COMPARECENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN (II).

Continuamos, en la presente nota, con la reproducción del documento que servirá de base a la intervención del Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, en la intervención prevista para esta mañana ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón:

RECUPERAR EL SENTIDO DE LA LEGALIDAD.

Desearíamos empezar nuestra aproximación al Proyecto de Ley de Función Pública con una breve, pero indispensable, reflexión sobre el sentido de la ley, sobre la razón de legislar, sin otra pretensión que la de tratar de dar sentido a lo que diremos en esta comparecencia.

Necesariamente, hablamos del sentido de la ley dentro de nuestro modelo constitucional de Estado de Derecho, cuya esencia es el principio de legalidad, el sometimiento a la ley de poderes públicos y de ciudadanos.

La Ley no se agota en su aprobación. Las leyes se aprueban para ser aplicadas, pues el respeto a la ley se concreta en su correcta ejecución, en la garantía de su eficacia para ordenar la realidad sobre la que se proyecta.

La función pública es un ámbito en el que, debemos apuntarlo, la crisis del respeto a la legalidad ha sido manifiesta: en materia de acceso, en materia de provisión de puestos, en materia de retribuciones. De todo ello hemos tratado de ocuparnos desde nuestra Asociación a lo largo de siete años de actividad y de todo ello hemos tenido permanentemente informados a los Grupos Parlamentarios de estas Cortes.

La crisis del respeto a la legalidad, sin embargo, no se resuelve cambiando una ley por otra, pues al incumplimiento de la anterior puede suceder el incumplimiento de la nueva. Esa crisis ha de resolverse con un cambio de actitud radical en quien está llamado a aplicar las normas, y ese cambio de actitud, lamentamos señalarlo, no lo hemos percibido en el Gobierno actual, de quien procede el Proyecto de Ley de Función Pública.

Por lo tanto, y nos gustaría subrayar esta idea, cambiar una Ley sin superar inercias y hábitos de incumplimiento de la legalidad es, en el mejor de los casos, un simple ejercicio de distracción.

NECESIDAD DE UN MARCO GENERAL DE REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES.

Dicho lo anterior, querríamos igualmente destacar que la reforma de la función pública trasciende, necesariamente, al estricto régimen de personal de la Administración. Ésta debería ir acompañada, a nuestro juicio, de otras reformas que permitan revisar en su conjunto la gestión pública. Ese marco global está ausente, sin embargo, en el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón.

Es cierto que las Cortes de Aragón aprobaron una Ley de Calidad de los Servicios Públicos y que el Gobierno de Aragón trabaja, a su vez, en un Proyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, pero cada una de esas normas o proyectos normativos parecen piezas sueltas sin el ensamblaje necesario para conformar una Administración y un modelo de gestión pública capaces de afrontar las demandas y los desafíos de nuestra sociedad.

La reforma de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma habría de abordarse conjugando perspectivas distintas, como son la calidad, la función pública, la transparencia, la racionalización y la eficiencia, y, desde luego, la prevención de la corrupción. Todo ello debiera confluir en la reforma de la vigente Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado en el año 2001, y cuyas medidas de racionalización de procedimientos y programación de la gestión, como pueden ser los manuales de procedimiento o las auditorías administrativas, permanecen todavía inéditas.

Esta visión de conjunto no se encuentra en la memoria que –sin fecha y sin firma- acompaña al Proyecto de Ley ni en su exposición de motivos.

Una vez realizadas estas dos observaciones preliminares, sobre la necesaria recuperación del sentido de la legalidad y la obligada visión de conjunto de la Administración a la que sirve la función pública, vamos a tratar de razonar si el modelo de función pública que se plantea en el Proyecto de Ley aprobado permite o no avanzar en la profesionalización de la función pública –el reto mayor que tenemos en este momento- y si cuenta con los estudios económicos suficientes para asegurar la viabilidad de las medidas que incluye.