gobierno de Aragón, al no aprobar oferta de empleo público en 2014 en el ámbito de administración general de la Administración autonómica., iniciativa que hemos puesto en conocimiento de su Presidenta y máxima responsable.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

“Excma. Sra. Presidenta

Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Paseo de María Agustín, 36

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 26 de febrero de 2015.

Estimada señora:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad comprometida con la promoción de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el ámbito de las diferentes administraciones, deseo informarle del reciente recurso contencioso-administrativo promovido por nuestra Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente a la inactividad del Gobierno de Aragón, por no aprobar el Decreto correspondiente a la Oferta de empleo público para 2014 en el ámbito de la administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tal aprobación fue expresamente requerida al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, mediante escrito de 8 de noviembre de 2014, sin que el mismo haya obtenido respuesta alguna.

Pese al citado requerimiento, y una vez concluido el ejercicio 2014, queda patente que el Gobierno de Aragón no ha aprobado oferta de empleo correspondiente al ámbito de administración general, ya que, en lugar de aprobar una oferta única de empleo para 2014, se ha optado por aprobar ofertas sectoriales independientes para personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, a través de los Decretos 217 y 218/2014, ambos de 16 de diciembre.

Con la inactividad normativa señalada, el Gobierno de Aragón  viene a reincidir en el incumplimiento del deber legal de aprobación de oferta anual de empleo público –como ya ocurrió en 2012 y 2013- y se evidencia la resistencia reiterada a asegurar la realización de un derecho fundamental de los ciudadanos –vinculante para todos los poderes públicos- y la clara voluntad de inaplicación del régimen de selección de personal que se establece tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

No aprobar las disposiciones que exigen las Leyes, cuando las mismas resultan necesarias para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, es un claro supuesto de vulneración del ordenamiento jurídico, y por ello esta Asociación ha reaccionado frente a tal incumplimiento, promoviendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el correspondiente recurso judicial, utilizando el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al afectar el citado incumplimiento de manera directa al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

La reivindicación y defensa del Estado de Derecho, asumida por esta Asociación en el ámbito de la función pública, pasa necesariamente por reclamar el control judicial frente a actuaciones del Gobierno de Aragón que desprecian la legalidad de función pública e ignoran derechos fundamentales de los ciudadanos, como sucede en el presente caso, incurriendo con ello en la inaplicación de preceptos constitucionales que en modo alguno pueden desconocer los poderes públicos.

Creemos que, sin perjuicio del control jurisdiccional de la inactividad normativa del Gobierno de Aragón, corresponde al máximo responsable de dicho órgano velar para que todos sus miembros se atengan de manera estricta a aquellas normas cuyo fin es asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aplicando en caso contrario las consecuencias previstas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la función pública y buen gobierno, en cuyo artículo 29 se tipifica como infracción muy grave el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, supuesto en el que ha de entenderse incursa toda actuación que suponga una directa vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la norma constitucional, como es el caso del derecho de acceso a la función pública.

Ningún poder público puede desconocer la obligación de preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos, exigencia que vienen desatendiendo sin embargo tanto el Consejero de Hacienda y Administración Pública como el propio Gobierno de Aragón en su conjunto, lo que nos obliga a apelar una vez más a los órganos jurisdiccionales para que amparen el derecho vulnerado.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”