NECESARIO DEBATE SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

En los próximos días, esta Asociación formalizará su recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que aprobó la Oferta de Empleo Público para 2014 correspondiente a la Administración General del Estado. Con ello, una vez más, pretendemos poner en cuestión el incumplimiento de los poderes públicos en materia de acceso a la función pública, al no ajustar las ofertas aprobadas a los términos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, a través del cual se da desarrollo al derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Sobre el necesario respeto al régimen de acceso a la función pública, a lo largo del último año nos hemos dirigido al Gobierno de España, a las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo, pidiendo la modificación de la, a nuestro juicio, irregular y equivocada técnica de las tasas de reposición de efectivos, que debieran limitar sus efectos a la dimensión o volumen del empleo público, sin bloquear el regular procedimiento de selección del personal funcionario de todas las Administraciones Públicas. Nuestros argumentos no han sido compartidos, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 no modificó sus previsiones ni fue llevada por ninguna de las instituciones a las que nos dirigimos –como eran el Defensor del Pueblo y los diferentes Parlamentos autonómicos- ante el Tribunal Constitucional, por vulneración del contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública.

Nos vemos por ello obligados a plantear por nuestros propios medios y en solitario, sin que ninguna otra asociación de funcionarios a la que hemos invitado a compartir la iniciativa haya optado por respaldar nuestro llamamiento, la defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública ante el Tribunal Supremo –al que corresponde revisar la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado- y posteriormente, si fuera preciso, ante el Tribunal Constitucional, con el empeño de que las tasas de reposición dejen de ser una técnica aplicable a la limitación o suspensión de un derecho fundamental de los ciudadanos.

Las garantías de éxito son inciertas, y ese hecho es lo que a alguna entidad le ha llevado a no sumarse a nuestra propuesta, pero no es posible renunciar a la defensa de un derecho fundamental tan esencial para la función pública como es el acceso de los ciudadanos en condiciones de igualdad, visto el incomprensible comportamiento de Gobiernos y Administraciones a la hora de aprobar y ejecutar las ofertas de empleo público que impone el ordenamiento jurídico.

Buscaremos nuestras mejores razones jurídicas para tratar de obtener del Tribunal Supremo un pronunciamiento similar al que ya logramos en 2010, con la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón en 2007, sentencia que supuso un hito en la jurisprudencia en materia de acceso a la función pública, pero que, posteriormente, no parece haber tenido continuidad. De ahí la necesidad de reiniciar el esfuerzo para un nuevo pronunciamiento del Alto Tribunal, que permita devolver al derecho fundamental toda la fuerza vinculante que le otorga la Constitución Española y que ningún poder público puede desconocer.