EL CONTROL INCÓMODO, PERO INDISPENSABLE.

Todos demandan más control sobre la gestión pública, y más transparencia, pues ésta tiene también un efecto indirecto de control, derivado de la publicidad dada a una parte importante de la actividad administrativa, de su exposición ante cualquier persona interesada en conocer o en poder controlar una determinada parcela de la acción pública. Es evidente que se van dando pasos relativamente importantes en esta dirección, aunque de manera muy desigual. Como ejemplo, tenemos el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, al que deberemos dedicar un comentario detallado en próximas fechas.

Pero el control exige profesionalidad y rigor en su ejercicio, claridad y agilidad en sus resultados y conclusiones, y sobre todo efectividad, es decir, ha de tener efectos reales de corrección de las deficiencias o irregularidades detectadas. La transparencia también requiere calidad de la información facilitada: un ejemplo de transparencia fallida lo tenemos en el Boletín estadístico del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyas notables deficiencias de diseño impiden que cumpla su función de dar cuenta del estado y composición de los recursos humanos de la Administración autonómica.

El control debe ir precedido de una voluntad manifiesta de los gestores públicos de rendir cuentas de su actividad, con indicación de los programas desarrollados y los recursos destinados a cada uno de ellos, y con la correspondiente evaluación de resultados. Qué se ha hecho, qué recursos se han consumido en ello, y cuáles son los objetivos alcanzados. No podemos conformarnos con un mero control de legalidad –algo que se le presume a la Administración-, sino que el control ha de ser, fundamentalmente, de eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos.

Es evidente que el control incorpora un elemento de exigencia y de incomodidad para todos los gestores y de eventual crítica a los responsables políticos, pero esa incomodidad es precisamente una de las principales virtudes de los sistemas de control. Los ciudadanos se hacen presentes a través de los órganos de control para conocer y evaluar la gestión pública, para medir resultados, para constatar la corrección de los procedimientos. Los órganos de control deben dar a conocer sus conclusiones, para que todos los ciudadanos puedan saber las condiciones en que las administraciones desempeñan sus funciones, y en el caso de detectarse graves irregularidades habrá de exigirse la sanción de los responsables.

El control es indisociable de la exigencia de responsabilidad. A través de dichos sistemas, la propia Administración se autoimpone mecanismos de vigilancia, que permitan conocer y, en su caso, sancionar actuaciones irregulares que puedan lesionar el interés general. El control, por lo tanto, no puede quedar reducido a una opinión o evaluación sin consecuencias, que pueda ser despreciada sin más por el gestor censurado, como parece pretender el máximo responsable del Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, con las descalificaciones dirigidas a los recientes informes emitidos por la Cámara de Cuentas sobre la situación financiera del Ayuntamiento. Los informes de control no son mera información, de la que se pueda desentender el gestor o responsable político. La detección de deficiencias en la gestión exige siempre una respuesta, que viene impuesta por el principio de responsabilidad.

Los controles tienen que tener consecuencias, no necesariamente sancionadoras, aunque éstas no deban descartarse cuando concurran actos evidentes de mala gestión con claro perjuicio al interés general. El control de la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la calidad de la gestión ha de suscitar, al menos, un diálogo entre los órganos de gestión y los de control para lograr una dinámica de mejora y de creciente seguridad jurídica.

Frente a ello, vemos que lo habitual es que los informes de los órganos de control tengan más difusión en los medios de comunicación como elemento de lucha política que análisis en las administraciones controladas para revisar y, en su caso, mejorar las prácticas deficientes de gestión detectadas y señaladas. El control de los procesos es una pieza esencial de toda política de calidad, y esa debiera ser la primera finalidad perseguida por los órganos de control de la gestión pública, aunque ello, lógicamente, requiere que los gestores censurados estén dispuestos a considerar y reconocer las deficiencias señaladas y a comprometerse en su superación y mejora. En este terreno creemos que está todo por hacer, pues no es infrecuente que las deficiencias se señalen año tras año sin que nada cambie, sin que nada se haga para su corrección.

Pese a ello, pese a la incomodidad, e incluso pese a la inutilidad que algunos equivocadamente le achacan, el control resulta indispensable para quienes seguimos considerando que una democracia lo es cuando el ejercicio del poder –también la actividad de los gestores públicos queda aquí comprendida- está sujeto a controles y frenos que permiten conocer y sancionar los posibles abusos cometidos.