INACEPTABLE DECRETO DE OFERTA ADICIONAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: ESCRITO A LA PRESIDENTA RECLAMANDO UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES.

Quien incumple una sentencia dictada en amparo judicial de un derecho fundamental –como es el derecho de acceso a la función pública- vuelve a vulnerar el derecho amparado por la sentencia, y viene además a menoscabar el derecho de tutela judicial efectiva, incurriendo en el desconocimiento de la obligación constitucional de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Juzgados y Tribunales, señalada en el artículo 118 de la Constitución Española.

Esto es lo que ocurre, a nuestro juicio, con el Decreto 8/2015, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba una Oferta adicional a las Ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011 en los ámbitos de Administración General y de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

El Gobierno de Aragón viene demostrando de manera reiterada su resistencia a cumplir la ley y a dar cumplimiento a las sentencias judiciales dictadas en amparo del derecho fundamental de acceso a la función pública. Por ello se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Por ello se consideraron insuficientes e incompletas, por el propio TSJA, las Ofertas complementarias a las anuladas de 2007 y 2011. Y por ello, entendemos, deberá corregirse y sancionarse el nuevo incumplimiento que supone el reciente Decreto 8/2015, de 27 de enero. Ya no nos encontramos ante supuestos “errores informáticos”, sino ante la deliberada voluntad de no incluir en oferta pública las plazas de personal docente no universitario ocupadas por personal interino a 31 de diciembre de 2010.

 

Como Asociación, no podemos aceptar que el Gobierno de Aragón, en un ejercicio de desobediencia a las resoluciones judiciales y de desprecio al derecho fundamental de los ciudadanos afectados, vacíe de contenido una sentencia y, en lugar de restaurar el derecho vulnerado, mantenga y reafirme dicha vulneración, con evidente burla a todas las reglas del Estado de Derecho.

 

Por ello, nos dirigiremos al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para entender que el Gobierno de Aragón, con la aprobación del Decreto 8/2015, ha incurrido –o reincidido- en un deliberado incumplimiento de las resoluciones judiciales del citado Tribunal, prolongando con ello la lesión del derecho fundamental de acceso a la función pública que quiso reparar la sentencia de 10 de febrero de 2012, por la que se anuló la Oferta de Empleo Público de 2011. Solicitaremos igualmente ante el Ministerio Fiscal que se depuren las responsabilidades en que se haya podido incurrir por el Gobierno de Aragón y otros altos cargos de la Administración por la actitud y decisiones adoptadas en el proceso de ejecución de sentencia, obstruyendo de manera reiterada la realización de derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

No obstante, y creyendo que el Gobierno de Aragón tiene la posibilidad de corregir el Decreto de oferta adicional aprobado, evitando las consecuencias jurídicas que puedan derivarse del incumplimiento de sentencia en el que se ha incurrido, nos hemos dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para reclamarle dicha corrección, con la indicación de que, en el caso de no producirse, reclamaremos las oportunas sanciones jurídicas para quienes sean responsables de dicha actuación contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos y, consiguientemente, al ordenamiento constitucional.

 

Se reproduce a continuación el escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

 

“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Paseo de María Agustín, 36

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 3 de febrero de 2015.

Estimada señora:

El Gobierno de Aragón fue requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante providencias de 27 de noviembre y 1 de diciembre de 2014, para aprobar en el plazo de tres meses nueva oferta complementaria a las aprobadas mediante Decretos 22/2014 y 24/2014, en ejecución de las sentencia firmes del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, al entender que los citados Decretos aprobados por su Gobierno no incluían la totalidad de las plazas vacantes a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente, por lo que no daban ejecución adecuada a las sentencias dictadas.

Se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto 8/2015, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba una Oferta adicional a las Ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011 en los ámbitos de Administración General y de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Con dicho Decreto se pretende dar por atendidos los requerimientos formulados por las señaladas providencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, algo que en modo alguno puede ser aceptado por esta Asociación, dado que el número de plazas correspondientes a personal docente no universitario resulta irrisorio –al incluirse una única plaza del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria- y viene a desconocer nuevamente de manera manifiesta la sentencia del Tribunal, que obligaría a incluir en la oferta complementaria la totalidad de las vacantes del Cuerpo de Maestros ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010, cuyo número supera el millar de plazas, de acuerdo con la información contenida en el informe especial sobre el empleo público en la Administración autonómica aragonesa, emitido en diciembre de 2012 por el Justicia de Aragón con datos correspondientes al curso escolar 2011/2012.

 

Entendemos que la aprobación del nuevo Decreto 8/2015 incurre no solo en un incumplimiento material de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, vista la reiterada resistencia a incorporar las correspondientes plazas del Cuerpo de Maestros, sino también en una evidente contradicción con el contenido del Decreto-ley 1/2004, de 9 de enero, aprobado por el Gobierno de Aragón en su día para dar seguridad jurídica al conjunto del proceso de ejecución de las sentencias y al desarrollo de los procesos selectivos derivados de las mismas.

 

Las providencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón no solo han puesto de manifiesto la insuficiencia de los Decretos de oferta complementaria aprobados el 18 de febrero de 2014 por el Gobierno de Aragón, sino también la clara inadecuación a las mismas del citado Decreto-ley, cuyo contenido contradice abiertamente las sentencias que pretende ejecutar, especialmente en lo que concierne al personal docente no universitario. 

 

En consecuencia, entendemos que la correcta ejecución de las diferentes resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón recaídas en este proceso –sentencia, autos de ejecución forzosa y posteriores providencias- obliga al Gobierno de Aragón a modificar el Decreto-ley 1/2014, con el fin de evitar que los Decretos de oferta complementaria ahora aprobados entren en contradicción con lo establecido en dicha norma, de superior rango jerárquico. En particular, corresponde modificar las cifras relativas a personal docente no universitario, para reflejar en él la totalidad de plazas vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010 correspondientes al Cuerpo de Maestros, procediendo seguidamente a aprobar un nuevo Decreto de oferta complementaria con dichas plazas.

 

Deseamos señalarle, en todo caso, que esta Asociación estima que el Decreto 8/2015, del Gobierno de Aragón, contraviene abiertamente las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y que por ello, salvo rectificación oportuna por parte del Ejecutivo autonómico, nos veremos en la obligación de ejercer las acciones legales disponibles tanto para obtener la ampliación de la Oferta complementaria aprobada como para exigir las responsabilidades legales en que se hayan podido incurrir  los miembros del Gobierno de Aragón y otros altos cargos de la Administración en el actual proceso de ejecución de sentencia, al desvirtuarse deliberadamente el alcance del fallo judicial.

 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento saludo.

 

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”