Quien
incumple una sentencia dictada en amparo judicial de un derecho fundamental –como
es el derecho de acceso a la función pública- vuelve a vulnerar el derecho amparado
por la sentencia, y viene además a menoscabar el derecho de tutela judicial efectiva,
incurriendo en el desconocimiento de la obligación constitucional de cumplir
las sentencias y demás resoluciones firmes de los Juzgados y Tribunales,
señalada en el artículo 118 de la Constitución Española.
Esto es lo que ocurre, a nuestro
juicio, con el Decreto
8/2015, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba una Oferta
adicional a las Ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011 en los
ámbitos de Administración General y de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El Gobierno de Aragón viene demostrando de manera
reiterada su resistencia a cumplir la ley y a dar cumplimiento a las sentencias
judiciales dictadas en amparo del derecho fundamental de acceso a la función pública.
Por ello se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por
sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Por
ello se consideraron insuficientes e incompletas, por el propio TSJA, las
Ofertas complementarias a las anuladas de 2007 y 2011. Y por ello, entendemos,
deberá corregirse y sancionarse el nuevo incumplimiento que supone el reciente
Decreto 8/2015, de 27 de enero. Ya no nos encontramos ante supuestos “errores
informáticos”, sino ante la deliberada voluntad de no incluir en oferta pública
las plazas de personal docente no universitario ocupadas por personal interino
a 31 de diciembre de 2010.
Como Asociación, no podemos aceptar que el Gobierno
de Aragón, en un ejercicio de desobediencia a las resoluciones judiciales y de
desprecio al derecho fundamental de los ciudadanos afectados, vacíe de
contenido una sentencia y, en lugar de restaurar el derecho vulnerado, mantenga
y reafirme dicha vulneración, con evidente burla a todas las reglas del Estado
de Derecho.
Por ello, nos dirigiremos al Tribunal Superior de
Justicia de Aragón para entender que el Gobierno de Aragón, con la aprobación
del Decreto 8/2015, ha incurrido –o reincidido- en un deliberado incumplimiento
de las resoluciones judiciales del citado Tribunal, prolongando con ello la
lesión del derecho fundamental de acceso a la función pública que quiso reparar
la sentencia de 10 de febrero de 2012, por la que se anuló la Oferta de Empleo Público de
2011. Solicitaremos igualmente ante el Ministerio Fiscal que se depuren las
responsabilidades en que se haya podido incurrir por el Gobierno de Aragón y
otros altos cargos de la
Administración por la actitud y decisiones adoptadas en el
proceso de ejecución de sentencia, obstruyendo de manera reiterada la realización
de derechos fundamentales de los ciudadanos.
No obstante, y creyendo que el Gobierno de Aragón tiene
la posibilidad de corregir el Decreto de oferta adicional aprobado, evitando
las consecuencias jurídicas que puedan derivarse del incumplimiento de
sentencia en el que se ha incurrido, nos hemos dirigido a la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para reclamarle dicha corrección, con la
indicación de que, en el caso de no producirse, reclamaremos las oportunas
sanciones jurídicas para quienes sean responsables de dicha actuación contraria
a los derechos fundamentales de los ciudadanos y, consiguientemente, al
ordenamiento constitucional.
Se reproduce a continuación el escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno
de Aragón:
“Excma.
Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón
Gobierno
de Aragón
Edificio
Pignatelli
Paseo
de María Agustín, 36
50071-ZARAGOZA
Zaragoza,
3 de febrero de 2015.
Estimada
señora:
El
Gobierno de Aragón fue requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
mediante providencias de 27 de noviembre y 1 de diciembre de 2014, para aprobar
en el plazo de tres meses nueva oferta complementaria a las aprobadas mediante
Decretos 22/2014 y 24/2014, en ejecución de las sentencia firmes del Tribunal
Supremo y del propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón por las que se
anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, al entender que los
citados Decretos aprobados por su Gobierno no incluían la totalidad de las
plazas vacantes a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010,
respectivamente, por lo que no daban ejecución adecuada a las sentencias
dictadas.
Se ha publicado en el Boletín
Oficial de Aragón el Decreto 8/2015, de
27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba una Oferta adicional
a las Ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011 en los ámbitos
de Administración General y de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Con dicho Decreto se pretende dar por atendidos los
requerimientos formulados por las señaladas providencias del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, algo que en modo alguno puede ser aceptado por esta
Asociación, dado que el número de plazas correspondientes a personal docente no
universitario resulta irrisorio –al incluirse una única plaza del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria- y viene a desconocer nuevamente de manera
manifiesta la sentencia del Tribunal, que obligaría a incluir en la oferta
complementaria la totalidad de las vacantes del Cuerpo de Maestros ocupadas por
interinos a 31 de diciembre de 2010, cuyo número supera el millar de plazas, de
acuerdo con la información contenida en el informe especial sobre el empleo
público en la
Administración autonómica aragonesa, emitido en diciembre de
2012 por el Justicia de Aragón con datos correspondientes al curso escolar
2011/2012.
Entendemos que la aprobación del nuevo Decreto
8/2015 incurre no solo en un incumplimiento material de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, vista la reiterada resistencia a
incorporar las correspondientes plazas del Cuerpo de Maestros, sino también en
una evidente contradicción con el contenido del Decreto-ley 1/2004, de 9 de
enero, aprobado por el Gobierno de Aragón en su día para dar seguridad jurídica
al conjunto del proceso de ejecución de las sentencias y al desarrollo de los
procesos selectivos derivados de las mismas.
Las providencias del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón no solo han puesto de manifiesto la insuficiencia de los Decretos de
oferta complementaria aprobados el 18 de febrero de 2014 por el Gobierno de
Aragón, sino también la clara inadecuación a las mismas del citado Decreto-ley,
cuyo contenido contradice abiertamente las sentencias que pretende ejecutar,
especialmente en lo que concierne al personal docente no universitario.
En consecuencia, entendemos que la correcta
ejecución de las diferentes resoluciones judiciales del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón recaídas en este proceso –sentencia, autos de ejecución
forzosa y posteriores providencias- obliga al Gobierno de Aragón a modificar el
Decreto-ley 1/2014, con el fin de evitar que los Decretos de oferta
complementaria ahora aprobados entren en contradicción con lo establecido en
dicha norma, de superior rango jerárquico. En particular, corresponde modificar
las cifras relativas a personal docente no universitario, para reflejar en él
la totalidad de plazas vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de
2010 correspondientes al Cuerpo de Maestros, procediendo seguidamente a aprobar
un nuevo Decreto de oferta complementaria con dichas plazas.
Deseamos señalarle, en todo caso, que esta
Asociación estima que el Decreto 8/2015, del Gobierno de Aragón, contraviene
abiertamente las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, y que por ello, salvo rectificación oportuna por parte del Ejecutivo
autonómico, nos veremos en la obligación de ejercer las acciones legales
disponibles tanto para obtener la ampliación de la Oferta complementaria
aprobada como para exigir las responsabilidades legales en que se hayan podido
incurrir los miembros del Gobierno de
Aragón y otros altos cargos de la Administración en el actual proceso de ejecución
de sentencia, al desvirtuarse deliberadamente el alcance del fallo judicial.
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un
atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
1 comentario:
Este tipo de actuaciones por parte de los gobiernos y administraciones sólo se acabará cuando los jueces empiecen a meter a los responsables en la cárcel. Entonces sí se lo pensaran dos veces antes de actuar como actuan.
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